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Paysandú, Martes 07 de Marzo de 2017

HAY FUNCIONARIOS SEPARADOS DEL CARGO PREVENTIVAMENTE

Diputado Olivera pide que se aclare situación irregular de pago en ALUR

Locales | 04 Mar Con carácter urgente, el legislador solicitó la convocatoria del Directorio de Ancap a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes a fin de tomar conocimiento directo de las circunstancias que dieron lugar a esta situación irregular. La empresa ALUR habría pago, por error, la suma de 100.000 dólares cuando, en realidad, debía 100.000 pesos a un proveedor.
La gravedad del caso habría determinado el cese del gerente de la planta de ALUR SA, así como de otros jerarcas de la empresa subsidiaria de Ancap, indicó. En tal sentido, Olivera consideró imprescindible la comparecencia de las autoridades de ALUR ante la Cámara de Representantes a fin de que puedan brindar las explicaciones del caso, sobre todo “cuando este tipo de errores, se cometen con financiamiento de dineros públicos”.
“Es imperioso que las autoridades aporten datos sobre la existencia de casos similares, indicando a cuánto ascienden los pagos irregulares, a quién se efectuaron, qué acciones se han adoptado en tal sentido y cómo se va a obtener el reintegro de las sumas indebidamente abonadas”, indicó.
Para el diputado, es importante acceder a la información sobre cuántos funcionarios tiene la planta de Paysandú, cómo ingresaron, qué procedimientos de selección se han realizado y sus remuneraciones, entre otros aspectos.
Esta situación pone en evidencia “un claro déficit del control en el manejo y la gestión de las llamadas empresas subsidiarias del Estado”, que si bien son financiadas con dineros públicos, se rigen por el derecho privado y están por fuera de los controles, como por ejemplo, los que lleva adelante el Tribunal de Cuentas.
Recordó que desde 2016 se encuentra a estudio de la Comisión de Asuntos Internos de la cámara su propuesta para generar dentro del ámbito de la Cámara de Representantes una comisión especial que tenga por finalidad legislar, informar y asesorar en gestión del patrimonio público, con el objeto de dotar al sistema de mecanismos de control efectivos.


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