Opinion | 08 Feb El último año parlamentario finalizó con las cuestionadas mayorías y ahora el partido de gobierno deberá negociar con la oposición u oposiciones sobre un escenario difícil, en tanto los reclamos son diferentes de acuerdo al sector y a la consigna que represente.
Un asunto harto ríspido para encauzar una negociación se basa en la pérdida del voto 50 para enviar la Rendición de Cuentas antes del 30 de junio, en el marco de un proyecto de Presupuesto quinquenal encauzado de manera diferente y con un mensaje cada dos años, de acuerdo a la resolución del ministro de Economía, Danilo Astori.
Por eso, aparece en la escena la relativización de la aprobación de dicha iniciativa y el primero en lanzar el dardo fue el senador del MPP, José Mujica: “Si no hay Rendición no es el fin del mundo”. O la senadora Lucía Topolansky, quien reafirmó el concepto del expresidente, tras asegurar que en caso de no aprobarse, “se actuará con responsabilidad hacia el país. Pero tampoco es para suicidarse si pasara” y recordó que la exintendenta de Artigas, Patricia Ayala, no logró la aprobación de su presupuesto en 2010 “y Artigas no quedó paralizado”.
Curiosamente la visión que tiene el Movimiento de Participación Popular es compartido por el Frente Líber Seregni, que lidera el ministro Astori, desde donde se asegura que una Rendición de Cuentas “muy negociada” condicionaría el accionar del gobierno.
Por otro lado se encuentran socialistas y comunistas que advirtieron en la necesidad de dialogar a todos los niveles para evitar el incumplimiento del programa del Frente Amplio. De cualquier modo, todos los sectores frenteamplistas saben que esta Rendición de Cuentas a dos años es particularmente relevante, si se toma en cuenta el tiempo que abarcará hasta 2019 cuando el escenario político y electoral se encuentre en plena ebullición.
Allí aparecerán –con más fuerza que ahora-- los reclamantes de mayores recursos para las áreas sociales, donde se destacan los sindicatos de la educación y el 6% del PBI, al que no se llegará y una Rendición congelada puede resultar nefasta. Este año, denominado de “inflexión”, ha obligado a los representantes del oficialismo a buscar argumentaciones de todo tipo que sustenten sus resoluciones, donde demuestran la incomodidad que presenta el actual escenario político y el pensamiento en términos partidarios, terminará desvinculándolos de las organizaciones sociales que, además, integran el espectro de reclamantes.
Los sectores más radicales piden que se incrementen los impuestos al capital para profundizar los cambios y así extender una respuesta positiva a aquellos que exigen la asignación de mayores recursos. Como sea, en la última reunión de bancada, el vicepresidente Raúl Sendic analizó que la pérdida de las mayorías parlamentarias es el resultado del deterioro de la fraternidad entre los frenteamplistas y reclamó “lealtad”. Esto que también puede leerse como “mano de yeso” al momento de votar sin cuestionamientos, distanció a la fuerza política de sus aliados naturales que son esas mismas fuerzas sociales y sindicales que se han movilizado a favor de los últimos gobiernos.
Por eso enfrenta con preocupación una escena desacostumbrada como son las negociaciones con las distintas oposiciones, luego de 12 años de una realidad cómoda que encaraban en términos absolutistas por sentirse dueños de la pelota, en un partido que jugaban para sí mismos en ambas cámaras.
Sin embargo, si no se aprueba la iniciativa parlamentaria correspondiente, regirán en el país los mensajes presupuestales anteriores, y aunque Topolansky asegure que “el presupuesto nacional es el de la administración central. No es el de las empresas públicas ni otra cantidad de cuestiones”, la imagen hacia afuera es de una inseguridad total ante el nuevo escenario político que atraviesa el gobierno y su fuerza. Y eso, también, es un síntoma de debilidad.
Aunque el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, reclame disciplina partidaria y “unidad de acción”, sabe que las estrategias se complican y ensombrecen el horizonte. Fundamentalmente eso ocurre cuando hablan algunos referentes sectoriales que --desde ya y antes de comenzar cualquier negociación-- responsabilizan a la oposición en caso de una votación negativa.
Paralelamente, la bancada oficialista se encuentra inmersa en la lista de prioridades legislativas para 2017, donde se destacan la reforma de la Caja Militar y el nuevo impuesto a las jubilaciones militares. A esto se suma la Universidad de la Educación, según el anuncio efectuado por la ministra María Julia Muñoz, en oportunidad de la reunión de la agrupación del gobierno en Colonia, tras naufragar en el período anterior ante la negativa de la oposición a que se conforme bajo un cogobierno, tal como funciona la Universidad de la República. Pero todo se negocia, y en tal caso el oficialismo está de acuerdo en la adopción de una posición intermedia que conlleve a una dirección de transición con docentes, egresados y estudiantes, encargado del diseño de la propuesta académica.
En medio de estas cuestiones, se deberá lidiar con el 4% del déficit presupuestal que para algunos sectores es “manejable”. No obstante, en la interna se reconoce que, por ejemplo, habrá menos plata para la educación y aunque se manejen discursos políticos orientados a elaborar un perfil transformador del Producto Bruto Interno (PBI), las miradas del Poder Ejecutivo son de “cautela”, “prudencia” y hermetismo.
Por eso en la última década han dado resultados las relativizaciones de todo tipo, incluso para la presentación de una Rendición de Cuentas, sobre la que –si Astori hubiese sido un legislador opositor-- no se hubiese dejado pasar inadvertido ni un mínimo detalle.