Nacionales | 30 Ene Con teléfonos celulares apagados, acceso restringido a los medios de prensa en dos jornadas de trabajo, se cumplió la primera reunión del año del gabinete con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, este fin de semana, en la estancia presidencial de Anchorena.
El mandatario convocó solo a sus ministros para planificar la agenda de trabajo para el 2017 con dos temas centrales: la estructuración del presupuesto para lo que queda del período de gobierno, y la puesta a punto de las negociaciones para poder confirmar la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM, entre otros puntos que han sido definidos como prioritarios.
Según comentó una fuente de gobierno a El País, el trabajo fue "intenso" y el presidente planteó "una ambiciosa agenda de trabajo". Vázquez abrió el encuentro realizando una valoración general de cómo ve el escenario político para el año en que el Poder Ejecutivo deberá volver a negociar presupuesto.
En la mañana del domingo los ministros continuaron el trabajo con el presidente, quien pidió especial reserva de los temas tratados para poder negociar y conversar las cosas en la interna. Los ministros viajaron juntos en un ómnibus que salió el sábado temprano desde la Torre Ejecutiva, y pasaron la noche del sábado en la estancia. El presidente transmitió a sus ministros que se trataba de una jornada exclusiva de "discusión interna" y pidió especialmente que no se informe públicamente sobre lo conversado, hasta que no se logre la "síntesis política"; en especial del tema presupuestal.
El Poder Ejecutivo deberá entregar al Parlamento el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas antes del 30 de junio. El gobierno tiene resuelto incluir refuerzos presupuestarios para la educación, el Sistema de Cuidados, la seguridad, y la vivienda, pero encara una dificultad especial, habida cuenta de que será la primera vez que deberá recurrir al apoyo de la oposición si quiere aprobar el proyecto. El Frente Amplio perdió la mayoría parlamentaria en la Cámara de Representantes cuando el diputado Gonzalo Mujica —electo por el Movimiento de Participación Popular— se declaró independiente molesto con varias decisiones del oficialismo.

ESTACIONEROS CONTRA LA TARJETA
Las gremiales empresariales de Maldonado y Rocha lamentaron los dichos de la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, quien dijo a Radio Sarandí que considera "triste, doloroso y genera preocupación" la negativa de algunas estaciones de servicio a no aceptar tarjetas de crédito.
"Tal vez la ministra no sentiría tanta tristeza si supiera que hace unos meses se modificó la renta de los estacioneros unilateralmente", dice el comunicado difundido este domingo por las gremiales a la prensa. "El gobierno no obró como lo han hecho con los sindicatos, sentándose a conversar para negociar acuerdos", continúa.
La medida de no aceptar tarjetas empezó el 1° de enero, en plena zafra de verano, por lo cual la ministra señaló que "podrían haber esperado a otro momento".
En un comunicado emitido el pasado 20 de enero por la gremial de Vendedores de Combustible de Maldonado (Vecoma), los estacioneros explican que los cambios introducidos por Ancap en el modelo de distribución los "obligó" a recortar gastos.
Entre las 22 y las 6 todas las estaciones del país tienen prohibido aceptar dinero en efectivo, por lo cual la gremial eligió la franja de horario que va desde las 6 hasta las 22 para dejar de aceptar tarjetas de crédito y débito, una medida adoptada por 20 de las 25 estaciones de servicio que operan en el departamento.
En diciembre la gremial pautó un paro de 48 horas en todas las estaciones adheridas a la Unión de Vendedores de Nafta, dado que los empresarios aseguran que estos cambios erosionan la rentabilidad de su negocio.
"Quizá el dolor de la ministra no sería tan profundo, además, si comprendiera que la implementación de la inclusión financiera también reduce la rentabilidad, porque las comisiones de las tarjetas de crédito son en Uruguay tres veces más altas que en el resto del mundo", dice el comunicado difundido este domingo.
Según el texto del 20 de enero, los estacioneros pagan a los emisores de las tarjetas $1,5 por litro de combustible, lo que, aseguran, supera el 25% de su ganancia “solo por una simple gestión electrónica”.

DÉFICIT DEL FONASA
El déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en 2016 rondó los $ 15.000 millones, lo que equivale al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y supera en más de $ 5.000 millones la previsión que había hecho el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la cual figura en la Ley de Presupuesto. La cartera previó un déficit de $ 9.500 millones para 2016, pero el dinero que sale de Rentas Generales para que el plan de salud funcione es mucho mayor al proyectado. De enero a noviembre de 2016 (todavía no se cerraron las cifras de diciembre), los números rojos implican $ 14.713 millones (esto se traducen en US$ 491,7 millones).
En setiembre, el déficit del Fonasa fue de más de $ 3.700 millones, en octubre de $ 2.300 millones y en noviembre de 1.700. Con estas cifras es de prever que se superarán los $ 15.000 millones cuando se llegue a la cifra final del año pasado, considera el análisis de El País.
Los diferencias en los cálculos del MEF con lo que luego se termina necesitando para cubrir los gastos del Fonasa no viene solo de este gobierno, sino que se arrastra al menos desde 2014, según las cifras que se manejan en la Ley de Presupuesto. Allí se señala que tanto para 2014 como para 2015 se previó que el déficit iba a ser de $ 6.048 millones; sin embargo en el primero de estos años fue de $ 8.709 millones (equivalentes a US$ 375 millones) y en el segundo $ 10.286 millones (US$ 377 millones).
El MEF también prevé que de acá a 2019 el dinero de Rentas Generales para el Fonasa sea de $ 9.500 millones por año, lo que implica un objetivo más que difícil de conseguir.
Para las autoridades de la salud el crecimiento exponencial de los números rojos del Fonasa se explica por el ingreso de nuevos colectivos al sistema. Fueron más de 53.000 los jubilados y pensionistas que ingresaron en 2015. Y más de 132.000 los que entraron en 2016. A estos hay que agregarles también sus cónyuges, que son sumados al beneficio.