Opinion | 01 Feb El Ministerio de Economía y Finanzas informó ayer que el déficit fiscal se ubicó en el 4% del Producto Bruto Interno (PBI) y marca su tendencia al alza correspondiente a 2016, para ubicarse en el índice más alto de los últimos 13 años.
El resultado primario de las empresas públicas corresponde a 1,5% del PBI y en algunos casos mostraron saldos similares al año pasado. Ese es el caso de UTE, sin embargo, Ancap demostró una caída de 0,2% del PBI por la “ganancia extraordinaria” ante la cancelación anticipada de la deuda con Pdvsa y Antel cayó 0,1%, ante un mayor pago de impuestos y menores ingresos financieros.
Los egresos del gobierno central y el Banco de Previsión Social constituyen el 27,2% de la economía y significó un aumento de 0,8% del PBI en comparación con diciembre de 2015, ante los incrementos de remuneraciones, pasividades y transferencias. Paralelamente, los ingresos se mantienen estables y las empresas públicas mostraron un resultado deficitario en líneas generales.
Ya en el primer semestre del año pasado, la calificadora de riesgo Moody's había alertado que “el empeoramiento del entorno macroeconómico, aumenta los retos” para cumplir con los objetivos fiscales y por ese entonces señalaba el déficit fiscal de 3,6% del PBI.
Ahora, ante una nueva discusión presupuestal y con un panorama de reclamos provenientes de los sindicatos públicos que solicitarán mejoras salariales e incrementos en recursos para la educación y la salud, el presidente Tabaré Vázquez se reunió con su gabinete en la estancia presidencial de Anchorena para establecer sus lineamientos orientados a las áreas prioritarias, bajo un manto de “prudencia”.
El 1º de marzo, el mandatario emitirá una cadena de radio y televisión donde explicará la dirección que tomó su gobierno para “superar las dificultades”, de acuerdo con el comunicado de Presidencia.
Por tanto, su equipo ha resuelto mantener la “prudencia, equilibrio y la convicción” de lograr las metas planteadas en el “Programa de Gobierno aprobado por la ciudadanía en las últimas elecciones nacionales”.
El documento describe que los años 2015 y 2016 fueron “complejos y difíciles”, en tanto se sortearon con “seriedad, responsabilidad, coherencia y prudencia”.
Pero Presidencia olvida a la otra pata importante de este gobierno: los sindicatos, al anunciar que van “a dar pelea” con un Presupuesto atípico y armado a dos años, con un ajuste fiscal y recortes en áreas sociales, si bien el compromiso era otro.
La denominada “consolidación fiscal”, cuyo concepto edulcorado sorprendió a propios y ajenos regiría hasta 2017, con el objetivo de mejorar las cuentas públicas y solucionar una problemática que provoca desvelos en el equipo económico. Los fondos necesarios se obtendrían de los aumentos a los aportes del IRPF y el IASS, además de una postergación de los gastos de la administración central. Y en este caso, deberá enfrentarse a la poderosa Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), cuyo líder José Lorenzo López adelantó que “será un año muy difícil”, ante “la pelea salarial vigente”.
Por su lado, el Poder Ejecutivo adelantó que está dispuesto a otorgar más dinero a las áreas educación, Sistema de Cuidados, seguridad y vivienda, de acuerdo con el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que deberá presentar antes del 30 de junio. Es decir que las áreas logísticas –como las obras públicas e inversiones estratégicas-- quedarán a expensas de privados con buena voluntad y gestiones a largo plazo que insumirán idas y vueltas, tal como ocurre con algunas rutas nacionales en mal estado, AFE o el Hospital de Clínicas, cuya esperanza se basará en la posibilidad de establecer convenios de participación público – privado.
Este año el panorama parlamentario ha variado por la situación de voto número 50, e incluso la interna de la fuerza política no tiene una posición común respecto al mensaje presidencial. De hecho, algunos sectores han manifestado la necesidad de incrementar gastos específicos y que sean financiados con nuevos impuestos, en el marco de las visiones existentes en torno al programa de gobierno, que el presidente define como “la Biblia”.
Más allá de lo que estipula “la Biblia” se encuentran las metas provenientes desde la cartera de Economía: o se cumple con la promesa electoral de reforzar presupuestalmente a determinadas áreas, o se reduce el déficit asumido ante la ciudadanía. En realidad, Astori quiere cumplir con la meta de 2,5% como máximo de desequilibrio fiscal al final del período quinquenal, o sea en 2020, y eso se presenta dificultoso de cumplir en su totalidad, porque el Ejecutivo sabe que la fuerza política presentará sus exigencias y que cada vez que perciben una leve mejoría de la economía, encuentran un buen motivo para incrementar el gasto.
Por tanto, el oficialismo deberá negociar con la oposición y la coyuntura política actual se presenta aún más compleja, a pesar de que Vázquez reclamó un mayor involucramiento del Frente Amplio en las discusiones que se avecinan. Ocurre que un déficit fiscal como este es posible en épocas de crisis, pero tras diez años de bonanza y “sin viento de cola” como se han esmerado en explicar los actores del gobierno, no se explica de otra manera sino por una mala gestión anterior, que no pertenece a la cofradía de “la herencia maldita”. No se ahorró, a pesar de obtener ingresos como nunca antes, no se invirtió en áreas relevantes sino que se dejó hacer, según el libre albedrío de los jerarcas de los entes correspondientes a cada administración en el período pasado, se generó más deuda y se constataron mayores ingresos a la función pública.
Todo lo recaudado... ¿hacia dónde se fue? ¿Y las inversiones --con “apagón logístico” mediante-- dónde se observan? Hay empresas privadas que ganan más que el Estado, y un ejemplo de eso es el cemento portland. En el caso de la planta de Paysandú, Ancap invirtió solo en 2014, un total de 55 millones de dólares y cambió el sistema de abastecimiento de energía. También compró un tercer horno, que comenzaría a construirse en 2015 y que triplicaría la producción. Aún no se ha instalado porque se requiere de una inversión millonaria y simplemente ahí quedó... sin mayores explicaciones razonables.
Es que las prioridades son básicas y similares en un país pequeño, donde su densidad poblacional no ha cambiado en las últimas décadas y las transformaciones culturales aún no se gestan con la profundidad que se requiere. Tal vez por eso, y por poco más, el 2017 sea –otra vez-- “un año difícil”.