Opinion | 20 Feb Con el alejamiento de la fiscal María de los Ángeles Camiño de la investigación sobre las denuncias de corrupción en Ancap, y la asunción del nuevo encargado de la causa, el fiscal Luis Pacheco, se da otro giro a un caso que comenzó a tratarse a nivel parlamentario y adquirió ribetes judiciales, con el cruce de opiniones y la mediatización de hechos que trascendieron las administraciones frenteamplistas.
Adquiere relevancia, además, la figura del Fiscal de Corte Jorge Díaz, quien dijo públicamente que la renuncia de Camiño le “cayó como un balde de agua fría”, pero que desea “ir hasta las últimas consecuencias” para “que caiga quien tenga que caer”, aunque la frase tradicional sea bastante más abarcativa.
Camiño no ha dejado de concurrir a la Fiscalía, por tanto la decisión de su renuncia promovió una mueca de duda en el espectro político, sorprendido por las razones basadas en el “estrés” laboral que le provocaron tanto esta causa, como Pluna, Lava Jato, las estafas en torno a la Conmebol o la ruta del dinero “K”. No obstante le extendieron una carta de crédito a Pacheco, quien está bien conceptuado dentro del organismo por su desempeño con “gran jerarquía técnica”. De hecho, el propio Díaz lo considera una persona “muy colaborativa y recta”, e “independiente” políticamente ante algunas preguntas que –por lo bajo-- siempre surgen, por lo que su designación dejó satisfechas a ambas partes.
Pacheco no prorrogará las audiencias, ni alterará las agendas de los juzgados, al tiempo que Díaz le solicitó una dedicación “full time” a la causa del ente petrolero y le asignó tres adscriptos ante la urgencia. Es así que a partir de esta semana comenzarán las citaciones de los mandos medios y empresarios, que concurrirán en calidad de indagados.
Paralelamente, los representantes parlamentarios han manifestado cautela ante los micrófonos, si bien puertas adentro las especulaciones se basan en el “mal olor” que trae esta noticia desde la interna judicial, enmarcada en una investigación en la que se encuentra involucrado el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, a raíz de los gastos e inversiones ejecutados cuando estaba al frente del directorio del organismo.
Tales cavilaciones se desprenden de la molestia que expuso Díaz el jueves de tarde, tras la salida de Camiño, y la resolución adoptada en las primeras horas del viernes, con la instalación del nuevo fiscal. Desde el ámbito político presumen la existencia de presiones y aportan elementos a este razonamiento: Camiño estudió durante meses un voluminoso expediente que Pacheco deberá revisar en una semana. Incluso al asumir, reconoció que la causa contenía elementos bajo secreto de sumario que personalmente desconocía y otros asuntos, que conocía como cualquier ciudadano común, a través de los medios de comunicación.
Por su lado, el directorio de Ancap resolvió que no pagará los abogados de los jerarcas que irán a declarar los días 22 y 23, porque entiende que las citaciones escapan a la actual administración. Esta decisión se mantendrá en las audiencias posteriores, pero a medida que avance la causa se considerará dicha medida. Las primeras audiencias se centrarán en la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, que costó U$S 372.000, y deberán concurrir tres jerarcas vinculados al área de comunicación y relaciones institucionales de la empresa. Sendic, incluso, admitió que U$S 100 por persona es “un alto costo” para una fiesta de estas características y reconoció que no tenía conocimiento del gasto de U$S 600.000 en publicidad.
Una investigación que se desprendió en 2015, ya había sido denunciada en 2012 por el ministro de Economía, Danilo Astori, quien apuntaba al descontrol existente en las empresas públicas y que detonó en Pluna, cuando se liquidó la aerolínea bajo un remate fallido y procesamientos sin prisión. Pluna pagaba con cheques a 180 días y generó una deuda de U$S 30 millones. Sendic asegura que Economía no reconoció otros costos que ascienden a U$S 800 millones, y generó cruces en la interna de la fuerza política.
A esto se suman las inversiones en las plantas desulfurizadora, de cemento y de portland, que generan pérdidas y contrasta con las ganancias de sus competidores privados, sin contar con las capitalizaciones que debe efectuar a sus empresas satélite como Alur, Cementos del Plata o Ancsol.
Allí aparece también, la contratación directa de camiones brasileños para llevar cal a Brasil por más de dos millones de dólares, a raíz de un planteo presentado por el entonces gerente de Portland, Juan Romero, “porque en el Uruguay no había suficiente oferta de empresas que tuvieran el tipo de camiones tolva que se necesitaba”, según Sendic, quién nuevamente argumentó que no tenía conocimiento de tal decisión.
El ente petrolero también firmó un contrato con una empresa argentina para construir un remolcador que nunca usó, y por esa razón se argumenta la violación del Tocaf. Sendic preguntó “el por qué de esto y se me dijo que respondía a una decisión de la Armada. No tenía ni idea de quiénes eran; me dijeron que era una firma de ingeniería que presta servicios de diseño y que trabaja con la Armada”, aunque la Armada Nacional tenía una posibilidad cierta de construir barcazas, tanques y remolcadores.
Los contratos de publicidad con la agencia La Diez de Pablo Álvarez tuvieron un destaque especial en la investigadora, en tanto la licitación fue observada por el Tribunal de Cuentas y por nueve agencias de publicidad. Álvarez tenía una relación de amistad con el entonces presidente de ALUR, Leonardo de León, quien entregó la cuenta del citado organismo a la agencia DDB. Se cuestionaba la comisión entre 15% y 20% que cobraba la agencia a los medios que tenían publicidad de Ancap y al crecimiento del gasto de publicidad que en el lapso de un año pasó de U$S 4 a U$S 10 millones.
Es así que los costos del ente se trasladaron a las tarifas, y aunque baja el barril de petróleo a nivel global, ese descenso no se observa en los costos de la nafta uruguaya, que permanece como el combustible más caro de la región, porque alguien tiene que pagar el despilfarro. Y aunque Sendic no tenga idea de nada, o el directorio que preside Marta Jara no banque a los abogados de las jerarquías que concurrirán a la justicia, cabe recordar que van como “indagados”, por tanto pueden mentir y contraponer una palabra contra otra. Si concurrieran como testigos de lo que vieron y tuvieron que decidir bajo presión, no lo pueden hacer porque se enfrentarían al falso testimonio. Por eso, aunque hay confianza en la figura del fiscal, también hay reservas en los resultados finales. Si es que algún día llegarán.