Opinion | 17 Feb El impacto que significa para la localidad de Juan Lacaze, en Colonia, el cierre prácticamente inevitable de la fábrica Fanapel, con sus 300 puestos de trabajo, resulta muy difícil de evaluar para el resto de los uruguayos porque lo harán desde una perspectiva que siempre va a ser ajena a las consecuencias directas de este acontecimiento traumático, debido a que se trata de una localidad donde esta industria, a lo largo de las décadas, ha sido prácticamente la única fuente de empleo en el sector privado, es decir de los emprendimientos de riesgo atados a que se logre mantener una empresa saneada.
Esto es por lo tanto en alguna medida el símbolo de las consecuencias de que una empresa, de bienes o de servicios, resulte inviable en el sector privado: el desequilibrio se paga con ajustes internos que de no tener éxito, más tarde o más temprano termina con el cese de actividades y de la fuente de trabajo, con los trabajadores en la calle y con un emprendimiento que deja de generar riqueza, de reciclar recursos genuinos en la localidad y en el país y donde el Estado a la vez pierde de recaudar.
En este caso, cual crónica de una muerte anunciada, el futuro de Fanapel, la vieja y emblemática fábrica de Juan Lacaze, aparecía desde hace años cada vez más sombrío, hasta que hace pocos días un gerente de planta comunicó a los trabajadores que la fábrica ya no reabrirá.
Si bien se admite que no hay posibilidades de retomar a mediano plazo la actividad interrumpida en diciembre, algunas líneas bajadas desde el gobierno indicaron que no está decretado todavía el cierre definitivo.
El integrante del secretariado del Pit Cnt y dirigente sindical del papel, Julio Burgueño, dijo a El País que "siempre estuvo arriba de la mesa" la posibilidad de que los trabajadores mostraran flexibilidad respecto a sus créditos laborales si era necesario para darle viabilidad a la empresa. Pero reconoció que la situación "sigue estando difícil" y que la central sindical está "muy preocupada", en tanto los trabajadores de Fanapel están en el seguro de paro desde diciembre.
Fanapel es propiedad de capitales argentinos, y comenzó a sufrir el año pasado importantes dificultades para colocar el papel que produce en la vecina orilla, donde sintió fuertemente la competencia china, al punto que la situación le generó una pérdida de 400 mil dólares mensuales. El gobierno impulsó la creación de una comisión tripartita, que buscó soluciones sin éxito.
Pero el punto es que el papel que producía Fanapel no es competitivo con el de China, y solo había podido venderse en la vecina orilla mientras estuvo vigente el régimen proteccionista de los Kirchner, que impuso fuertes restricciones a las importaciones chinas y de extrarregión. Fanapel se vio entonces beneficiada por ser una “empresa argentina” que podía catalogarse como local.
Pero como en todo régimen proteccionista, el que pagaba el sobrecosto era el consumidor, y por lo tanto la empresa no necesitaba ser competitiva internacionalmente, sino que ingresaba al amparo de este régimen. Con la era de Mauricio Macri, que liberó al país de estas restricciones, el papel de Juan Lacaze fue desalojado de los mercados por sus similares de China y otros países que producen este insumo en grandes volúmenes y a un menor precio.
Entre otras “soluciones” a medida que se manejaron en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y desde otros ámbitos del gobierno fue de la posibilidad --ofrecida por UTE-- de rebajarle a la empresa la tarifa un 25%, pero todo indica que ni así se llegaba a los números.
A esta altura de los acontecimientos, se percibe como muy difícil la reapertura de la empresa, porque no es competitiva en el único lugar donde colocaba el papel --Argentina-- y a nivel internacional sus precios están por fuera del mercado.
Esta es la realidad que no puede ser disimulada por mil y un voluntarismos: los números no dan, un privado no puede seguir produciendo a pérdida y tampoco debería depender eternamente del subsidio del Estado, porque además los ciudadanos no pueden seguir subsidiando eternamente una fuente de empleo artificial, sin salida a ningún plazo.
Y acerca de este baño de realidad inevitable, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo, reflexionó en Twitter: "Y va otra... ahora cierra Fanapel. Competitividad, altos costos y relaciones laborales difíciles siguen complicando a la industria".
Es que en la misma situación hay varias empresas en Uruguay, incluso algunas que el gobierno las cataloga como “exitosas”; como es el caso de la cooperativa Urutransfor, que solo puede venderle los transformadores que produce a UTE --muy por encima de los valores internacionales, obviamente-- y a Venezuela, debido a los arreglos entre gobiernos afines. Si el tratamiento diferencial desapareciera por alguna causa, también dejarían de existir ese tipo de empresas.
Bueno, este es el meollo del asunto, y no solo para la industria, aunque en el Uruguay se da la incongruencia de que a mayor valor agregado de un producto, es mayor la falta de competitividad que tiene, lo que nos deja en esta perspectiva dependiendo solo de nuestras ventajas comparativas para producir productos primarios, y solo en el mejor de los casos con una mínima cuota de trabajo dentro de fronteras. Este es el escenario de los emprendimientos de riesgo en el país, es decir todos los del sector privado, porque en lo que refiere a las empresas del Estado y paraestatales, la ineficiencia y la falta de productividad no les significa un problema, porque están protegidos por monopolios --pueden cobrar cualquier precio, aunque tengan costos siderales-- porque tienen clientes cautivos. Así pueden sobrevivir eternamente, como es el caso de las cementeras de Ancap, que han dado pérdidas siderales desde que las creara el ente estatal hasta la actualidad, y seguirán siendo deficitarias… y funcionando.
También la inamovilidad de los funcionarios se conjuga con este escenario que detrae recursos de todos los ciudadanos compulsivamente: aunque la empresa de pérdidas no hay envíos al seguro por desempleo y mucho menos se pierden puestos de trabajo, por lo que la falta de productividad no es un problema. Este esquema a todas luces irracional es sin embargo el que nos damos el lujo de seguir manteniendo en Uruguay. Pero se ha generado un statu quo que no deja promover siquiera alguna mínima reforma estructural, si es que en realidad hay voluntad política para hacerlo.
Así, se sigue atesorando lo supuestamente “políticamente correcto”, en un país en el que parece lo más natural del mundo que los menos, un círculo de privilegiados, siga viviendo cómodamente del trabajo y las vicisitudes de los demás.