Nacionales | 27 Feb Francisco Sanabria, el dueño de Cambio Nelson, aseguró que en las próximas horas regresará a Uruguay para presentarse ante la Justicia. El cambista confirmó que "por unos días" no estuvo en Uruguay y que había viajado a un país del Mercosur, según un audio que divulgó Subrayado.
“A veces, por cosas de la vida, heredamos cuestiones que hacen que uno esté en lo que significa 'las formas', 'la documentación', para ser claro. Pero a veces también quien está en la forma no es quien realmente hace las cosas. Puedo asegurar con pesar y con una angustia tremenda que nada de esto fue ni ideado ni planeado, sino que se intentó salvar algo que heredamos y que venía muy mal”, dijo Sanabria.
“No han quedado ni quedarán bienes de nuestra familia que no estén a disposición de quienes deben estar para cumplir lo que hay que hacer: cumplir”, afirmó y agregó que “quedamos endeudados todos en millones y millones de dólares intentando hacer lo que hay que hacer. Y la cara la vamos a dar como la hemos dado siempre, no hemos dejado de responder un mensaje”, puntualizó.
El empresario, de 35 años, ahora exsuplente del diputado Germán Cardoso, de Vamos Uruguay, es dueño de varias emisoras radiales y de parte de una compañía de televisión por cable. Posee una empresa de transporte y una agencia de viajes que tiene su sede en Punta del Este. Tiene dos lujosos edificios de apartamentos allí y es propietario de un tambo sobre la ruta 9.
Sanabria se defendió después de haber cerrado su negocio y abandonar el país dejando numerosas deudas. Dijo en un audio difundido por allegados que regresará a Uruguay para dar la cara. Según supo El Observador, Sanabria intenta juntar US$ 500 mil que le permitan hacer frente a los reclamos judiciales por cheques librados sin fondos, que es un delito. En total, se estima que hay deudas no judicializadas por unos U$S 15 millones. Varias personas tenían cuentas corrientes en Cambio Nelson, institución no autorizada para brindar ese tipo de servicios. De ese total, U$S 2,5 millones aproximadamente correspondían a Redpagos y ya fueron saldados por el empresario.
“Faltan pocas horas para que nos presentemos donde corresponde: en la Justicia. Nos hemos enterado por amigos de lo que los medios dicen, reflejo obviamente de una realidad. Pero hay otra parte de la realidad que debemos explicarla y que debemos dejar que nos pregunten”, dijo el empresario.
“En su momento, cuando pasó lo que pasó, asumimos responsabilidades en los documentos que podíamos haber perfecto evadir, pero hicimos el mayor esfuerzo por más de un año para cumplir, por y para cumplir”, agregó.
“Se le cumplió a mucha gente. Muestra de ello será ver cómo quedó el estado patrimonial. (...) Es cierto, por unos días no he estado en Uruguay, pero en horas lo estaré. Pero también es cierto que he estado dentro del Mercosur, para ser bien gráfico, muy cerquita, a no más de dos horas del querido país, intentando buscar más soluciones para algo que realmente no es triste, es tremendo. Parece sinceramente una película de terror para todas las partes”, admitió.

FUNCIONARIO DEL INAU ABUSABA DE MENOR
La jueza Adriana de los Santos procesó con prisión al funcionario del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) que el sábado fue denunciado por abusar de un menor, informó la magistrada a Telenoche.
De los Santos le imputó al acusado reiterados delitos de atentado violento al pudor luego de que el instituto recibiera una denuncia de la familia del menor afectado. El INAU denunció el sábado a través de un comunicado un nuevo caso de abuso sexual a uno de sus internos por un funcionario en uno de los hogares integrales del organismo.
El proceso administrativo comenzó el 21 de febrero y se llevó a cabo “con el máximo de garantías para el niño afectado en forma directa y para otros niños del hogar afectados por el incidente”.
El sindicato de los trabajadores de INAU emitió un comunicado a través de su cuenta de Facebook y repudió el delito cometido por el funcionario. “El hecho tiene ribetes deleznables y se agrava porque el implicado es justamente quien tenía como función la de cuidarlo, educarlo y protegerlo”, expresan.
“No podemos más que condenar enfáticamente la conducta injustificable de quien con su accionar nos avergüenza y nos entristece a todos, porque además de trabajadores, tenemos familia”, indica el comunicado.
Finalmente, el sindicato informó que “es por ello que, sin perjuicio de que como ciudadano tiene derecho a ser defendido, nuestros abogados no lo representarán, es decir que nuestro sindicato no asumirá su defensa”.

