Opinion | 01 Mar El presidente Tabaré Vázquez cumple hoy dos años de mandato en su segunda presidencia y utilizará nuevamente la cadena de radio y televisión en donde analizará las medidas implementadas en las distintas áreas de su gobierno, desde el 1º de marzo de 2015, ante lo cual solicitó a cada ministerio información “cuantitativa y cualitativa”, con hincapié en la educación.
Cabe recordar que durante su campaña electoral, el titular del Poder Ejecutivo prometió bajar 30% las rapiñas y lograr una tasa de egreso del 75% en la enseñanza media o la inclusión del 100% de los adolescentes menores de 17 años en el sistema educativo antes de 2020. En oportunidad de su campaña, los técnicos afectados a las distintas áreas –incluida la ministra de Educación María Julia Muñoz-- ya especulaban que esas promesas serán incumplidas, a pesar de reiterar que “si me comprometo, cumplo”.
Vázquez prometió un descenso de la inflación hasta el 5% en los primeros 18 meses de gestión, pero los análisis, previsiones y confirmaciones efectuados por los analistas del Banco Central visualizaron un escenario difícil. Tanto como el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación, que a pesar del anuncio oficialista de un avance gradual, los docentes permanecen incrédulos ante los recursos destinados y las áreas incluidas bajo el factor educativo.
Con un déficit fiscal que subió al 4% del PBI y la confirmación de uno de los guarismos más elevados en los últimos 13 años, se presentan dificultades para dominar la presión inflacionaria. Los distintos gobiernos han bajado las tarifas públicas para su control, pero dadas las características de este guarismo --desde la crisis de 2002 no se veía un rojo tan elevado-- el gobierno está impedido de utilizar dicha estrategia. La otra medida es el tipo de cambio, pero la moneda estadounidense sostiene su tendencia al alza y registra mayores aumentos, en comparación con los países de la región, en tanto lleva a una pérdida de la competitividad para las exportaciones.
De hecho, la preocupación del Ejecutivo se manifestó a través de las palabras del ministro Astori, durante el Consejo de Ministros efectuado en Treinta y Tres: “La gente quiere mejorar sus retribuciones, estamos hablando de los salarios del sector público en este caso, pero también es cierto que es necesario tomar en cuenta la realidad nacional, porque hay que actuar con mucha cautela en el terreno fiscal, el país tiene un déficit que no solo no puede seguir profundizando, sino que tiene que achicar”.
En realidad, el ajuste fiscal que rige desde el 1º de enero de este año es una promesa incumplida. En noviembre de 2014, el entonces candidato aseguró que “la continuidad de la política económica está garantizada y no está planificado ni en el horizonte ningún incremento de la carga impositiva”. Esta promesa tenía, a su vez, el respaldo del entonces vicepresidente de la República, Danilo Astori.
Sin embargo, a comienzos de octubre de 2016, los 50 diputados que tenía el Frente Amplio consagraron ese ajuste y la reasignación de recursos para la educación. Y se debe recordar que esta promesa no cumplida fue advertida por la senadora Constanza Moreira: “No fue feliz prometer la no suba de impuestos” durante la campaña electoral y reafirmó que ella “no lo hubiera hecho nunca”, porque si “se reduce la tasa de crecimiento como resultado de una coyuntura externa desfavorable”, hay que elegir entre subir los impuestos o la concreción de un ajuste fiscal, que es “horrible” porque recae “siempre sobre el gasto público”.
Su sector, Casa Grande, propone “gravar más arriba y descomprimir a la clase media”, además de otras medidas de sostenibilidad del gasto como “la reforma de la Caja Militar, el aumento en la tasa de IRAE, la revisión de las exoneraciones, el aumento del impuesto al patrimonio, el aumento al impuesto a las transacciones financieras, a las herencias y a los juegos de azar”. Moreira, quien también preside la Comisión de Programa del Frente Amplio, está de acuerdo en la no devolución del Fonasa y argumentó que cada trabajador paga un porcentaje de su sueldo y si se devuelve dinero, aquellos que perciben mayores salarios terminan pagando un porcentaje menor. Cuando tuvo que defender el ajuste fiscal, el presidente Vázquez aseguró que “el 80% de este modesto aumento impositivo grava al 10% de la población”, porque “el país tiene que ir en la línea de que pague más el que tiene más”. Por eso Astori prefiere llamarle “consolidación fiscal” y no “ajuste fiscal”, porque es “muy distinto” a lo que se hizo en otras épocas. En este sentido, comparó que “el ajuste que hizo el Partido Nacional en 1990 fue de cinco puntos del Producto, 5,2. Eso es un ajuste fiscal muy grande. Este es de un punto”.
Claro que hubiera sido más fácil que durante “la década ganada”, con recaudaciones récord, se hubiese ahorrado para la conformación de un fondo o algo así como un colchón que amortiguara estas caídas y no se apelara a las eternas comparaciones sacadas de contexto, máxime si se toma en cuenta que Astori fue ministro de Economía en la primera presidencia de Vázquez y vicepresidente durante la gestión de José Mujica.
Ocurre que este ajuste ya afecta al consumo porque disminuye el ingreso disponible en los hogares, baja el nivel de actividad. Astori, o sea el responsable de la conducción económica en los últimos diez años, también reconoció que “tenemos un exceso importante de funcionarios públicos” y por eso decidió que por cada tres vacantes, se tomen dos trabajadores.
Es importante destacar que, según la Oficina Nacional del Servicio Civil, entre 2004 y 2014, en Uruguay pasamos de 229.454 a 292.473 empleos públicos y a eso hay que sostenerlo. Por no haber ahorrado cuando la circunstancia lo ameritaba, hoy se debe soportar un ajuste fiscal que no estaba en el programa ni en las promesas, bajo definiciones edulcoradas que confirman –nuevamente-- que el déficit nos encontró mal parados.
No obstante, una parte de estos recursos obtenidos se destinará a la compra de aviones a personas cercanas al gobierno por un precio que ya no se adquiere en el mercado bajo la condición que tendrán un destino “multipropósito”.
Y finalmente, el anunciado descenso de las rapiñas no ocurre ni en el escenario más optimista, en tanto configura un punto de inflexión en las políticas que lleva adelante el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, e incluso confirma que tampoco lo lograron los gobiernos que asumieron desde el advenimiento de la democracia. Ante tales dificultades, Vázquez solo se refiere al tema bajo “un fuerte compromiso en reducir drásticamente el delito de rapiña”, de acuerdo con el último mensaje de similares características emitido el año pasado.
Como sea, el presidente Tabaré Vázquez nuevamente tendrá hoy su última palabra.