Opinion | 12 Mar Desde el mismo momento en que comenzó el actual período de gobierno departamental, el Ejecutivo de la Intendencia y el Municipio de Porvenir han tenido pequeños --o no tan pequeños-- encontronazos. Cuando el intendente Caraballo fue a la sede del municipio, en el marco de su primera recorrida, encontró el portón cerrado con candado. Y ni rastros del alcalde Ramiro Ayende.
Fue apenas la primera toma de la película en pleno rodaje. El primer “luz, cámara, ¡acción!”. No se han cumplido dos años de administración, pero periódicamente se convierte en noticia un nuevo desencuentro. Obviamente, por razones de organigrama, la directora de Descentralización, Liliana Geninazza, aparece en plena tierra de nadie, tratando de cumplir las directivas del Ejecutivo y buscando esquivar las acusaciones provenientes del municipio y especialmente del alcalde.
Este año hubo fundamentalmente dos batallas estilo guerra de guerrillas. Una porque la Intendencia afirma que Porvenir gastó 692 toneladas de asfalto. Y desde que mostró todas las boletas --a las que en su momento EL TELEGRAFO tuvo acceso-- no quedan dudas de que la cifra es real.
El alcalde de Porvenir rechazó --y sigue rechazando-- haber recibido esa cantidad. “Podría haber hecho una autopista”, dijo. Y desde el Ejecutivo se subraya que ese municipio recibió el año pasado una cantidad cuatro veces superior a la que tuvo Guichón.
Una cosa es cierta: las cifras de la Intendencia. Y una cosa está equivocada: con 700 toneladas de asfalto no se hace una autopista. Ahí está el centro de la cuestión. No es realmente una enormidad el bitumen recibido por Porvenir, sino que los otros municipios recibieron “poco, casi nada”, como afirma “Te regalo yo mis ojos”, de la italiana Gabriela Ferri.
Una cuadra --90 metros de largo promedio-- lleva entre 60 y 70 toneladas de mezcla asfáltica. Por lo tanto, Porvenir pudo hacer o reconstruir 10 cuadras. Nada del otro mundo. Pero si se mira a los demás municipios, entonces sí hay un dejo de indefensión. Porque Guichón recibió 160 toneladas o menos de tres cuadras y Quebracho 115 toneladas, menos de dos cuadras. En el otro extremo, Lorenzo Geyres recibió ocho toneladas. Poquito, repoquito.
A la vista queda, entonces, que las dos partes usan argumentos defectuosos en este enfrentamiento. Asimismo, que los municipios no tienen posibilidades reales de mejorar sustancialmente los centros poblados, porque no obtienen el asfalto necesario. Y a juzgar por la posición del Ejecutivo, la historia continuará de la misma manera.
El otro incidente tuvo que ver con el compromiso de gestión 2017 que Porvenir aún no entregó. O mejor dicho, lo entregó, le fue devuelto y no lo devolvió en fecha, a fines de febrero. Desde la Intendencia se señaló que quedaba fuera del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios (FIGM). Pero la OPP señaló que no, que en lo que resta del año puede presentarlo y cumplir los objetivos. Por supuesto, le quedará menos tiempo que al resto de los municipios y el dinero que se le retenga hasta tanto entregue el compromiso le será pagado en cuotas. Y puede ver interrumpido todo aporte de la OPP hasta tanto cumpla.
Ahora bien, todo esto no hace más que desnudar las imperfecciones de la legislación de descentralización y participación ciudadana, en esencia, la ley 19.272. En primer lugar, la verdadera descentralización, en un país de apenas 176.000 km2, debe generarse hacia los departamentos. Eso, más allá de los anuncios y de los discursos bonitos, no se ha concretado. Por el contrario, la distribución de recursos que hace el gobierno central a través de la OPP muchas veces pone por encima de los propios intendentes, la verdadera autoridad política, a los técnicos de esta oficina. No hay pues descentralización real, sino en varios aspectos una mayor centralización.
Con esa realidad, resulta más que complejo establecer un tercer nivel de gobierno, pues poca descentralización pueden otorgar quienes no gozan de ella. Y desde que la Intendencia es la única ordenadora del gasto en su territorio, todo debe pasar por su resolución antes de ser derivados los fondos a los municipios.
Eso, ciertamente, no es descentralización. Se ajusta a derecho y a la Constitución de la República, pero el país no sale del centralismo de Montevideo y, en el caso de los centros poblados del interior perdido, del de las intendencias.
Claramente, un sistema que hace depender a los municipios del cumplimiento de un compromiso de gestión para “premiarlo” con unos cientos de miles de pesos al año siguiente centraliza. Porque quienes deciden si se cumple o no están en la capital. Seguramente siguen procedimientos establecidos, no se mueven por capricho. Pero hay que “morir en la capital”, como cantó Pablo Estramín, para que un territorio de tercer nivel pueda contar con algo más de presupuesto.
Además, el compromiso de gestión no se redacta al libre albedrío de los municipios, sino en acuerdo con las intendencias. En realidad, por todos lados se les cortan los caminos hacia la descentralización.
Un sendero real de descentralización sería permitir que los municipios hicieran libre uso del presupuesto que se les asigna. Claramente, las trabas tienen la intención de evitar el despilfarro de dinero, que sería perjudicial para los habitantes de determinado municipio. No obstante, el sistema actual solamente premia a los más poderosos. El municipio de Carrasco, en Montevideo, está muy lejos de la realidad del de Tambores, en Paysandú.
Es bueno que el gobierno central vele por el buen uso de los recursos que destina a los municipios. Pero el actual sistema no deja casi margen para la actuación de los gobiernos de tercer nivel. Mejor sería que realizara una suerte de ranking de acuerdo con la actuación de cada municipio, sin atarlo a un compromiso como el actual, sino dando libertad de administración. Tomando luego en cuenta la transparencia financiera, las obras emprendidas y su nivel de ejecución, su situación fiscal, la relación con el personal y la cantidad contratada se podría tener una lista de aquellos que mejor hicieron las cosas. Y a esos sí, entonces, premiarlos con un fondo adicional. Premiar el buen gobierno en definitiva es lo que debe hacerse. A todo nivel.
Además, este ranking dejaría de lado el espinoso tema de la bandera política, que muchas veces --en este Uruguay de hoy-- no es la misma en la intendencia que en los municipios.
Por el momento, la descentralización a tercer nivel de gobierno es mucho más una expresión de deseo --legislada y reglamentada-- que una realidad que derrame fortalecimiento a las comunidades más pequeñas y alejadas de las mayores concentraciones de población.