Opinion | 30 Ene La cosecha anual de tomates y morrones de los productores que residen en la zona de La Armonía, sobre la Ruta 33, quedó totalmente arruinada luego de regarla con agua contaminada por un fuerte herbicida.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, tiene “la sensación de que con una multa o denuncia penal no terminamos de resolver esto, por lo cual creo que si no vamos hasta el hueso y cortamos de raíz este tipo de problemas, no estaremos tranquilos”.
Aunque aguardan los resultados de las muestras que se analizan en laboratorios, se estima que el agua utilizada para el riego resultó contaminada por un potente agroquímico que provocó quemaduras extrañas en las hojas. En esa zona, un productor argentino plantó maíz y soja en unas 200 hectáreas y aunque no se ha responsabilizado al propietario del predio, se calcula que el herbicida utilizado para estos productos genéticamente modificados es Imazetapir.
En todo caso, la problemática perjudicó a pequeños productores familiares que perdieron su cosecha anual a raíz de una forma de producir que requiere resistencia a los químicos, más allá de las cuestiones filosóficas que ponen blanco sobre negro. Y también se vuelve necesaria la respuesta a una pregunta efectuada por el intendente canario, tras cuestionar la posibilidad de mantener una convivencia entre la producción familiar y tradicional con las nuevas modalidades del agronegocio.
El sector granjero ha quedado expuesto a una tendencia global y --tanto en esa zona como en otras-- ha resuelto entregar sus campos a otros cultivos más centralizados y extranjerizantes, que refuerzan un éxodo a las ciudades bajo una nueva planificación de la economía familiar. Es que la mayor frustración radica en la renta menguada que obtienen por su trabajo y la comparación con el alto valor que tiene su tierra, por tanto pesará sobre las decisiones de abandonar lo que probablemente haya sido un bien legado desde varias generaciones.
A esto se sumarán, claro, las necesidades en infraestructura o caminería que se observan a lo largo y ancho del territorio, en tanto el “apagón logístico” tarda en llegar y algunas situaciones apremian. O la incapacidad de competir ante los productos importados o dificultades para colocar la producción en los mercados externos.
El intendente Orsi adelantó que la discusión basada en la problemática granjera se dará este año con el Plan de Ordenamiento del Medio Rural de Canelones y comprometió el apoyo de la Intendencia, los organismos involucrados en la Dirección Nacional de Medio Ambiente y los ministerios de Ganadería y Salud a los productores damnificados.
El asunto es que este herbicida quemó plantas y vegetación en el arroyo Tabárez, que es afluente del arroyo Canelón Chico y que, a su vez, desemboca en el río Santa Lucía, por lo tanto, las investigaciones deberían extenderse hasta dilucidar si hubo contaminación del agua para consumo humano porque –de ser así-- se presentaría nuevamente un caso gravísimo.
Y es tan grave como que un productor por día abandona su emprendimiento granjero en Uruguay, desmotivado por diversas cuestiones entre las que se encuentra la falta de resultados positivos para un sector envejecido, que no cuenta con una reposición porque a las nuevas generaciones no les seduce ver el paso del tiempo sin soluciones positivas a problemas que se reiteran.
A finales del año pasado, el Ministerio de Ganadería se comprometió a anunciar “en breve” la “prohibición en algunos casos y la restricción en otros” de la comercialización en Uruguay de “varios insecticidas y un herbicida” etiquetados como Categoría 1 por técnicos de la Universidad de la República. Esa categoría remite a productos considerados como altamente tóxicos para la salud humana, peces, abejas y medioambiente, al tiempo que cuentan en el mercado con sustitutos de “nula o baja toxicidad”.
La medida anunciada se enmarca en la política de inocuidad alimentaria impulsada por dicha secretaría de Estado, que incluso creó una Dirección Nacional de Inocuidad Alimentaria en la última ley de Presupuesto, ante un nuevo posicionamiento del país que conquistó 20 nuevos mercados en los últimos diez años. Sin embargo, en Uruguay persisten algunos desafíos a enfrentar a pesar de los intereses y, mientras pasa el tiempo para las resoluciones burocráticas, un grupo de productores residentes en una de las zonas granjeras más importantes del país padece los perjuicios provocados por cosechas anuladas y ganancias que se esfuman en momentos de dificultades.
A las pérdidas de cosechas y éxodo de productores familiares a las ciudades, se deberán sumar las modificaciones en el hábitat y comportamiento de la flora y fauna autóctona, cuyas migraciones hacia los centros poblados son la respuesta a la invasión a su lugar natural con la modificación de los suelos. O la toxicidad que presenta una fuente de agua que nutre al menos a la mitad de la población del país, como es el río Santa Lucía, sin mayores respuestas que las declaraciones públicas que anuncian “ir hasta el hueso”, pero que terminan en la multa fácil cuando la problemática se exterioriza. No obstante, el enemigo latente que subyace bajo una fina capa de la superficie muestra sus peores resultados, mientras pensamos que alcanza con incrementar los impuestos al tabaco para bajar el consumo de cigarrillo, por ejemplo.
Es que este asunto de alcance global plantea una encrucijada en los gobernantes que deben resolver el presente, sin desconocer que las consecuencias a largo plazo se manifestarán en las generaciones futuras. Se espera que, de aquí hasta 2050, aumente 60% la demanda de alimentos y la disminución de las cosechas pondría aún más en la cuerda floja a la soberanía alimentaria de los pueblos y sus economías.
Por eso conmueve la sorpresa de las autoridades cuando ocurren estos hechos, como si fuesen sucesos inesperados o absurdos ante una modalidad de producción que se transforma continuamente.