Opinion | 13 Feb En Uruguay, se constataron 169 embarazos en niñas de 10 a 14 años como resultado de abusos o explotación sexual y las cifras se elevan al 17% de la totalidad de los nacimientos de madres adolescentes. De ese universo, dos tercios son intencionales y luego de dar a luz, el 76% de esas jóvenes de entre 15 y 19 años admite que hubiera postergado la maternidad.
La tasa de fecundidad de 10 a 19 es de 59,5 por cada 1.000 adolescentes, en tanto Montevideo y Artigas son los departamentos con mayores porcentajes. Y la dolorosa realidad se profundiza si se toma en cuenta que una de cada cinco de estas madres proviene de un hogar con dos o más necesidades básicas insatisfechas, el 57% no estudia y, en su mayoría, dejan de estudiar antes de quedar embarazadas.
Asimismo, esta problemática conlleva aspectos sanitarios relacionados con las enfermedades de trasmisión sexual, se asocia con situaciones socioeconómicas, la violencia intrafamiliar y un conjunto de situaciones cuyo resultado será el embarazo adolescente no planificado o no intencional, según las nuevas denominaciones técnicas.
Las desigualdades sociales y las brechas que socavan las posibilidades de desarrollo humano modifican forzadamente un proyecto de vida, que proseguirá enmarcado en relaciones de poder fuertemente arraigadas a un entorno desmotivador. Para tener una idea de los niveles de desigualdad, solo miremos las estadísticas: a nivel global --en promedio-- el embarazo adolescente es de 45 por 1.000 jóvenes y, en América Latina y el Caribe, esas cifras se elevan a 65 por cada 1.000.
Los cambios culturales necesarios para no profundizar la incidencia de este indicador son urgentes y deben ir aparejados con mensajes esclarecedores e impactantes enfocados en los referentes familiares antes de llegar a ese público objetivo. La dimensión nacional y el alcance de las campañas tienen que ir más allá del uso del condón y demostrar que, de acuerdo con las estadísticas, es escaso el empoderamiento que ejercemos sobre nuestro cuerpo.
Algunos datos relevados por el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de Mujer y Salud (MYSU) en Uruguay hace unos años confirma que las generaciones más jóvenes adelantaron su inicio sexual, con mayor incidencia en las adolescentes que residen en contextos críticos y con menor nivel educativo. Casi la totalidad de las consultadas conocían al menos dos métodos anticonceptivos: el 98% el preservativo y el 95% las pastillas, seguido por el dispositivo intrauterino (76%) y muy alejado el diafragma y la esterilización femenina.
Analizados los resultados por tipos de método, solo el 57% utilizó un método de anticoncepción dependiente de su sola voluntad, el 43% no controla por sí misma el método, sino que depende de las negociaciones con sus parejas sexuales al momento de adoptar la decisión de utilizar o no el preservativo. Resulta significativo que una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años, con estudios hasta ciclo básico o menos, no tiene incidencia en las negociaciones para el uso del condón. Por eso, es importante preguntarse las razones por las que no instrumentan esos métodos de barrera, si es que los conocen.
La información que manejan los diversos organismos del Estado deberá cruzarse con eficiencia y generar una fina trama de protección a las adolescentes, en tanto abarcará los casos de abusos y explotación sexual que trabajan las instituciones educativas, sanitarias o de protección al niño y adolescente, con dimensión nacional. En forma paralela, deberá dirigirse a los referentes familiares adultos, quienes son responsables de su cuidado, pero aún sostienen prejuicios y mitos para hablar del tema o exponer la importancia del autocuidado.
Como toda problemática social, responde a una causalidad variada y compleja, con factores diversos que un análisis veraz deberá incluir al momento de evaluar por qué no se llega a esa población con un mensaje claro, cuando los eslóganes de equidad e igualdad basados en derechos que se promueven desde el Sistema Nacional Integrado de Salud deberían llevar como estandarte la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, junto a la prevención del embarazo adolescente.
Estas cifras de embarazo adolescente no se han modificado, básicamente, en los últimos 20 años. Esto significa que los distintos gobiernos no lograron establecer políticas claras al respecto ni de llegada a esa población. Es importante conocer, también, quiénes capacitaron a esos jóvenes en la instrumentación de métodos de anticoncepción, si se toma en cuenta que aún no existe un plan formal de educación sexual pensado para desarrollarse en los diferentes niveles educativos. En todo caso, si comienza en Ciclo Básico, ese público objetivo no llegó al liceo o abandonó en primer año y si se deja la información en manos de los referentes familiares, existe una alta probabilidad de que pierda calidad y tenga un fuerte componente de vivencias personales que influirán en los adolescentes en mayor o menor medida. Los médicos también cumplen un rol educativo de relevancia en sus consultorios, donde debe crearse un marco de confianza, a pesar del tiempo que se dedica a la atención de cada paciente.
Las estadísticas, que no han tenido mayores alteraciones, constituyen en sí mismas una mirada a esa franja etaria, que es la destinataria de los eslóganes de campaña y, en algún sentido, permanece al margen de un problema acuciante que alarma a las autoridades del INAU.
Sin embargo, esas alarmas están encendidas hace tiempo y reflejan, desde entonces, que se difunden las características de un problema de fondo sin visibilizar de forma correcta las cifras del embarazo adolescente en Uruguay. Ya que existen tantas estadísticas, análisis y diagnósticos técnicos, es hora de comenzar a actuar en los territorios más vulnerables para que no se transforme en un problema mayor.