Nacionales | 08 Feb Tras arribar ayer a Berlín, el presidente Tabaré Vázquez se reunirá hoy con la canciller alemana, Angela Merkel, en lo que es su primera parada de una intensa gira europea que también incluye Finlandia y Rusia. El mandatario se entrevistará con Merkel y con el presidente Joachim Gauck, además de otras autoridades de gobierno y cámaras empresariales. Tras completar la agenda en Berlín, la delegación uruguaya viajará a Hamburgo donde la agenda es primordialmente comercial y Vázquez presentará al país como una plaza segura y atractiva para realizar inversiones.
Las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea será uno de los temas en el encuentro con Merkel, teniendo en cuenta que la canciller alemana es la principal figura dentro del bloque; incluso con mayor poder de decisión que Francia. Sin embargo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo hay pocas expectativas de que se logren avances sustanciales en un tema que lleva 20 años de negociaciones.
Igualmente el canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó a medios de comunicación uruguayos en Berlín que hay “muchas posibilidades” de concretar un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. “Lo hemos sentido en varias oportunidades. La canciller Merkel y Alemania siempre se han expresado dispuestos a profundizar este tratado”, dijo Nin Novoa y agregó que “hay muchas posibilidades de que esto se concrete lo más rápido posible”, según informó Subrayado.
Los encuentros con los jefes de Estado de dos de las potencias mundiales ocurren a tres meses de que Uruguay vuelva a presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de Nacionales Unidas (ONU). En mayo de este año, Estados Unidos entregará a Uruguay la presidencia del organismo que tiene la misión de mantener la paz y seguridad internacional. Actualmente Ucrania está al frente del organismo durante febrero, y en marzo tocará a Gran Bretaña.
En tanto, la visita a Finlandia es protocolar, considerada una retribución de gentileza diplomática. A pesar de eso, el foco está puesto en el encuentro con las máximas autoridades de la empresa UPM. La firma está negociando la instalación de la segunda planta de celulosa en el centro del país. De concretarse será la inversión más grande en la historia de Uruguay.
Por otro lado, con Rusia el encuentro está marcado por la bilateral con Vladímir Putin. Pero incluso tiene otro simbolismo: un presidente uruguayo no visita ese país desde que cayó la Unión Soviética. El último fue Julio María Sanguinetti en su primer mandato.

AVIÓN DE ANCAP FUE AFECTADO POR DERRUMBE
El avión de ALUR para uso de Ancap, que en su momento generara polémica política, fue uno de los damnificados por la caída de una estructura en el Aeropuerto Internacional de Melilla “Angel S. Adami” debido al temporal de viento del pasado domingo.
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) informó que debido al fenómeno meteorológico que afectó el país, y como consecuencia de los vientos registrados, el hangar del Aeroclub del Uruguay en esa terminal aérea sufrió varios daños. El hecho motivó un comentario crítico del senador nacionalista Javier García, quien en su cuenta de Twitter escribió al respecto: “Uno de los aviones dañados ayer en Melilla es el de Ancap. Otro clavo que salió caro”.
A mediados de 2016, El País informó que Ancap se quería deshacer del avión Cessna 414 que comprara en 2012 por U$S 385.000, y que hasta ese momento le había costado otros U$S 500.000 por uso y mantenimiento. Entonces el ente consideró que ya no lo necesitaba, además de que la aeronave pasa más tiempo en el hangar que en vuelo.
Como parte de un plan de ajuste de sus cuentas, Ancap se lo ofreció a ASSE para el traslado de pacientes, pero fue rechazado porque no se adapta a las necesidades de la institución que, además, cuenta con la Fuerza Aérea cuando requiere de traslados de urgencia.
La compra del avión por ALUR generó controversia en su momento. Quienes la cuestionaron señalaban que no era necesario. ALUR se defendió, en ese momento estaba expandiendo el área cañera en el norte del país y argumentó que los continuos viajes de directivos desde Montevideo demandaban mucho tiempo y agotamiento. También se dijo que el avión podría usarse por otros miembros del gobierno en misiones oficiales, pero eso nunca ocurrió, indica El País.

