Opinion | 23 Feb En los tiempos modernos, los residuos se han vuelto un grave y complejo problema para la gestión ambiental que, además, presenta varios frentes.
A nivel urbano, la disposición final de los residuos domiciliarios amerita una solución integral, aunque las distintas intendencias aún tienen problemas locales con este tema y si bien desde hace tiempo se ha intentado aunar criterios de aplicación nacional, poco se ha podido avanzar.
Por otra parte, si bien Uruguay cuenta con normativa vinculada con el uso de agroquímicos, el impacto de estos es un problema real en el campo, por lo que es necesario avanzar para contar con dispositivos adecuados para la disposición final de residuos peligrosos, en la concientización del sector productivo y en mecanismos eficaces de contralor y protección de la salud de la población.
Los residuos industriales, los derivados del uso de agroquímicos suelen ser los que más demandan atención y controles, sin olvidar el hecho de que pueden llegar a tener gran impacto sobre el medioambiente y las personas.
Por otra parte, existen en abundancia otros residuos inorgánicos u orgánicos que pueden ser reciclados --de hecho algunos lo son— o tratados para su conversión a otras fuente de energía o la obtención de nueva materia prima. En este sentido, es común que el plástico o el vidrio integren los circuitos de reciclaje, por ejemplo.
Los residuos orgánicos son los que más han demorado en incorporarse a los circuitos de recolección y tratamiento. Sin embargo, la cantidad que se genera en el país es considerable y hasta podría ser rentable económica, social y ambientalmente, como lo demuestran algunos emprendimientos que han comenzado a desarrollarse.
Según datos oficiales, el litoral sur del país es donde se genera mayor cantidad de residuos orgánicos provenientes de las producciones lecheras, porcinas y de engorde en corral: en Montevideo y Canelones generan entre 40.000 y 90.000 toneladas por año. En tanto en Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, San José y Florida generan entre 15.000 y 40.000 toneladas por año de residuos orgánicos en sectores agroindustriales y productivos.
La zona de menor generación de residuos es la de los departamentos del noroeste, que incluye Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres, y el departamento de Maldonado, los que tienen un promedio de entre 1.000 y 5.000 toneladas de residuos por año.
Las cifras incluyen los residuos generados por los sectores agroindustriales de engorde a corral, producción intensiva de aves, tambos, porcinos, frigoríficos, cervecería y maltería, curtiembres, azúcar y alcohol, faena de aves, industria oleaginosa, bodegas, industria láctea, elaboración de productos cárnicos y lavadero de lanas.
La información surge de mapeos de generación de este tipo de residuos –que incluyen información sobre cantidad, ubicación, características, carga orgánica y humedad, entre otros elementos a analizar-- realizados por el proyecto Biovalor, que funciona desde 2014 y es llevado adelante por los ministerios de Ganadería y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Dicho proyecto asesora a productores para la generación y uso de biogás y facilita información para la toma de decisiones de inversiones para el agregado de valor a esos desperdicios y efluentes.
Según sus responsables, actualmente ese modelo es muy atractivo en el sector porcino, en el que se utiliza calefacción para el cuidado y crianza de lechones, y que actualmente le implica al productor un consumo alto de energía en calefacción.
El proyecto trabajó en la generación de información en relación con las tecnologías que se pueden aplicar en Uruguay en esa materia, en conocimiento de sus costos, requisitos técnicos y necesidades ambientales, también con el espíritu de facilitar información. Recientemente, el proyecto Biovalor seleccionó once propuestas piloto –de un total de 19 presentadas-- de emprendimientos agropecuarios que desarrollarán experiencias de valorización de residuos orgánicos. Los beneficiados invertirán 1,8 millones de dólares, con una contraparte estatal de un millón de dólares para producir biogás, combustibles alternativos, fertilizantes orgánicos-minerales, tecnologías y pirolisis (un proceso termoquímico por el que el residuo orgánico se transforma en una mezcla líquida de hidrocarburos, gases combustibles, residuos secos de carbón y agua).
Actualmente se trabaja en la definición de instrumentos de apoyo para la cofinanciación de esas inversiones, fondos permanentes que puedan facilitar la inversión en proyectos de valorización de residuos, incluso con una visión amplia que salga del agro y también sume los residuos urbanos. En este sentido, desde el ministerio se recordó que la Ley de Promoción de Inversiones cuenta con ventajas para ciertos emprendimientos, por ejemplo, aquellos de producción más limpia, lo que vuelve más atractivos los proyectos y es una forma de apoyar su financiamiento.
Para 2018 se espera contar con un instrumento de promoción que incluya exoneración impositiva, pago diferencial de energía u otro fondo de valorización para residuos, para permitir que esto continúe y no sea simplemente el impulso de un proyecto con financiamiento internacional.
Este proyecto resulta una innovación interesante en un sector en el que existe alguna experiencia al respecto, pero que hasta la actualidad está lejos de ser una práctica habitual, por lo que es importante contar con información actualizada de alcance nacional. En este sentido, los mapeos realizados constituyen una nueva y útil herramienta que provee elementos para tomar decisiones.
La idoneidad de nuevas herramientas, fruto de la asociatividad y la colaboración público-privada está empezando a mostrar su viabilidad al existir inversores interesados y sería un beneficio para el país que este tipo de iniciativas aumentaran en el corto plazo.
En este sentido, dado lo innovador del asunto y lo importante que resulta para la calidad ambiental la existencia de procesos de tratamiento y agregado de valor a los desechos y efluentes que producen los emprendimientos productivos, sería bueno que las inversiones que realicen los productores –entre los que hay medianos productores y pequeños asociados— puedan contar en tiempo y forma con incentivos fiscales, al menos, en el mediano plazo de inicio de la nueva actividad.