Locales | 25 Feb En la sesión de anoche, el plenario de la Junta Departamental aprobó por unanimidad la solicitud de ediles del Partido Nacional para la intervención del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), a efectos de dilucidar si la Intendencia actuó de acuerdo a derecho en la adjudicación a un privado, mediante licitación abreviada, de la Zona Azul ampliada. El tema fue planteado mediante nota firmada por varios curules de la bancada de oposición y leída por la secretaria general.
En ella se expresa que “la Intendencia Departamental de Paysandú, basándose en la facultad conferida en el Art. 1 del Decreto Departamental N° 2288/94 con la modificación dispuesta por el Decreto 7452/2016, otorgó la concesión del servicio público de estacionamiento vehicular a favor de una empresa privada, mediante un llamado a licitación”. La citada disposición transcribe el artículo y en su parte medular se indica que “la gestión de esta zona, podrá ser concesionada por la Intendencia a empresas privadas, previa licitación de acuerdo a la legislación vigente”.
Agrega que “en la norma transcripta se facultó al Intendente, de acuerdo con la legislación vigente, a llamar a licitación para concesionar la gestión del servicio público de estacionamiento tarifado en el centro de la ciudad de Paysandú. No obstante, conforme la Constitución de la República, “para otorgar concesiones de servicios públicos, locales o departamentales, como es el caso del servicio de estacionamiento tarifado, tal concesión debió estar precedida de una propuesta formal del Intendente Departamental dirigida a la Junta, para que la Junta Departamental de Paysandú, por mayoría absoluta de votos de sus componentes autorizara el otorgamiento de la concesión de tal servicio público, lo cual no fue cumplido, a pesar de haber sido adjudicada la licitación a una empresa privada”.
La solicitud dice que “corresponde requerir la intervención del TCR para que dictamine y se expida sobre si la actuación de la Intendencia Departamental de Paysandú, al concesionar la gestión del servicio de estacionamiento público tarifado en una zona delimitada del centro de la ciudad de Paysandú se ajustó o no, a la legalidad imperante y si además, la omisión o falta de requerimiento del Intendente a la Junta Departamental para instrumentar y habilitar la concesión de este servicio público, ha vulnerado también lo establecido en el numeral 8 del Art. 273 de la Constitución de la República, en el numeral 17 del Art. 19 y en el Art. 20 de la Ley 9.515”

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