Locales | 17 Feb MONTEVIDEO, 16. (Por Enrique Julio Sánchez). El vigésimo plenario del Congreso de Intendentes se desarrolló en la sede del cuerpo, en el Palacio Municipal de la intendencia capitalina. Con la asistencia del intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, comenzó casi 90 minutos más tarde de lo anunciado.
Al final se determinó que el próximo, el 14 de marzo, se realice en Mercedes ante una nueva edición de la Expoactiva. El de abril tendrá lugar en Rocha, el de mayo en Montevideo, y el de junio en Colonia Suiza, en honor al exintendente de Colonia, Juan Carlos Curbelo, de cuyo fallecimiento se cumplirán veinticinco años.

COMPRAR A MONOTRIBUTISTAS DE PEQUEÑAS POBLACIONES
Adriana Peña, intendenta de Lavalleja, hizo una exposición ante sus pares, donde desnudó dos problemas que aquejan a su intendencia. Por un lado, se refirió a las “varias” observaciones del Tribunal de Cuentas (TC) y también de la Dirección General Impositiva (DGI) ante la compra por pequeñas cantidades a empresas monotributistas, lo que no le está permitido a las intendencias. Por otro, al pago que se le hace en la intendencia de Lavalleja a propietarios de canteras en el interior del departamento, para usar el material en la construcción o mantenimiento de caminos, lo que tampoco está permitido por la legislación vigente.
En cuanto a la compra a monotributistas, Peña aseguró que “en el interior del departamento, en pequeñas poblaciones de unos 2.000 habitantes, tenemos comedores. Allí hay pequeños almacenes que son monotributistas que no llegan a ser comerciantes del nivel requerido por la ley. Ahí se les compra, porque no hay otro tipo de comerciantes, frutas, leche, pan, por un monto irrisorio”.
Para evitar seguir en el objetivo del TC y de la DGI, la intendenta de Lavalleja, propuso en el Congreso “que pidamos una resolución del Presidente de la República. Lo puede hacer en cinco minutos. Se trata de que las intendencias podamos comprar suministros básicos, por un monto pequeño a determinar, en localidades de 2.500 habitantes o menos”.
“No puede ser que por comprar fruta para un comedor haya tenido una denuncia de la DGI”, subrayó Adriana Peña. “Sí les podemos comprar diarios a los monotributistas, pero no frutas para nuestros niños”.
“No se trata de una nueva resolución, sino de agregarle un ítem a la ya existente. No hacemos esto por oponernos al Presidente ni a lo resuelto, lo hacemos porque no tenemos otro camino. De lo contrario, hay que esperar suministros de la capital departamental, y eso puede significar que no podamos mantener abiertos los comedores”.
“Pero cuidado -advirtió- cuando se hacen estas compras, no es la intendencia la que incurre en un ilícito, es el monotributista quien comete el ilícito. Y estas compras son vitales para el funcionamiento de las Juntas Locales”.

PAGO POR MATERIAL DE CANTERA
El segundo tema planteado por Adriana Peña fue el pago “de unos pocos pesos” por material de balastro que “retiramos de algunas canteras en el interior. Es pagarle algo al vecino para que nos permita sacar material de las canteras que tiene en su propiedad para hacerle el camino por donde sacar la producción. Esos pesos son para compensar en algo que no podrá usar ese lugar para criar vacas, por ejemplo”.
“Pero desde Dinamige (Dirección Nacional de Minería y Geología) y desde Dinama (Dirección Nacional de Medio Ambiente), y también desde la DGI, surgen problemas. Pero no se toma en cuenta que de otra manera no hay posibilidades para obtener el material necesario para asegurar el mantenimiento de los caminos por donde debe luego ser sacada la producción. Ya no quedan quienes quieren dar simplemente el material”.
“Si se quiere trabajar y hacer más kilómetros de caminería rural, entonces tenemos que pedirle a todos los partidos políticos, al Legislativo y al Ejecutivo que tengan la buena voluntad necesaria para solucionar este problema”.
“Este es un tema que nos acucia a todos, porque no vamos a tener ni siquiera un vecino que nos deje entrar a sacar material. Si seguimos en este camino, creo que no estamos tomando al país como un todo, sino como chacritas. Pido que hagamos un esfuerzo conjunto para que eso se entienda en la DGI, Dinamige, Dinama y el propio presidente, así como la OPP. Hay que resolverlo. Es la única forma de sacar material para poder hacer caminería rural”.
Pero advirtió que “no estamos comprando en negro, eso es un disparate. Estamos tratando de darle una mano al vecino, para que nos permita sacar el material para el camino del pueblo”.
“Tenemos la responsabilidad de hacer kilómetros y tratar que el vecino pueda ir al sanatorio o mandar a estudiar a los jóvenes. Hay que tomar el toro por las astas, no queda otra”, dijo.

