Opinion | 06 Mar El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que en Uruguay trabajan unos 67.000 niños y adolescentes, hay “un bajo porcentaje de niños entre 5 y 17 años que mendiga para vivir” y algunos “fueron sometidos a explotación sexual y comercial”. El documento advierte que “Uruguay es un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y niños sometidos a trabajos forzados y tráfico sexual” y sostiene que el gobierno uruguayo no cumple plenamente con las normas para la eliminación de la trata. “Sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo”. De hecho, el Departamento de Estado recomienda la aprobación de una ley que prohíba todas las formas de trata.
Tras resaltar el respeto a las libertades civiles, alertó sobre las “duras condiciones” en las prisiones y centros de reclusión, donde en “algunos casos puede peligrar la vida de los reclusos debido a la corrupción policial, armas de fuego y drogas en los establecimientos carcelarios”.
Si bien las comparaciones no nos eximen de responsabilidades ni atenúan el grado de los delitos, en ocasiones, nos sirven para la comprobación de la existencia de ilegalidades que atraviesan las fronteras continentales y –a pesar de los mejores avances y recursos-- es dificultosa su erradicación.
Estados Unidos, junto con Somalia y Sudán del Sur, son los únicos países del mundo que no ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, uno de los tratados internacionales más aprobados en la historia. Allí se establecen los derechos elementales para los menores de 18 años, con la protección de cualquier forma básica de violencia, libertad religiosa y acceso a la información. Es decir que ningún mandatario, demócrata o republicano, tomó la iniciativa de su envío al Senado, donde se necesita una mayoría de dos tercios para su aprobación, lo que significa una cifra similar para los cambios constitucionales.
El Departamento de Estado tampoco ha explicado las dificultades para su implementación, pero la tendencia marca una participación activa durante los procesos de elaboración de los tratados de derechos humanos y la duda en sus últimas instancias, bajo el halo de protección y preservación de su soberanía, autonomía e independencia.
Si se ubica la realidad en su contexto, en Estados Unidos una de las formas de violaciones a los derechos de los niños es el trabajo que desempeñan en el ámbito agroindustrial, con numerosos reportes de heridos al usar herramientas afiladas y maquinaria pesada. Los datos correspondientes a 2012 señalan que se reportaron más de 1.800 heridas no fatales en menores de 18 años y dos tercios de los niños que fallecieron a causa de lesiones provocadas en el trabajo se desempeñaban como operarios agrícolas.
Incluso en la agricultura, con la autorización de los padres, a los 12 años pueden recibir contratos por una cantidad ilimitada de horas por fuera del horario escolar y, a los 16, están habilitados a hacer trabajos definidos como “peligrosos”. Hace seis años se aprobaron reglamentaciones federales que restringían el acceso a los trabajadores a este sector a partir de los 16 años, pero la influyente industria agrícola logró que se retiraran las regulaciones. Y todo esto, sin dejar de mencionar a las plantaciones de tabaco, que son un lugar tóxico por excelencia, donde desde tempranas edades se exponen a plaguicidas, nicotina y maquinaria insegura, con un salario mínimo, sin reconocimiento de las horas extras y en su mayoría son hijos de inmigrantes hispanos.
Además de soportar vómitos y náuseas, reportan entre 50 y 60 horas laborales semanales. Mientras la ley dice que no se puede comprar tabaco hasta los 18, en las plantaciones del sureste estadounidense trabajan niños de manera ilegal que se inician en el hábito muy tempranamente.
Aunque Estados Unidos sea una potencia, la ley de trabajo infantil que rige en la actualidad fue redactada en 1930, un año después de la Gran Depresión y ante la necesidad de aportar a una realidad familiar y económica de alta vulnerabilidad. Pero esas leyes poco estrictas tampoco se cumplen a cabalidad, en tanto su aplicación cae en forma sostenida desde 2001, con denuncias que representan el mínimo de los casos y la ausencia de cláusulas de protección a la infancia en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
En cuanto a la explotación sexual infantil, en Estados Unidos hay más de 300.000 niños involucrados en este flagelo, con una profundización del problema en las zonas fronterizas como San Diego, donde se efectuó en enero la operación Reclamar y Reconstruir, que finalizó con el arresto de más de 400 personas involucradas en el tráfico humano. En esa ciudad californiana, el tráfico sexual genera ganancias de 810 millones de dólares anuales y es el crimen más beneficioso, después del narcotráfico. Es un asunto que preocupa a tal punto que el actor de Hollywood Ashton Kutcher compareció ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado para reclamar a los congresistas su apoyo al combate de la explotación sexual infantil, que lleva adelante desde su fundación Thorn, donde diseña un software para la localización de víctimas en Internet y, hasta el momento, ha logrado la identificación de unas 6.000 personas en seis meses.
Si retornamos a nuestro país, podemos hablar de estadísticas y difundirlas en los medios de comunicación. Sin embargo, en Estados Unidos esta pesadilla se ha transformado en el secreto mejor guardado.
El Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), que preside Luis Purtscher, reconoció que las denuncias de este tipo se multiplicaron por 16 en seis años, aunque la naturalización de la problemática es un escollo para las autoridades.
Lo es a nivel mundial, porque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que 168 millones de niños son víctimas del trabajo infantil en todas las cadenas de suministro y 85 millones realizan tareas peligrosas.
Aunque la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible “reafirma el objetivo de poner fin al trabajo infantil”, hasta las naciones más avanzadas en aspectos culturales y tecnológicos ceden ante las presiones y lobbies que detienen el avance legislativo y regulativo. Pero, como al principio, en nuestro territorio tampoco estamos exonerados y la jurisprudencia es clara.