Nacionales | 05 Mar A medida que avanza la investigación en el fraude que involucra al empresario Francisco Sanabria, con epicentro en el Cambio Nelson, con sus once locales, se maneja cada vez con mayor asidero que la causa pueda derivar al juzgado de Crimen Organizado, por cuanto hay componentes como posibles testaferros en propiedades y eventualmente lavado de activos.
Los pasos que se están dando actualmente apuntan por un lado al análisis por el juzgado penal de Maldonado a cargo del juez Marcelo Souto del contenido de los listados de los clientes de Cambio Nelson que fueron requisados en una de las propiedades de Francisco Sanabria que fueron allanadas.
Precisamente el hallazgo de una lista en la que figuran nombres de personas que depositaban dinero informalmente en el Cambio Nelson, abre un nuevo frente en la investigación al propietario del cambio y exdiputado suplente por el Partido Colorado, Francisco Sanabria. Según dijo una fuente judicial, las hasta ahora 12 denuncias presentadas contra el empresario por emisión de cheques sin fondo y desaparición de depósitos informales, representan apenas una pequeña parte de lo que figura en esa lista.
El documento, que fue sumado como prueba en la investigación que intenta dilucidar si Sanabria cometió un delito de lavado de activos, fue encontrado en los allanamientos realizados por orden judicial en las siete propiedades que el empresario tenía en Punta del Este, Maldonado, Manantiales y San Carlos. Estos allanamientos fueron realizados por una unidad especial de delitos financieros de Crimen Organizado.
Según supo El Observador, en los próximos días el juez penal Marcelo Souto citará a las personas que aparecen en esa lista, particularmente a aquellos que pese a tener depósitos en el Cambio Nelson --en algunos casos cientos de miles de dólares-- no han radicado ninguna denuncia penal ni policial luego de que cerró.
Esos son los casos que revisten mayor interés en la investigación que intenta verificar si podría haberse configurado un delito de lavado de activos. Se trata por lo general de empresarios que depositaban grandes sumas de dinero en pos de recibir intereses más beneficiosos a los que ofrecen los bancos formales, o que lo hacían en el cambio para evadir los controles del sistema financiero. Para la fuente judicial es difícil que presenten una denuncia porque significaría reconocer un capital que ellos mismos intentaron ocultar.
Por su parte, la presidenta del Frente Amplio en Maldonado, Susana Hernández, quien además es escribana, admitió tener depositado en Cambio Nelson el dinero de las garantías de compraventas en las que participaba. La dirigente declaró esta semana que "no es mucho dinero" por lo que decidió no hacer la denuncia.
Todos estos servicios están por fuera de la legalidad ya que son actividades que la normativa del Banco Central autoriza únicamente a bancos y a cooperativas de intermediación financiera pero no a cambios.
Cuando el pasado miércoles el cambio no reabrió como lo indicaba un cartel en la puerta de cada sucursal, y el Banco Central decidió suspender la autorización para funcionar como casa de cambio por cerrar sin previo aviso --algo prohibido por la normativa--, se sumaron cuatro nuevas denuncias a las ocho que había hasta ese momento.
Por otra parte, la Justicia cree que el empresario usó testaferros para ocultar bienes y así evitar que los acreedores del concurso le reclamen esos bienes.
En ese sentido, se investiga por qué, antes de salir del país, Sanabria le pidió a un amigo que le guardara un bolso que contenía U$S 250 mil, pero éste lo entregó a la Policía. En tanto, el juez intenta corroborar si Sanabria realizó una transferencia bancaria al exterior de U$S 2,5 millones que presuntamente provinieron de la venta de ganado.
Una vez que la Justicia avance en esas puntas de la investigación definirá si deriva el expediente al juzgado de Crimen Organizado de Montevideo.

MÁS PROCESADOS POR ESTAFA AL FONASA
La jueza Julia Staricco resolvió un sexto procesamiento por la estafa millonaria contra el Fonasa. En este caso se procesó a un hombre que era contratado por una empresa promotora para conseguir afiliaciones para la mutualista Círculo Católico, y que cobraba $ 3.500 pesos por cada afiliado que conseguía.
Staricco confirmó a El Observador que, a pedido de la fiscal Mónica Ferrero, le imputó el delito de intermediación lucrativa, que castiga con 4 a 24 meses de prisión a quien "por cualquier medio ejecute o encomiende ejecutar actos de intermediación lucrativa, actos de promoción o publicidad, con la finalidad de captar socios o afiliados para las instituciones de asistencia médica privada, sean éstas colectivas o particulares".
A su vez, continúa prófugo otro promotor de la mutualista Círculo Católico que fue identificado como el responsable de la creación de más de 80 empresas truchas, que ponía a nombre de distintas personas, a través de las cuales se lograba inscribir a usuarios de este centro de salud cuando en realidad no tenían derecho a serlo porque no aportaban al Banco de Previsión Social (BPS).
La magistrada dijo que el lunes se retomará el caso con indagatoria a personal del BPS.
Además del procesado en la noche del viernes, fueron procesadas otras cinco personas.
La investigación apunta además a siete prestadores privados. Concretamente se indaga si personal de las mutualistas del área comercial y de captación de socios formaba parte de las maniobras, ya que el dinero de las cápitas que paga el Estado por cada socio ingresaba a las mutualistas.

REAPERTURA POSTERGADA
El Molino Dolores todavía no puede reabrir y comenzar a moler porque la Justicia no accedió al pedido de concurso que se le había realizado. La situación es "complicadísima" y afecta a unos 250 trabajadores, dijo a El País el dirigente del sindicato molinero Federico Barrios. "La expectativa era que antes del 5 de marzo estuviera decretado el concurso y eso no sucedió. Igualmente, por datos que tenemos, algún trabajador podría pedir el concurso. Y el socio mayoritario nos dice que va a pedir el concurso. Pero hasta hoy no lo hizo", explicó Barrios. En setiembre del año pasado el socio minoritario de Cereoil (propietaria del molino), el grupo estadounidense Seabord, que tenía el 45% de las acciones, solicitó el concurso.