Opinion | 10 Feb En el partido de gobierno, ya de cara a la próxima Rendición de Cuentas, se están considerando propuestas de determinados sectores que tienen como objetivo aumentar la recaudación del Estado, porque incluso entre quienes descreen de la necesidad de un equilibrio en las cuentas, en aras de un perfil netamente político-ideológico de las decisiones de gobierno, se ha asumido que resulta --por decir lo menos-- inquietante el déficit fiscal que tuvimos en 2016, de un 4% del Producto Bruto Interno (PBI).
Como es sabido, el déficit fiscal significa que el Estado está gastando más de lo que ingresa a sus arcas y no cuesta mucho inferir que, al igual que en un hogar, se va generando una brecha que solo puede suplirse temporalmente mediante endeudamiento, hasta que llega el momento en que hay que hacer frente a los compromisos. En el Estado, además de endeudarse, una alternativa es emitir moneda que “empapela” la plaza, generando inflación y creando nuevos problemas de los que es más difícil salir.
Ergo, el equilibrio fiscal no es una regla de izquierda ni de derecha. Desde algunos sectores se manejan propuestas como el aumento de impuestos al capital, la creación de un tributo a las herencias, el cobro de IVA a los premios de juegos de azar y la revisión de las exoneraciones fiscales, aspectos planteados sobre todo a través del Movimiento de Participación Popular (MPP), el Partido Comunista y el Partido Socialista, para financiar un incremento de gastos en la Rendición de Cuentas.
En el seno del partido de gobierno en los próximos días se instalarán dos comisiones para discutir el aumento de impuestos y la revisión de las exoneraciones previstas en la ley de inversiones. El diputado Alejandro Sánchez (MPP) dijo a El País que "siempre se discute de impuestos y toda acción política tiene que ver con eso. Tenemos que pensar cómo financiar algunos programas que tienen que ver con las políticas públicas". Como ejemplo, citó el cobro de IVA a los premios que se obtienen por juegos de azar para ampliar la cobertura de la educación pública.
El diputado comunista Gerardo Núñez consideró que entre las exoneraciones que se plantea revisar están las de las viviendas de interés social, que superan los U$S 850 millones en tres años y medio.
"Se exoneran U$S 40.000 por cada vivienda construida, en promedio, y el objetivo era que se viera reflejado en el precio, pero lo que sucede es que toda la exoneración termina siendo no tangible para la gente y la ganancia se la queda el inversor. No estamos diciendo cortemos la exoneración, lo que decimos es revisemos", opinó. Otra opción es hacer lo mismo con las exoneraciones a la soja y forestación.
La percepción de que el déficit fiscal debe reducirse solo a través de una mayor recaudación es una visión hemipléjica de la realidad y solo explicable --pero no justificable-- desde el plano ideológico, porque se deja de lado la incidencia fundamental del otro componente de la ecuación, que es el gasto público excesivo e ineficiente.
Es decir, el que diluye recursos en sostener burocracia, en gastos fijos sin sentido, programas sin retorno, en financiar el déficit de aventuras empresariales del Estado o con su apoyo, que terminan en deudas que no se pagan –como la mayoría de las asistencias del Fondes-- o que se cubren con capitalización que proviene del dinero de todos los uruguayos, como el caso de los mil millones de dólares de déficit en Ancap, de los cientos de millones de dólares de Pluna y su apéndice en Alas U, de las inversiones de ALUR sin control del Parlamento, como si el dinero brotara de abajo de las piedras.
En esta ecuación corresponde contar con la cuota parte del Estado, que es lo que ha faltado hasta ahora, porque solo se está exigiendo esfuerzo y renuncia al sector privado, a las empresas, a la clase media. Una forma de atender esta asimetría es establecer prioridades en la Rendición de Cuentas sin ceder a las consabidas presiones de corporaciones que pretenden sistemáticamente llevarse la mayor parte de la torta.
Hay voces sensatas que procuran hacerse escuchar en las negociaciones dentro del partido de gobierno, como es el caso del diputado Luis Enrique Gallo (Asamblea Uruguay), quien planteó: "tenemos que ponernos de acuerdo el Frente Amplio, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en las prioridades de esta Rendición de Cuentas y lo que se resuelva se debe bajar el martillo y respetar".
En esta oportunidad, el tratamiento de la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal se plantea con un componente distinto en el parlamento, habida cuenta de que con un diputado disidente, Gonzalo Mujica, no están asegurados los 50 votos de manos de yeso que se han levantado de forma sistemática y sería preciso negociar con sectores de la oposición determinados artículos, más allá de los acuerdos que se generen entre los diversos sectores de la coalición de izquierdas.
Se abre una instancia que debe abordarse sin tremendismos, elevando las miras y asumiendo que los eslóganes y las frases hechas suenan muy lindas al oído, pero a la hora de llevarlas a la realidad el cuello de botella lo constituyen los recursos. Y que no es buen negocio, ni siquiera cuando se quiere gastar y gastar, seguir expoliando a los que producen la riqueza y no se pone nada en la balanza por el que sigue gastando alegremente el dinero de los otros.