MUTUALISTA SALTEÑA DESMIENTE AL MINISTRO
El presidente de la Sociedad Médica Quirúrgica de Salto --mutualista que gestiona la autorización para el funcionamiento de un IMAE cardiológico ante el Ministerio de Salud Pública (MSP)--, Arturo Altuna, discrepó con las afirmaciones del ministro Jorge Basso durante la interpelación de la pasada semana, en cuanto a los argumentos expuestos para impedir que en esta zona del país se instale un centro de atención para pacientes con patologías coronarias.
Altuna, en una reunión mantenida el viernes con integrantes del Comité Pro IMAE (organización civil que lucha por la instalación del centro) y acompañado por el representante del Sanatorio Panamericano Tomás Dieste, señaló que no compartía los argumentos esgrimidos por Basso en el Parlamento y precisó que no solo fueron cambiando durante el desarrollo de la interpelación, “sino a lo largo del tiempo” desde que empezó a discutirse el tema. “El ministro dijo que no habían tenido ninguna propuesta (para instalar un IMAE) y eso no es así. Tenemos la creación de una propuesta de un centro cardiovascular en Salto desde 1998”, acotó Altuna.
También se refirió a las expresiones de Basso sobre que aún no había un grupo inversor interesado en el proyecto. “En realidad, no se necesita ningún grupo inversor. La inversión ya se hizo y ya están la planta física y los técnicos. Nos llamó mucho la atención de que en la interpelación surgiera lo de que no existía ninguna propuesta”, precisó Altuna.
Recordó que en noviembre pasado hubo una reunión en la que él participó y en la que estaban Basso; la subsecretaria, Cristina Lustemberg; la directora del Fondo Nacional de Recursos (FNR), Alicia Ferreira; el presidente de la Federación Médica del Interior (FEMI) y el presidente del Sanatorio Americano, en la que este último expresó su voluntad de “trabajar en la localidad de Salto y cubrir a los pacientes con patologías coronarias de allí”. Durante la convocatoria de Basso, el diputado interpelante, Martín Lema, mostró este documento luego de que el ministro advirtiera que no había ninguna propuesta concreta para instalar un IMAE en Salto.
En cuanto a las apreciaciones de Basso de que el funcionamiento de un IMAE en Salto sería deficitario, Altuna señaló que los argumentos siguen siendo excusas. “En realidad, el servicio es deficitario hoy. Estamos gastando y teniendo una capacidad ociosa. Los números nuestros no nos dan ningún déficit. Y el tema no es enfocar esto como un negocio. Estamos pensando que la región necesita este servicio”, precisó.
La directora del FNR dijo en la interpelación que, aunque todos los usuarios del país se operaran en el IMAE cardiológico de Salto, el déficit sería de $ 13 millones. El próximo 15 de marzo, el Comité Pro IMAE comenzará una campaña de recolección de firmas a favor de la instalación del centro.

GERENTES DE ANCAP EN LA MIRA DE LA JUSTICIA
Las declaraciones del propietario de la agencia La Diez, Pablo Álvarez, y del dueño de la empresa de fiestas Latin Design & Events, Marcelo Rodríguez, en el caso Ancap, transforman en clave la audiencia judicial del jueves 2. Allí declararán en calidad de indagados mandos gerenciales y medios del organismo sobre una fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, realizada el 27 de agosto de 2013, cuyo costo superó los U$S 370.000, relata El País.
El viernes 24, Álvarez y Rodríguez testificaron ante la jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco sobre los detalles de la organización de dicha fiesta.
Ambos empresarios señalaron que desconocían que los gastos de la fiesta llegaran a consideración del directorio de Ancap y resaltaron que otros insumos para el encuentro —contrataciones de seguridad privada, cocinero particular para la expresidenta argentina Cristina Fernández y otros requerimientos de la entonces jerarca— fueron contratados directamente por mandos medios, señalaron fuentes del caso.
“Yo me encargué de determinadas tareas de la organización de la fiesta. Otros equipos de Ancap realizaron otras contrataciones: seguridad, catering, traslados y estacionamientos vigilados. No eran contratos que yo hacía”, insistió Álvarez.
La agencia La Diez fue contratada mediante licitación por Ancap para realizar eventos publicitarios. Cobraba $ 95.000 mensuales por sus servicios. A su vez, La Diez subcontrataba a Latin Desing & Events cuando debía organizar un fiesta de magnitud.