Nacionales | 25 Feb Mientras el Partido Colorado informó a través de un comunicado que el diputado suplente Francisco Sanabria, propietario de la sociedad anónima Camvirey que el pasado miércoles cerró todas sus casas de cambio, acordó su renuncia a los cargos políticos que ocupaba, tanto dentro del partido como a nivel nacional, varios damnificados --dos por cheques sin fondos-- presentaron denuncias pero el cierre de fronteras llegó tarde y Sanabria y su familia viajaron al exterior.
Según indicó anoche Telemundo, de Canal 12, se ha tratado de una estafa planificada por un monto de entre 15 y 20 millones de dólares, y de acuerdo con fuentes de la investigación y los propios damnificados, los mayores perjudicados serían integrantes de la propia familia Sanabria.
Francisco Sanabria, además de ser suplente en la Cámara de Representantes de su excuñado Germán Cardoso, era el secretario general del Partido Colorado en Maldonado.
Fue el propio Cardoso, secretario general del partido, quien se comunicó con Sanabria para explicarle que era "incompatible la permanencia del involucrado en cargos de responsabilidad y representatividad política".
El ahora exdirigente colorado salió del país rumbo a Miami el pasado jueves, antes de que el juez Marcelo Souto resolviera el cierre de fronteras a raíz de una denuncia por la emisión de un cheque sin fondo con valor de U$S 90.000. Los inspectores de la Superintendencia del Banco Central del Uruguay (BCU) indagan si en el cambio se tomaron depósitos en dólares, remunerándolos con un 12% anual.
La cadena de cambios Nelson, parte de Camvirey, cerró sus puertas y causó sorpresa en varios de sus clientes, que se enteraron al encontrarse con un cartel con la frase “cerrado por reorganización empresarial”, que fue colocado en las sucursales del país.
Ahora se especula con que al desembarco en Cambio Nelson de los inspectores del BCU se sumen otras reparticiones del Estado como la Secretaría Antilavado y la propia Dirección General Impositiva.
Nelson forma parte de la red de cobranzas RedPagos, de Western Union y era recaudador de impuestos nacionales y locales. Operaba también con la red UTS y RedBrou. En ese sentido, RedPagos emitió un comunicado en el que aclara que todos los locales de la red poseen garantías por la operativa.

UNA “CALESITA” DIFÍCIL DE DESENTRAÑAR
El cierre del cambio Nelson supuso una "calesita" de 15 millones de dólares cuyas principales víctimas son empresas y particulares que depositaban a modo de ahorro en el negocio a cambio de obtener intereses, informa El Observador.
Otros particulares y empresas utilizaban el Cambio Nelson como cuenta corriente: depositaban cheques y retiraban días después. Aunque la firma tiene sus raíces en Maldonado, posee sucursales en Montevideo, Colonia, Rocha y Río Negro.
Desde el miércoles, decenas de personas acamparon frente al local principal de Maldonado en busca de respuestas. El peluquero argentino Roberto Giordano era uno de quienes estaban allí. En la puerta había un cartel que anunciaba una "reorganización empresarial".
El dinero, en principio, señala El Observador, fue a pagar deudas de Francisco Sanabria, único dueño del cambio. Sanabria era diputado suplente del Partido Colorado e hijo de un caudillo local, el exsenador Wilson Sanabria, fallecido en 2015.
De la cifra total, 2,5 millones corresponden a la red de cobranzas RedPagos, de la que Cambio Nelson era corresponsal. Por esa deuda, la empresa de cobros le había cortado el servicios unos días antes.
Según El Observador, Sanabria presentó el jueves un plan para saldar la deuda con RedPagos que la empresa habría aceptado. Mientras tanto busca fuentes de financiamiento para hacer frente a las otras deudas. La situación de Cambio Nelson está comprometida en varios frentes.
El Banco Central no autoriza a los cambios de moneda a captar depósitos, tal como lo venía haciendo. Por eso existen dudas de si los reclamantes podrán demandar por el dinero perdido al tratarse de una operativa ilegal.

AUDIENCIAS POR ANCAP
Comenzaron las audiencias judiciales por el caso Ancap tras las denuncias que presentaron legisladores de la oposición sobre presuntas irregularidades cometidas durante las últimas administraciones.
Las audiencias comenzaron con la declaración del dueño de la agencia La Diez, Pablo Álvarez, y el propietario de Latin Design y Event. Ambas empresas organizaron la fiesta con la que se inauguró la planta desulfurizadora de Ancap en 2013, durante la presidencia de José Mujica.
Ese evento costó 372.000 dólares y es el primer punto de la denuncia que investigan la jueza Beatriz Larrieux y el fiscal Luis Pacheco. En el centro de estas denuncias está el vicepresidente de la República Raúl Sendic, como expresidente de Ancap.
Su abogado, Ignacio Durán, dijo tras las primeras audiencias que Sendic no participó en la organización de la fiesta, que lo hicieron mandos medios, entre ellos del área de comunicaciones de Ancap.
“Sendic no se dedicaba a organizar fiestas, no tuvo arte ni parte en la organización de la fiesta, había mandos medios que estaban a cargo del Departamento de Comunicación, que fueron quienes coordinaron todo con estas empresas”, dijo Durán.
El abogado señaló que los dos empresarios citados este viernes presentaron “facturas” de todos los gastos realizados. “Hay una explicación para todo, hay facturas que avalan cada gasto, cada proveedor, después quedará en el plano personal considerar si es excesivo, caro, o no”, apuntó.
“Ambos empresarios trajeron debidamente justificada cada factura, con las facturas espejo, una para el proveedor y otra para Ancap”, agregó.
Consultado acerca de si el director de la agencia resolvió por sí y ante sí todos los gastos, el abogado de Sendic respondió: “De la audiencia surge que esto no es así, cada gasto era admitido previamente por el directorio de Ancap, o un gerente, o un mando medio. El no podía tomar decisiones sin consultar al cliente, en este caso Ancap”.
Finalmente, Durán reiteró que para la defensa de Sendic esto se trata de una denuncia con fines políticos. “Creemos que es una denuncia netamente política, no hay ningún tipo de delito y lo que dijeron los empresarios avalan lo que dijimos nosotros por escrito”, aseguró.

CORREO FRAUDULENTO DE DGI
La Dirección Nacional Impositiva (DGI) advierte a la población sobre un correo electrónico que se envía simulando ser el organismo y que pide al usuario revisar el estado de cuenta en uso de sus tarjetas de crédito.
El correo que simula ser de la Dirección General de Impositiva (DGI) es enviado desde la dirección: DGI no-replay@stripe-process.com. El mensaje de correo fraudulento establece en el asunto "Revise su estado de cuenta en uso de tarjetas de crédito".
En el cuerpo del texto pide al receptor que adjunte el estado del uso de sus "tarjetas de crédito en el exterior, por el cual debe abonar los impuestos correspondientes".
En el comunicado la DGI insta a no abrir el correo ya que el archivo adjunto es un posible malware aún no identificado por el organismo. DGI recordó que el mecanismo habitual de comunicación con los contribuyentes es a través de su página web: www.dgi.gub.uy.