Opinion | 25 Ene En las últimas horas se supo que el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) instó a las policlínicas y hospitales del país a realizar un mejor control del gasto, en tanto surge la necesidad de adoptar medidas a raíz de las evaluaciones de gestión económica.
Paralelamente, advirtió a los centros que cerraron con déficit que no se compensará desde el nivel central, sino que cada unidad ejecutora deberá presentar un plan de trabajo para recuperar ese dinero, “sin afectar la atención” de los usuarios “y priorizando el buen uso de los recursos materiales y humanos”, reza la resolución.
El organismo prohíbe “nuevas contrataciones de recursos humanos a través de Gastos de Funcionamiento”, obliga a “revisar las contrataciones actualmente vigentes en un plazo de 90 días, con objeto de su eliminación”, rechaza la compra de fármacos que no se encuentren incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos y considera una falta administrativa “la apertura de cualquier nuevo servicio” que no cuente con la habilitación de la Gerencia General.
El plan de trabajo para este año fortalece a la Unidad de Control del Gasto, con un análisis mensual de cada unidad ejecutora, y de la Unidad Central de Compras que defina el plan de ahorro realizado durante el año pasado. Asimismo, reclama que el plan para compensar el déficit generado sea presentado en un plazo de 45 días, que finalizará en febrero si se toma en cuenta que la resolución corresponde al 28 de diciembre. Sin embargo, a pesar de la existencia de unas 400 unidades ejecutoras –entre hospitales y sanatorios-- no se aclara cuáles centros de atención deberán cumplir con estos requisitos.
En julio del año pasado, durante la presentación de la información basada en la Rendición de Cuentas 2015 elevada al Parlamento, la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, adelantó que se mantenían las inversiones en obras y equipamiento previstas para el año pasado, se mantenían los convenios con los trabajadores y se resolvió posponer los proyectos que incluían nuevos recursos humanos para 2018.
En aquel momento, Muñiz dijo que la coyuntura “exige mucho más profesionalización de la gestión y cohesión institucional” y pidió a los directores “mucha cautela con el gasto. Mucho control, no vamos a dejar de asistir a nadie, pero debemos ser cautelosos”.
Paralelamente, las realidades que atraviesan algunos centros de atención son complejas. Como el Hospital de Clínicas, cuya comisión directiva elaboró un informe que detalla los gastos de funcionamiento que requiere y las limitaciones existentes en las proyecciones que se calculan a pocos meses. La Universidad de la República reorienta los recursos hacia un plan de contingencia, al tiempo que se disminuyen las cantidad de camas y se cierran salas que no garantizaban una correcta atención a los pacientes. Es decir que el centro hospitalario de referencia, que a nivel nacional forma profesionales junto a las unidades instaladas en el interior, no ha logrado revertir una situación que se plantea complicada desde hace varios años, ni cambiar su realidad en una planta física que reclama reformas urgentes, la situación laboral de sus funcionarios y la imprescindible formación de recursos humanos.
De hecho, el orden no docente de dicho hospital advirtió que la problemática se extendería hasta que ingresaran las partidas presupuestales que corresponden a 2017 y denunció el “trato despectivo” y “discriminatorio” del ministerio de Economía hacia el Clínicas. En medio de estas cuestiones, ASSE tampoco logró explicar de manera satisfactoria un pedido de informes del diputado nacionalista, Martín Lema, basado en denuncias sobre contratos dudosos de servicios específicos.
Por ejemplo, el hospital de Las Piedras que gastó U$S 2.354.770 en contrato de ambulancias en 2015, si se compara con unos 218.000 dólares al inicio del Sistema Nacional Integrado de Salud, de acuerdo con la información contenida en el Sistema Integrado de Información Financiera.
A todo esto, el fiscal en Crimen Organizado, Carlos Negro, solicitó a la justicia el año pasado la apertura de una investigación por el incremento en el gasto de ambulancias por ASSE. Y no es la primera vez que ocurre, si se toma en cuenta los procesamientos por sobrefactuaciones y coimas con empresas tercerizadas al exdirector de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, y al dirigente sindical Heber Texeira, en el marco de una situación que la Federación de funcionarios de Salud Pública decidió hacer “borrón y cuenta nueva” sin extender mayores investigaciones.
Al caso de Las Piedras se suma el Hospital de Bella Unión, que multiplicó por 20 su gasto en ambulancias tercerizadas desde 2013, con una empresa propiedad de dos directores del Hospital Pereira Rosell y uno del Hospital de Salto. O el gasto en alquiler de camas de CTI que se triplicó entre 2008 y 2015, desde U$S 7,5 millones a U$S 19,5 millones, según datos que surgen de otro pedido de informes de Lema.
Pero no es nuevo ni en ASSE ni en otros organismos las demoras que se registran al momento de responder a los pedidos de informes que se elevan desde la cámara de representantes y esto se hizo notar en las votaciones unánimes –con el Senado incluido-- de los planteos que remiten los legisladores de la oposición. Ocurre que el control parlamentario es el respaldo de la democracia y el funcionamiento de una república, acorde a la transparencia que debe regir en las sociedades modernas. Y un ejemplo de esa molestia se observó cuando el Senado envió una nota al directorio de ASSE en reclamo de respuestas concretas a un pedido de informes presentado por Pablo Mieres, donde además reivindicaron los fueros parlamentarios en su derecho a exigir información al mencionado organismo. El legislador que representa al Partido Independiente había consultado en mayo la experiencia y el nivel académico necesario para ser director de un centro de salud, los cargos que se cubren por concursos, las designaciones directas y los criterios que se utilizan. ASSE envió en setiembre un listado de los hospitales y sus directores, motivando el enojo del parlamentario y el apoyo de otros legisladores, como el caso de Ernesto Agazzi. Ahora Lema anunció que convocará al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, a la comisión permanente para que responda por el déficit de algunos hospitales durante 2016.
Es que “dejar hacer y dejar pasar” tiene sus costos políticos y económicos. El gran dilema que aún no se resuelve es la consecuencia que estos costos tienen sobre los usuarios, que además –y por encima de todo-- son los contribuyentes para que el sistema funcione adecuadamente y los atienda sin limitaciones.