Nacionales | 27 Ene Mientras el gobierno y UPM negocian ante la posibilidad de la construcción de una nueva planta de celulosa en nuestro país, en las últimas horas la empresa finlandesa salió a aclarar en un comunicado que, por el momento, las negociaciones realizadas son solo una fase del proceso.
En la página web de la empresa se indica que "UPM comenta especulaciones de mercado sobre una supuesta inversión en planta de celulosa en Uruguay” y “declara que no está involucrada en negociaciones sobre una inversión en planta de celulosa con el gobierno uruguayo”.
El comunicado agrega que "la compañía está considerando perspectivas y prerrequisitos para el desarrollo a largo plazo en Uruguay; […] actualmente, UPM mantiene conversaciones con el gobierno de Uruguay sobre el desarrollo de infraestructura" y destaca que "las conversaciones" con el gobierno uruguayo "han tenido un espíritu positivo".
La empresa evalúa que el inicio de cualquier proyecto de inversión "relativo a una planta de celulosa potencial" requeriría que se cumplan varios requisitos, entre ellos, “una conclusión positiva de las negociaciones" sobre "el desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, en la actualidad, el debate no se ha concluido y una serie de cuestiones siguen pendientes", indican.
La postura “conservadora” de UPM contrasta con visiones más optimistas del gobierno, desde que la posible instalación de la tercera planta de celulosa en el centro de Uruguay no solo ha sido tomada como una gran noticia por el Poder Ejecutivo, sino que es un desafío para potenciar diferentes sectores y uno de los claves es el ferrocarril.
La empresa finlandesa pretende transportar 2 millones de toneladas de celulosa desde la planta de Paso de los Toros hacia el puerto de Montevideo por ferrocarril. Para eso, el gobierno deberá remodelar todas las vías férreas y adquirir nuevos trenes y vagones. La inversión es grande.
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, está saliendo al exterior para atraer capitales extranjeros con ese fin. "Sería una verdadera torpeza ponernos el límite de transportar solo celulosa", dijo el ministro de Transporte, Víctor Rossi, al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, según comentó el jerarca comunal a El País.
El intendente de Canelones, junto con su par de Montevideo, Daniel Martínez, se reunió con el presidente Vázquez el martes por la mañana. Allí le presentaron una propuesta para evitar que el funcionamiento del tren impacte sobre las ciudades más pobladas.
Vázquez le comentó a los intendentes que el gobierno está buscando capitalizar la llegada del tren para transportar otras materias primas y lograr de esa forma descongestionar las rutas.

MILITARES COBRAN JUBILACIONES DE MÁS DE $ 100 MIL
Militares retirados procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cobran jubilaciones de más de $100.000, según informa el semanario Búsqueda, que indica que Gregorio Álvarez, por ejemplo, cobró hasta su muerte una jubilación de $172.647.
El semanario publica las cifras exactas que el Ministerio de Defensa reveló sobre la jubilación de seis militares que se encuentran en la situación mencionada: la pasividad más alta era la de Álvarez, luego le siguen las de Jorge Silveira, José Araújo Umpiérrez y Juan Carlos Gómez, que recibieron $128.744, $118.278 y $112.744 respectivamente. José Gavazzo cobra una jubilación de $68.348. La pasividad de Ernesto Soca es de $24.245.
No fueron reveladas las jubilaciones de Carlos Calcagno ni de José Nelson Chialanza porque ya habían fallecido en el momento en que se solicitó la información. Búsqueda accedió a estos datos luego de un pedido de informes realizado el año pasado, en el que solicitaba detalles sobre si ocho militares recibían algún tipo de pasividad, de cuánto eran y si el ministerio había recortado, suprimido o modificado en algo dichos ingresos.
La cartera respondió que las retribuciones "no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas". La cartera tiene la posibilidad de convocar al Tribunal de Honor para que juzgue el accionar de los oficiales retirados. Es lo que sucede también en otros organismos estatales: el semanario pone el ejemplo, citando al Ministerio del Interior, de que cuando un policía retirado es procesado, se le suspende la jubilación automáticamente.

SERVICIOS CON DÉFICIT
El presidente Tabaré Vázaquez adoptó la decisión política de reducir los déficits de las empresas del Estado, entre otros organismos y, según observadores, lo hace en cumplimiento de una de las primeras medidas anunciadas en su segundo mandato de "ajustar el cinturón". Junto al ministro de Economía, Danilo Astori, fue diseñada una estrategia para detectar los sectores donde se podía evitar gastos superfluos.
Primero fueron los viajes al exterior, después la publicidad oficial y continuaron —un poco más a fondo— ingresando en las empresas públicas. La intención era poner "la casa en orden", después de un período de gobierno donde el gasto se había incrementado significativamente y ahora avanzaron un poco más y solicitaron —a través de la Administración Nacional de Servicios de Salud (ASSE)— que los hospitales y policlínicas tomen medidas para recuperar el déficit que generaron en 2016.
Dos fuentes del Ejecutivo y una de ASSE dijeron a El País que la necesidad de ajustar las cuentas en los hospitales y policlínicas fue un pedido del Ministerio de Economía en coordinación con el presidente Vázquez. Una de las fuentes apuntó que el ministro Astori advirtió a ASSE de los altos déficits en varios hospitales tras el balance de 2015.
Sin embargo, al ver que la situación no cambió y que en 2016 varios centros de salud gastaron más dinero del presupuesto asignado, las autoridades decidieron tomar determinaciones más drásticas.
Una resolución del 28 de diciembre del directorio de ASSE enumera una serie de medidas que, manifiesta, "permitirán mejorar la gestión económica financiera institucional, sin afectar la atención" de los usuarios, “priorizando el buen uso de los recursos materiales y humanos".
De esta manera, ASSE prohíbe a los hospitales "hacer nuevas contrataciones de recursos humanos a través de gastos de funcionamiento" y señala que "se deberá revisar las contrataciones actualmente vigentes en un plazo de 90 días, con objeto de su eliminación".
También los insta a generar un plan de ahorro que deberán presentar obligatoriamente a las autoridades de ASSE, para recaudar los montos perdidos en 2016.
Fuentes del sector dijeron que el Ministerio de Economía está "mirando con lupa" lo que pasa en los hospitales públicos y que hará un seguimiento de la situación.
Otro de los casos que preocupa al Poder Ejecutivo es el déficit del Banco de Previsión Social (BPS). El director en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo a El País que el organismo no tiene suficiente margen de maniobra como para poder controlar el déficit, pues la mayoría se debe a gastos ineludibles.
"Hay cosas en el BPS que no se pueden tocar, porque no se puede dejar de pagar las prestaciones. El 83%, por ejemplo, es para pagar las pasividades. Es algo ineludible", insistió Ruiz.