Opinion | 08 Mar Una enorme mayoría de uruguayos hemos recibido con indignación las noticias sobre la megaestafa que tiene como destinatarios al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el Banco de Previsión Social (BPS), pero que, al fin de cuentas, es una estafa a todos los ciudadanos que aportan directa o indirectamente a estos organismos.
El sentimiento de impotencia es general porque, cualquiera sea la magnitud final de estos fraudes, la única forma de que se pueda cometer tales delitos durante seis años es porque fallan los mecanismos de control o las personas que tienen a su cargo esta tarea. No hay sistemas impenetrables si no se suman complicidades u omisiones que permitan que se vulneren los supuestos obstáculos para pergeñar y concretar tales estafas.
Y no es por falta de burocracia, que sobra. El punto es que precisamente la maraña burocrática, tal como está concebida, con dilución de responsabilidades y suma de trámites, termina por desvirtuar el objetivo principal de establecer garantías sobre el manejo de los dineros públicos.
En este caso concreto, se podría asumir que estamos ante una estafa que no fue ideada por hackers, sino que se aprovecharon las vulnerabilidades del sistema con la complicidad de operadores desde adentro de los organismos involucrados, como es el perfil en el que se centra la investigación judicial.
Ante estos hechos, ya organismos del Estado pusieron en marcha investigaciones para detectar las fallas que permitieron llevar a cabo el delito, porque durante años supuestas empresas fantasmas figuraron con empleados que no solo implicaron costos a través del sistema mutual, también pagos por prestaciones y seguros al BPS.
Todo indica que no pudo concretarse una maniobra de estas características sin complicidades dentro del Banco de Previsión Social (BPS), pese a que su vicedirectora se haya apresurado a descartar cualquier participación de funcionarios del organismo, en lo que aparece más como un reflejo corporativo que como una postura lógica de una jerarca interesada en que las cosas lleguen hasta las últimas consecuencias. Mientras pasan elefantes por el frente de su casa, el dueño se ha dedicado a matar hormigas en el jardín. De la misma forma, las grandes beneficiarias de la maniobra, que han sido las mutualistas por los pagos recibidos del Fonasa, tienen a priori un grado de sospecha basado en este beneficio, pese a que no necesariamente tienen que estar al tanto de las maniobras de altas y bajas de empresas y empleados.
Lo que surge claramente es que nuestra cultura e idiosincrasia, conjugada con controles light o inexistentes, permite que el Estado sea concebido como una fuente inagotable para mil y una formas deextraerle recursos.
Por otra parte, la reforma de la Salud que debía ser en beneficio de la población más vulnerable ha logrado el efecto contrario, generando un mercantilismo de la asistencia a todo nivel como nunca se ha visto en Uruguay, donde cada procedimiento por sencillo o elemental que sea tiene un alto costo --en general para el Estado--, y donde algunos médicos, técnicos, sindicales o simplemente terceros se ponen en lugar de empresarios que amasan fortunas, mientras el sistema y algunas de las más importantes mutualistas del país tambalean.
Sin ir más lejos, es sabido por todos las maniobras con empresas tercerizadas en centros de salud de ASSE, por pagos de horas extra y servicios inexistentes, que derivaron incluso en procesamientos como el del exdelegado sindical en el Directorio de ASSE, Alfredo Silva, entre otros protagonistas de abusos de funciones, encubrimientos y acciones que significaron perjuicios para el organismo. También está en el ojo de la tormenta el vidrioso y cuando menos inmoral contrato con ambulancias de Bella Unión, donde los nombres de empresarios se repiten con los funcionarios públicos. Sin olvidar las pérdidas que por hechos similares o mala gestión se reiteran innumerables veces: Pluna, ALUR --que pagó 100.000 dólares en lugar de 100.000 pesos y nunca se enteró, hasta que lo detectó una auditoría externa--, Alas U y la lista podría continuar.
Es que por más vueltas que se le dé, siempre el gran perjudicado en estas acciones u omisiones es el ciudadano común, el que trabaja, el que paga sus impuestos, el actor privado que no tiene el manto protector del Estado para transferir pérdidas a los otros, que depende de su esfuerzo. El ciudadano que, sin distinción de colores políticos, compulsivamente tiene sobre sus hombros la pesada carga de sostener este andamiaje del que se sirven los oportunistas y los cómodos, sin dejar de reconocer aportes de muchos dentro del ámbito estatal que actúan honestamente y que ponen su esfuerzo, pero que son arrastrados por la corriente hacia el remolino.
Y hablando del funcionamiento del Estado, de sus costos y más allá de sus acciones en el campo de la educación, la salud y la seguridad públicas, el tema debe ser objeto de reflexión profunda y acciones consecuentes.
Porque nos debemos preguntar --y sobre todo actuar en consecuencia-- hasta cuándo el ciudadano debe hacer las veces del pato de la boda, cuando se suman omisiones de organismos y empresas públicas ineficientes que trasladan sus números en rojo a toda la sociedad, ya sea para capitalizar sus pérdidas como para subir tarifas para recaudar, haciéndolo muy por encima de los costos que tendrían si el servicio lo cumpliera un empresa privada.