Locales | 23 Feb La Comisión de Asuntos Laborales de la Junta Departamental será recibida el 1º de marzo, a las 17 horas, por el directorio de Ancap, donde se planteará –entre otros asuntos-- la problemática de las cooperativas sociales que no renovaron su contrato con el organismo, al tiempo que la mesa coordinadora organizó una marcha por 18 de Julio, en apoyo a más de 40 trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento de áreas verdes en la planta de Portland.
En el último plenario, la Junta Departamental resolvió acompañar las movilizaciones de la mesa coordinadora de las cooperativas sociales “porque entendemos que son necesarias en Ancap y para la población de Paysandú”, dijo el presidente del deliberativo departamental, Francisco Gentile. El edil recordó que la tarea de las cooperativas “arrancó en 2005, durante la administración de Julio Pintos en la Intendencia; en 2010 no se les renovó el contrato y fueron absorbidas por Ancap”.
El edil mocionante del apoyo a las cooperativas, Roberto Ciré, adelantó que el 1º de marzo la comisión de Asuntos Laborales de la Junta será recibida por el directorio del ente petrolero a las 17 horas. “Vamos a abordar el tema de Ancap en su conjunto, más allá de las cooperativas sociales, porque creemos que detrás existe una decisión de fondo relacionado con aspectos que no compartimos”, consignó. Ciré aclaró que “el plan estratégico” del organismo “quedó a mitad de camino” y anunció que “iremos en buenos términos, pero cuestionaremos algunas decisiones tomadas”.

LOS SINDICATOS
La mesa departamental del Pit Cnt apoyó la convocatoria ante la complejidad de la situación que atraviesan “mujeres jefas de hogar que se encontraron con la noticia que se quedarían sin trabajo”, dijo su coordinador, Carlos Bico. El dirigente reconoció que el empleo “es un tema de preocupación y esta situación en particular, porque las trabajadoras habían recibido la confirmación de su continuidad en el mantenimiento del parquizado, y ese día de tarde se les confirma que no se firmaría el convenio”, e incluso algunas integrantes “no tienen siquiera para completar un seguro de paro”.
Consultado sobre las posibilidades que presentan estas modalidades como una salida laboral para una población vulnerable, Bico señaló a EL TELEGRAFO que “es una alternativa válida, pero en el caso de que no se confirme a las cooperativas, igualmente se contratarían a empresas privadas o tercerizadas. Nosotros preferimos que los trabajadores sean dueños del emprendimiento laboral”.
El sindicato de la construcción (Sunca) apoyó la marcha bajo un alerta por la falta de empleo en el departamento. “Si esto no cambia, también le tocará en junio o julio a las cooperativas de la construcción que están en Ancap, que son unos 200 trabajadores. Salimos a reclamar por los puestos laborales que se pierden, porque ya tenemos al menos un 85 o 90% de trabajadores de la construcción sin trabajo”, dijo el dirigente Mauro Medina. “Lamentablemente a los actores que tienen que actuar, no se les mueve un pelo, por eso estamos alerta y queremos impulsar una propuesta de un 'Paysandú entre todos', con los trabajadores en calle pero también con los actores políticos que tienen que estar de nuestro lado”, enfatizó.
El presidente de Federación Ancap (Fancap), Horacio Depratti, manifestó que el sindicato está en desacuerdo con “la reducción que nos plantean en las plantas” y “cuando se presentó el plan estratégico concordamos con algunos aspectos, pero no con la reducción de personal”. Depratti recordó que el directorio planteó una readecuación “en un mayor plazo de tiempo y que se presenten a través de las jubilaciones, pero actualmente nos plantean estas reducciones en un año y medio porque tienen el objetivo que para el 2018, la parte de Cemento no dé pérdidas. Para eso deben reducir entre 200 y 220 puestos de trabajo en toda la industria cementera y eso implica unos cien puestos en Paysandú”.
El dirigente precisó que Fancap “tenía una reunión prevista con el directorio la semana pasada que se suspendió y no sabemos los motivos”, donde iban a consultar las razones de la rescisión del contrato con las cooperativas.

LAS COOPERATIVAS
Las cooperativas sociales se crearon por ley en 2006, bajo la égida del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “En primera instancia surgió a partir del programa Uruguay Trabaja y estas seis cooperativas de Ancap, salieron de estos programas en 2006 y comenzaron a trabajar en 2007”, explicó el asistente social Aníbal Erramuspe. El encargado de asesorar a las cooperativas en la oficina territorial del Mides añadió que se instalaron con el fin de “crear puestos de trabajo para personas que han tenido dificultades de acceso al mercado laboral”. Dicho objetivo “se ha cumplido”, en tanto “hoy tenemos unas 400 cooperativas sociales que trabajan en todo el país”, de las cuales se han conformado 40 en Paysandú y un total de 35 permanecen activas. “El principal cliente es el Estado y en el presente período del gobierno municipal comenzaron a trabajar varias de ellas. Si se observan a las personas que limpian las calles, todas pertenecen a cooperativas sociales, absolutamente todas”, remarcó.
Erramuspe informó que los convenios “comenzaron a firmarse en 2011 y se renovaron el año pasado, con la presidencia de Marta Jara, o sea que el convenio entre Mides y Ancap está renovado. Esta decisión de no renovación de contrato no es del directorio de Ancap, sino de la gerencia, por lo que tenemos entendido. Por eso aspirábamos a que nos dieran estos seis meses para concretar un plan de trabajo razonable junto a las cooperativas”, reseñó.
El presidente de la mesa coordinadora, Ruben García, se manifestó “optimista” de arribar a una solución “a través de la movilización y lucha de los trabajadores”. Según el referente, “el directorio de Ancap no entiende la necesidad que tienen estas 40 familias y si se hubiesen asegurado seis meses de trabajo, esta situación no se daba porque existía un compromiso de contrato para que posteriormente presentasen un nuevo proyecto”.
Detalló que la mesa mantuvo reuniones con el Pit Cnt, la mesa política del Frente Amplio, la Junta departamental, y “hemos enviado notas al directorio de Ancap y a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi”.
La diputada del Frente Amplio, Cecilia Bottino, precisó a EL TELEGRAFO que su rol es “articular con el Mides, porque sabemos que la ministra tiene la voluntad para que se cumpla el acuerdo realizado a fin de año con Ancap. A su vez, como legisladores hacemos un seguimiento de las leyes”. Explicó que “cuando se creó la ley de estas cooperativas, específicamente hay un artículo que dice que tiene que ser una política de Estado la promoción y el mantenimiento de las cooperativas sociales. Por eso apoyo la iniciativa, como lo hice en su momento cuando integré la dirección del hospital de Paysandú, donde fuimos pioneros con la contratación de cinco cooperativas”, concluyó.