Nacionales | 04 Mar La justicia indaga a integrantes del directorio y mandos medios del Banco de Previsión Social (BPS) por la estafa millonaria en perjuicio del Fonasa, pero recién el jueves el BPS radicó la denuncia penal vinculada con la maniobra. La institución facilitó información a la justicia sobre las empresas registradas por el cabecilla de la banda de estafadores ya procesado.
Se trata de cuatro empresas fantasma que el BPS había dado de baja en noviembre. A pesar de tener una investigación en curso, el banco no radicó la denuncia hasta este jueves.
Según surge de los datos manejados por el BPS, las cuatro empresas truchas habían declarado a 540 trabajadores y estos estaban afiliados a mutualistas a través del Fonasa.
La justicia indaga ahora a integrantes del directorio del BPS y mandos medios para conocer por qué no se radicó la denuncia penal antes, a pesar de que las empresas ya estaban dadas de baja por irregularidades constatadas.
A su vez, la jueza penal de 16º Turno, Julia Staricco, pidió levantar el secreto tributario para poder tener acceso a la información del BPS vinculada con la maniobra. Este jueves la policía estuvo en el banco solicitando datos puntuales.
Hay cinco personas procesadas con prisión por la estafa, pero la jueza analiza si existió delito de intermediación lucrativa, previsto en el artículo 11 de la ley 18.131 que regula el Fondo Nacional de Salud. Además también se investiga si hubo asociación para delinquir.
En las últimas horas, policías de la Dirección de Información Táctica allanaron varias viviendas y detuvieron a un hombre que se desempeñaba como promotor de una mutualista. El sujeto es sospechoso de pagarle a los usuarios para cobrar por las afiliaciones.
Entre las mutualistas investigadas aparece el Círculo Católico, Casmu, SMI, Cudam, Gremca y la Asociación Española.
A raíz de la investigación judicial, el BPS amplió una investigación que venía realizando desde noviembre, según dijo a El Observador Rosario Oiz, integrante del directorio del organismo y representante ante la Junta Nacional de Salud (Junasa). Oiz remarcó que ya había "en proceso una investigación administrativa" por empresas dudosas y aseguró que las unipersonales en las que figuraban como titulares tres de los cinco procesados con prisión por la estafa, ya están dados de baja. A su vez, dos de ellos aparecían como dependientes de empresas de manera recíproca, es decir que uno era empleado del otro.
En diálogo con El Observador, la jerarca indicó que uno de los puntos a investigar son las 80 empresas fantasma que quien oficiaba de promotor del Círculo Católico dijo haber creado. Con respecto a la gerenta que declaró ayer como testigo, la directora del BPS afirmó que no ha sido investigada sino que, por el contrario, participó en investigaciones administrativas.
"En toda la investigación que nosotros hemos venido llevando adelante no solo por eso sino por otros casos, no tenemos ningún funcionario vinculado a una maniobra", dijo.

SENSIBLE BAJA DE LA INFLACIÓN
En los 12 meses cerrados a febrero, la suba del Índice de Precios al Consumo (IPC) fue de 7,09%, el menor guarismo desde diciembre de 2010.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE), la suba de precios en febrero fue de 0,5%, con lo que la inflación en los últimos 12 meses se desaceleró de 8,27% en enero a 7,09% en enero. El 7,09% es el menor registro de inflación en 12 meses desde diciembre de 2010 (cuando había sido 6,93%), la última vez que la suba de precios estuvo dentro de la meta del Banco Central de entre 3% y 7%.
La baja en los precios de frutas y verduras (cayeron 12,35% y 0,86% respectivamente) incidió en el dato tan bajo de febrero. De hecho, en igual mes del año pasado, el IPC había aumentado 1,6% y había llevado a la inflación en 12 meses a 10,23%. Esa fue la primera vez que la suba de precios alcanzaba los dos dígitos desde agosto de 2004.

BCU RECONOCE DÉFICIT FISCAL ELEVADO
El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Bergara, criticó en una columna publicada por La Diaria que se ponga "énfasis en una cuestión estrictamente numérica" al hablar de la situación fiscal del país, y señaló que de este modo "se pierde de vista que los números son resultado de dimensiones diversas que repercuten en el bienestar de la gente".
Igualmente reconoció que "no se puede tener cualquier nivel de déficit desde el punto de vista financiero", ya que "un desbalance elevado y permanente solo conduce a un creciente endeudamiento", pero esto no quiere decir que "los estados no puedan tener algún nivel de desbalance financiero estructural". Asimismo, aseguró que se debe reconocer que "siempre tenemos una restricción presupuestal", porque el hecho de no hacerlo "pone en riesgo la estabilidad de lo ya logrado, porque los desbalances drásticos llevan a retrocesos brutales en materia productiva y social".
Para el presidente del BCU, el déficit fiscal del Uruguay (de un 4% del PBI, el peor en 27 años y 0,7 puntos porcentuales por encima del de 2002) es "elevado y hay que extremar la cautela para llevarlo a niveles más prudentes que no generen incertidumbre en cuanto a la sostenibilidad de las cuentas del Estado".
A pesar de esto, Bergara considera que la situación es diferente al analizar los "contenidos de las políticas públicas que se expresan en el resultado fiscal", ya que "por más que el número sea parecido, no es lo mismo un déficit en un contexto de economía débil, con parálisis financiera y productiva, con un muy alto desempleo y con mucha pobreza, que uno enmarcado en una economía que crece, con bajo desempleo y pobreza más reducida".

ABOGADO DE SENDIC QUIERE TRASLADAR RESPONSABILIDAD
El abogado del vicepresidente Raúl Sendic, Gumer Pérez, evaluó positivamente el resultado de la segunda audiencia por el caso de supuestas irregularidades en Ancap porque, según dijo, quedó demostrado que fue el directorio el que definió los gastos de la polémica fiesta de inauguración de la planta desulfurizadora de La Teja, y no solo su defendido. Esta interpretación es opuesta a la que manifestaron los abogados de la oposición y de los funcionarios indagados, para quienes Sendic quedó como responsable del evento.
Según supo El Observador, si bien el gerente de relaciones institucionales declaró en el juzgado que el costo de la fiesta –que ascendió a U$S 360 mil-- se debió principalmente a que el directorio de Ancap ordenó hacer el evento apenas 15 días antes de su realización, también dijo que fue el propio Sendic –quien además presidía ese directorio– el que decidió dar servicio de catering e invitar a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kircher, lo que encareció el evento.
En defensa de Sendic, Pérez dijo que el gerente no tiene pruebas documentales de ese pedido ya que, según admitió en la audiencia solo se dio en conversaciones informales. Para el abogado, "los representantes de la oposición quieren hacer ver a Sendic como si fuera un rey que estaba en un trono y contrataba a quien quería y se pasaba por el forro al directorio" e insistió en que como presidente de Ancap, su defendido "es un voto más" en ese directorio.
Pérez solicitará que se amplíe la denuncia por la que la Justicia del Crimen Organizado investiga supuestos actos de corrupción en Ancap para que sea indagado el exdirector del ente en representación del Partido Nacional, Carlos Camy. El abogado de Sendic dijo que buscará que Camy responda por qué pidió que se incremente la inversión publicitaria para destinarla a actividades organizadas por la Federación de Karting del Uruguay y la Asociación de Volantes, con las que, según Pérez, el representante blanco está "vinculado".