Nacionales | 03 Mar La jueza de Crimen Organizado Beatriz Larrieu anunció que citará al vicepresidente Raúl Sendic para que declare en el marco de la investigación por el caso Ancap, pero no especificó cuándo sería o el motivo concreto de la convocatoria.
Por otro lado, en lo que se consideró como una instancia judicial clave en el caso, el jueves declararon en calidad de indagados ante Larrieu y el fiscal Luis Pacheco mandos gerenciales y medios de Ancap sobre la fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, realizada el 27 de agosto de 2013, cuyo costo superó los U$S 370.000.
Fuentes vinculadas al caso confirmaron a El País que este jueves se presentaron documentos sobre la polémica fiesta. La jueza, al ser consultada sobre si no le parecía elevado el costo de la celebración, afirmó que no emitiría ninguna calificación porque eso sería incurrir en un prejuzgamiento.
La semana pasada declararon el propietario de la agencia La Diez, Pablo Álvarez, y el dueño de la empresa de fiestas Latin Design & Events, Marcelo Rodríguez, en torno a la organización de dicha fiesta.
Ambos empresarios señalaron ante la magistrada y el fiscal del caso que desconocían que los gastos de la fiesta llegaran a consideración del directorio de Ancap, en tanto resaltaron que otros insumos para el encuentro fueron contratados directamente por mandos medios.

POSIBLE NUEVA DENUNCIA
El senador del Partido Independiente (PI) Pablo Mieres, uno de los denunciantes ante la Justicia de Crimen Organizado de presuntas irregularidades en la gestión de Ancap, evalúa la presentación de una nueva carpeta relacionada con el resultado de una auditoría relativa a la compra de petróleo crudo entre 2014 y 2016, adelantó el legislador.
Mieres había incluido en el informe parlamentario que presentara como conclusión de su trabajo en la comisión investigadora sobre Ancap bajo las presidencias de Daniel Martínez y Raúl Sendic un cuestionamiento a la forma de adjudicación de las compras de crudo.

ONU OBSERVA A URUGUAY POR REGULACIÓN DE MARIHUANA
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas reiteró en su más reciente informe anual sobre control de drogas que la regulación del uso no medicinal de la marihuana que pretende implementar Uruguay va en contra de los tratados acordados en ese organismo. La JIFE señala que "si bien esta política aún no se ha aplicado plenamente, la Junta desea reiterar su posición de que tal legislación es contraria a lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas".
El artículo 4º de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 indica que los Estados están obligados a “limitar exclusivamente la producción, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de estupefacientes a los fines médicos y científicos".
En segundo lugar, la Junta citó el artículo 3º de la Convención de 1988 en el que se indica que un Estado debe adoptar “las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno [...] la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la oferta para la venta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, el corretaje, el envío, el envío en tránsito, el transporte, la importación o la exportación de cualquier estupefaciente […] en contra de lo dispuesto en la Convención de 1961”.
Desde la JIFE aseguran que se continuará el diálogo con el gobierno uruguayo para "alentar al país a cumplir con lo dispuesto en los tres tratados de fiscalización internacional de drogas".

CONCURSO JUDICIAL PARA NEGOCIAR DEUDAS DEL CAMBIO
Mediante abogado, el empresario Francisco Sanabria presentó a Camvirey S.A. a concurso judicial. De esa manera intentará hacer frente a las deudas de los acreedores del Cambio Nelson, que se ubican entre los U$S 5 millones y los U$S 12 millones. Según dijeron a El Observador allegados al empresario, el resultado que tenga el concurso definirá su retorno al país. El empresario y exdiputado suplente del Partido Colorado abandonó el país el 24 de febrero, horas antes de que el juez de la causa, Marcelo Souto, decretara el cierre de fronteras y librara captura a nivel nacional.
Cuando el concurso lo pide el deudor, debe presentar a la Justicia un inventario con bienes y una lista con las personas a las que debe dinero. En el concurso también puede pedirse la liquidación de la empresa.
El juez de concursos tiene dos días para expedirse y definir si acepta el concurso. Si lo acepta, podrá tomar medidas cautelares como prohibirle salir del país o embargarle sus bienes. Ayer, por orden judicial, se le incautaron dos vehículos de alta gama.
Por otra parte, el Banco Central del Uruguay resolvió inmovilizar los bienes y suspender las actividades de Camvirey S.A. por no haber informado sobre el cierre de sus dependencias con la antelación requerida por la normativa vigente. Cuando una casa de cambio decide cerrar, debe informar a la Superintendencia de Servicios Financieros con un preaviso de 15 días hábiles.
Esa comunicación debe ir acompañada de un testimonio notarial de la resolución adoptada por los accionistas en la que también debe figurar la fecha de cierre y sus motivos.
La Unidad de Información y Análisis Financiero dispuso la inmovilización de los activos de la empresa y de su titular en el sistema financiero, informó la autoridad monetaria en un comunicado.

LACALLE POU PRESENTÓ 20 PROPUESTAS AL PODER EJECUTIVO
El senador Luis Lacalle Pou se mostró crítico de la gestión del presidente Tabaré Vázquez al presentar este jueves una serie de medidas que hará llegar al gobierno.
Desde la Torre de las Telecomunicaciones de Antel, el líder del sector Todos, anunció 20 propuestas que refieren a economía, trabajo para los jóvenes y política exterior.
El senador se mostró crítico con la cadena nacional realizada por el presidente Tabaré Vázquez al cumplir dos años de mandato este miércoles. Dijo que "la capacidad contributiva de los uruguayos no da más" y que "la gran renuncia del gobierno en estos doce años es la educación".
Reclamó reorientar al Mercosur y cambiar la posición del gobierno del Frente Amplio sobre Venezuela; manejó la posibilidad de importar combustible refinado cuando la oportunidad económica lo amerite, con el objetivo de bajar los precios; hizo planteos para la educación y que los impuestos para el sector rural sean según la productividad