Opinion | 06 Feb Hace algo más de un año, la Facultad de Medicina se había embarcado en un proyecto que evitara la creciente judicialización para obtener los medicamentos de alto costo en Uruguay, al tiempo que la cátedra de Farmacología y la Unidad de Bioética emitió una resolución donde destacó que la lista de medicamentos del fondo no está actualizada.
Incluso el presidente Tabaré Vázquez anunció que las recomendaciones de las cátedras médicas iban a ser determinantes para la regulación de los medicamentos de alto costo. “El recurso de amparo para la financiación de algunos medicamentos se debería limitar a situaciones muy específicas, evitando la judicialización de la indicación médica”, dice el comunicado. Asimismo propone “contribuir en la planificación de estrategias para mejorar el acceso racional y justificado de aquellos medicamentos de alto costo que hayan demostrado una adecuada relación beneficio-riesgo”.
Sin embargo, nada se cumple. Ni ha sido determinante la palabra académica, ni el presidente Vázquez ha influido en el tema, ni el Fondo actualizó la lista de medicamentos, por lo que los usuarios afectados deben continuar con la presentación de recursos de amparo para obtener fármacos específicos y de uso corriente en la Medicina moderna y global.
Un ejemplo: Cetuxinab es el fármaco para el tratamiento de un tipo de cáncer de colon por el cual se solicitan la mayor cantidad de recursos de amparo, cuando en Europa o Estados Unidos se usa desde 2004 y en 2009 la cátedra de Oncología lo incluyó en sus pautas de tratamientos. En realidad, no se trata de las definiciones catedráticas sino de los recursos disponibles, tanto del Estado como de los propios pacientes, y en este sentido es justo decir que solo lo obtendrán aquellos que pudieron llevar adelante un juicio.
El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo deberá entregar al Parlamento antes del 30 de junio tampoco ofrece garantías de que pueda llevar implícito un incremento presupuestal para estos casos, en tanto el hermetismo que atravesó a la estancia presidencial de Anchorena hace diez días, en el marco del Consejo de Ministros, ha sido rígido. Sin embargo, trascendió que educación, Sistema de Cuidados, seguridad y vivienda serán las áreas en las que el gobierno está dispuesto a aumentar el presupuesto para asumir los compromisos presentados en la campaña electoral.
Por eso, tal como lo menciona la cátedra y la Unidad de Bioética: “Se ha naturalizado la vía judicial como forma de acceso a los medicamentos de alto costo”. No obstante, los consultados no quedaron en definiciones, sino que proponen un camino de construcción de consensos con la Mesa de Diálogo sobre el Derecho a la Salud --que integran representantes judiciales, médicos, usuarios y académicos-- que se ocupe de solucionar la compleja trama de acceso a estos medicamentos.
Ahora se sumó una experiencia inédita con sentencia histórica, en tanto el Ministerio de Salud Pública deberá entregar un fármaco a una mujer de 31 años que todavía tiene posibilidades de curarse de la hepatitis C, pero que desde sus 11 años escucha la frase “no hay nada más por hacer”. En su caso particular, enfermó por negligencia asistencial y a partir del diagnóstico peregrinó junto a su familia por una diversidad de pasillos, pero todos llevaban a la misma incertidumbre y era la imposibilidad de saber si en algún momento mejoraría su calidad de vida. Lo único que aprendieron a conocer --tanto este caso como otros pertenecientes a las patologías raras-- es que la cura pertenecía a los privilegiados cuyos organismos responderían a los tratamientos con la medicación que se suministraba habitualmente (solo el 30% del total de los pacientes) o quienes tenían el dinero para un tratamiento en el exterior o la adquisición de la medicación adecuada.
Hace unos seis años que la comunidad científica desarrolla antivirales por vía oral que mejoran la vida del 90% de los usuarios y sube al 97% si se diagnostica a tiempo. Sin embargo, cada frasco cuesta U$S 28.000 y se necesitan tres, por eso ingresan dentro del círculo de los denominados “medicamentos de alto costo” y con ellos, las argumentaciones, idas, vueltas y finalmente la judicialización de algo necesario como un medicamento que genere resultados específicos en organismos ya castigados por el paso del tiempo de espera o diagnósticos desacertados.
Esta paciente, por ejemplo, debió esperar 20 años para recibir –a través de un dictamen judicial-- la buena noticia de que no todo estaba perdido y su historia clínica relata que, a pesar de padecer la enfermedad, pertenece al grupo de pacientes denominados “F1”, es decir, que su hígado no ha desarrollado un alto grado de fibrosis y tiene posibilidades de curación. No obstante, se calcula que hay entre 40.000 y 50.000 personas infectadas en el país y el 80% lo desconoce por las características de una patología que se presenta por varios años sin síntomas.
Y para que se incorpore a estos fármacos, tanto médicos como pacientes debieron movilizarse aunque resta determinar quiénes accederán, pero la hipótesis existente es que el Fondo se inclinará por los pacientes avanzados y dejaría de lado a aquellos que tienen la posibilidad de curarse. Ocurre que no es la primera vez que se subestima el caso clínico de un paciente bajo la determinación de que su gravedad no amerita un fármaco de alto costo y aunque parezca reduccionista, hace falta estar grave, en silla de ruedas o con un horizonte acotado en las posibilidades de vida para que se resuelva su determinación. Hay, claro que sí, algunas situaciones en las que la resolución arribó tras el fallecimiento del paciente que lo aguardaba. Por eso, cada vez que hablemos de igualdad y equidad debemos extender la mirada a las resoluciones que se adoptan en el marco del sistema de salud existente en Uruguay y a las edades de algunos pacientes que se encuentran en su etapa productiva o con hijos pequeños para entender –algún día-- que son necesarios porque el recambio poblacional hace mucho tiempo que permanece estático. Es imprescindible, además, en un país gobernado por un médico enviar un mensaje fuerte y claro de que cada vida importa.