“SE RETROCEDE EN ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA"

Locales | 25 Feb En un comunicado conjunto que dieron a conocer en la víspera varias organizaciones cuya área de trabajo se relaciona con el acceso a la información y la transparencia, pronunciaron su rechazo al reciente decreto por el que se dispone que “los funcionarios públicos que hagan público, divulguen o den a conocer informaciones tales como solicitudes, proyectos, informes, dictámenes y otros documentos que no se especifican, excepto en los casos previstos por la ley, incurrirán en falta muy grave, pasible de destitución”.
El comunicado es acompañado por “Red de Gobierno Abierto”, “Centro Archivo y Acceso a la Información Pública” (CAinfo), “Cotidiano Mujer (Centro de Comunicación Virginia Woolf)”, “Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la Información Pública”, “Uruguay Libre de Megaminería”, “Uruguay Transparente” y “UYCheck”.
Las organizaciones señalan que “según los considerandos establecidos en el Decreto, la nueva disposición obedece a la necesidad de armonizar los principios de publicidad y transparencia que deben regir la gestión administrativa con el deber de lealtad y reserva de los funcionarios públicos”.
La declaración indica que “desde la Red de Gobierno Abierto (RGA) queremos señalar que se trata de una regulación regresiva en relación a la tutela del derecho de acceso a la información pública, por cuanto desconoce el principio de máxima publicidad que debe orientar la gestión administrativa según se desprende de la ley 18.381. De esta forma el discurso jurídico y político subyacente del decreto dirigido a los funcionarios públicos vuelve a ser la del secreto, reafirmando la concepción de que la información le pertenece a la Administración y no a la sociedad en su conjunto, algo que mucho lamentamos”.
En el comunicado indican que “el decreto va en sentido contrario de las recomendaciones de los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos que promueven la adopción de normas para la protección de informantes en temas de interés público”.
Las organizaciones aseguran que el decreto “podría tener un efecto inhibidor, que incluso puede comprometer la divulgación de información en la que existe un interés justificado, como lo es el caso de información sobre violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario”.