BPS PRESUPUESTA A 300 FUNCIONARIOS
En una de las últimas sesiones del año pasado el directorio del Banco de Previsión Social (BPS) resolvió presupuestar 304 trabajadores que hasta ahora se desempeñaban como auxiliares administrativos con contrato de función pública en el grado 1. Los mismos pasarán a ser presupuestados como administrativos grado 2, según consta en la resolución. Además, fueron presupuestados seis profesionales universitarios que revistaban como contratos de función pública.
En 2016 habían ingresado 133 auxiliares administrativos en todo el país (76 en el Interior y 67 en Montevideo) de forma de cubrir parcialmente las vacantes generadas en el instituto. Según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, al 31 de diciembre de 2015 en el BPS había 3.979 vínculos con funcionarios públicos y 390 no funcionarios. Las cifras eran de las más bajas de los últimos cinco años. El informe muestra como pico de contratación 1995 con 5.253 funcionarios y 603 no funcionarios, señala El País.
Asimismo, se definió el plan de fiscalización para este año. El plan prevé la concreción de 9.372 inspecciones en todo el país, además de las que puedan surgir a demanda. De estas 3.350 serán operativos masivos o “rastrillo”, 118 por distintos mecanismos de fiscalización interna, 2.142 por inteligencia fiscal o selección de casos, 3.762 de denuncias de trabajadores, empresas o terceros. Según acordó el directorio, “se continuará el avance en la utilización de elementos de inteligencia fiscal a través del sistema Solución Integral de Selección de Casos a Fiscalizar (Sisca) que analiza modelos de riesgo usando más de 600 variables de diverso tipo”.

DENUNCIAS SOBRE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
En 2015, cuando la ley de Inclusión Financiera daba sus primeros pasos, el Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía decidió desarrollar una nueva sección en su relevamiento de consultas y denuncias que toma en cuenta el cumplimiento de los beneficios tributarios al consumidor. De las 423 consultas (el paso previo a la denuncia) pertenecientes al área beneficios tributarios al consumidor recibidas en 2016, 381 estuvieron vinculadas a la ley de Inclusión Financiera, según datos de Defensa del Consumidor a los que accedió El Observador.
La mayor cantidad de atenciones (112) fue porque el comercio no aplicaba los descuentos de IVA previstos en la ley para las operaciones con instrumentos de pagos electrónicos. En segundo lugar y con 95 atenciones se ubicó el problema “exigencia de mínimos para la compra con tarjeta de débito/crédito” y en tercer lugar con 70 atenciones se ubicó el problema “discriminación entre pago efectivo y pago con débito”. Este último tipo de problemas ameritó 51 denuncias de los consumidores, sobre un total de 397, donde también aparecen denuncias vinculadas a productos, servicios y alimentos como las más sobresalientes.
Ahora la nueva redacción del artículo 64 de la ley de Inclusión Financiera, vigente desde el pasado 27 de enero, establece que los comercios que acepten para el cobro de sus ventas tarjetas de débito o instrumentos de dinero electrónico no pueden limitar el uso de esos medios de pago estableciendo montos mínimos de compra.
El Área Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio ya recibió denuncias y comenzará a realizar inspecciones de oficio en los próximos días. Esa misma oficina incorporará la fiscalización de este tema en los controles que habitualmente realiza. Los comercios que no cumplan la norma son pasibles de sanciones, que comienzan con el apercibimiento y continúan con multas en caso de reiteración, que tienen un piso de 20 Unidades Reajustables ($ 18.900 a valores actuales).

MÁS RECURSOS PARA DOCENTES CON TÍTULO
El Poder Ejecutivo decidió priorizar en la próxima Rendición de Cuentas a la educación, junto con el Sistema Nacional de Cuidados, y estos temas fueron centrales en la reunión de Agrupación de Gobierno que ministros, legisladores y dirigentes del Frente Amplio mantuvieron en Colonia.
Y si bien la noticia de que la economía cerró 2016 con un déficit fiscal de 4% del Producto Bruto Interno (PBI), sumado a que el presidente Tabaré Vázquez pidió a sus ministros actuar con “prudencia”, echan un manto de duda sobre si se podrá cumplir con la promesa electoral del Frente Amplio de pasar del 4,5% al 6% del PBI para la educación, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) ya comenzó a definir en qué gastará los nuevos recursos que recibirá.
En este contexto el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP quiere dar prioridad a los “programas de innovación”, que en el presupuesto pasado no se pudieron atender por el recorte que en el marco de la Rendición de Cuentas sufrió la ANEP de $ 629 millones, lo que la obligó a ajustar sus metas.
La consejera del Codicen, Laura Motta, dijo a El Observador que estos planes incluyen políticas destinadas a aumentar la titulación de los profesores y a la concentración de éstos en un solo centro educativo. “En su momento no fue votado en el Presupuesto y en la Rendición de Cuentas. Ahora aspiramos a que se contemple para que a profesores, directores e inspectores les compense dedicarse a un solo centro”, señaló.
Explicó que con esto se busca evitar el multiempleo –que caracteriza a la carrera docente– y favorecer el ambiente de aprendizaje de los alumnos. Para impulsar la titulación de los profesores, la consejera adelantó que se pretende realizar una diferenciación salarial entre los docentes titulados y aquellos que no lo son. Según la Encuesta Nacional Docente 2015 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), solamente el 67% de los docentes de Secundaria están titulados.