NO SE FIRMÓ CONVENIO POR BOLETO ESTUDIANTIL
A solicitud del intendente de Colonia, Carlos Moreira, se resolvió formar una comisión --integrada además por los intendentes de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, y de Canelones, Yamandú Orsi-- para reunirse “de manera urgente” con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Victor Rossi.
El tema será el sistema de transporte gratuito de estudiantes de enseñanza media, en la medida que “las intendencias están aportando mucho más que el ministerio”. Esto se debe a que “no se considera la cantidad de estudiantes que acceden al transporte gratuito, sino que se aumenta anualmente por IPC. Y eso no refleja en nada la realidad. Y hace que las intendencias tengan que pagar millones de pesos adicionales”.
El convenio debía ser firmado durante el plenario, pero se determinó no hacerlo y abrir un compás de espera ante la reunión planteada.
Moreira subrayó que “el tema es extremadamente sensible, ¿a quién se le puede ocurrir que no hay que facilitarle el transporte a estos muchachos? Pero la instrumentación es totalmente insuficiente. Las intendencias volcamos recursos millonarios”. Asimismo destacó “la urgencia de la entrevista, porque las clases empiezan el 6 de marzo. Es urgente”.
Para el intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, “hay una diferencia importante entre lo que ocurre en el Área Metropolitana y lo que pasa en nuestros departamentos. Lejos de tener la multiplicidad de carreteras que el Área Metropolitana, en Treinta y Tres hay dos rutas nacionales, la 7 y 8. Por lo tanto la mayor parte del transporte estudiantil es hacia zonas rurales”.
“No tenemos la obligación constitucional ni legal de traer a esos muchachos (a estudiar a la capital departamental) pero evidentemente no somos ajenos a esa realidad y lo hacemos con mucho gusto”, indicó y agregó que “nos produce un desfasaje importante, desde que aportamos 8 millones de pesos y el ministerio solamente 4 millones”.
“Esto es así porque promedialmente los micros que contratamos especialmente deben recorrer por día 200 kilómetros contando ida y vuelta. Por eso digo que el pago del boleto que considera el ministerio no tiene nada que ver con nuestra realidad. Está muy lejos en verdad”.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en tanto, aseguró que “en el Área Metropolitana también hay problemas, creo que en todo el interior hay los mismos inconvenientes en este tema”. Y se puso a la orden para integrar el grupo de intendentes que concurrirá a la reunión con el ministro de Transporte y Obras Públicas.

PLAN NACIONAL DE AGUAS
El director nacional de Aguas, Daniel Greif, presentó al Congreso el plan nacional de aguas que tras ser considerado y debatido entre 2011 y 2015, será presentado oficialmente el 22 de marzo.
Destacó que el plan consta de 11 programas y 28 proyectos. Dentro de estos, será de especial interés a varios departamentos dadas las frecuentes inundaciones que vienen sufriendo en los últimos años, “el programa Dos, que está referido a la Alerta Temprana de Inundaciones, ciertamente un instrumento de actuación preventiva contra inundaciones”.
También indicó que “en los próximos meses nuestros equipos técnicos haremos una recorrida por las intendencias del interior, con sus equipos técnicos, para considerar las problemáticas que aborda cada departamento en agua potable, saneamiento y drenaje”.
El intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, pidió que “ante este cúmulo de informaciones, sería sumamente importante para las intendencias que tenemos problemas con las inundaciones, que se puedan realizar acuerdos concretos, porque sin dudas eso será de enorme importancia para nuestro trabajo en nuestro departamento”.

NUEVO TRAZADO DE TREN PARA PASTERA DE UMP
Yamandú Orsi, intendente de Canelones, relató el contenido de la conversación mantenida con el presidente Tabaré Vázquez ante el proyecto de una segunda planta de celulosa de UPM. Dijo que “lo que conversamos fue la afectación del proyecto de UPM en el puerto --que está definido será el actual de Montevideo-- y el impacto que tendrá el tráfico ferrocarrilero en los núcleos urbanos de nuestros departamentos”, en la zona de influencia de la nueva planta.
Se solicitó al presidente que “se piense en un trazado alternativo para la línea de ferrocarril que transporte el producido de UPM, para que no pase por los núcleos poblados más importantes” de Canelones y Montevideo. “No fue otra cosa que ese pedido; será un problema de números”.
En principio, se estima que una vez iniciada la operación de la planta de celulosa, habrá 8 convoyes de tren hacia al puerto de Montevideo y de regreso a la planta. A mediano plazo, se prevé que, con otras cargas, el tráfico sea de 24 convoyes en cada sentido.
El presidente del Congreso, Daniel Martínez, explicó que si se calcula que cada cruce de tren en zona urbana implica una demora de tres minutos al tránsito vial, si se mantuviera el actual trazado del tren, pasando por zonas pobladas, habría una demora total de dos horas y media, por cruces con barrera baja.
Carmelo Vidalín, intendente de Durazno, agregó el dato que las vías deberán ser mejoradas o recuperadas para poder soportar el peso de 22,5 toneladas por vagón en lugar de las 18 toneladas actuales.