Nacionales | 12 Mar Luego de la aplicación de un plan de regularización de las deudas de patente, aprobado por el Congreso de Intendentes a fines de 2015, las comunas instrumentarán una fiscalización masiva del pago de ese tributo. Entre las sanciones, se prevé la aplicación de multas y la posibilidad de dejar fuera de circulación a los vehículos que no hayan pagado por más de cinco años.
Las 19 intendencias habían acordado, como parte de ese plan, la realización de un control y una rendición cuentas. En el marco de ese planteo, se prepara un operativo de inspección general en todo el país, realizado por cada intendencia, y la formación de un equipo con inspectores de diferentes departamentos que responderá al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehículares (Sucive). El consejero del Congreso de Intendentes e integrante de la Comisión de Seguimiento de Sucive, César García, dijo a El Observador que existe acuerdo y voluntad política para “crear un cuerpo inspectivo común que sirva como especie de sistema de auditoría al trabajo que actualmente hacen los gobiernos departamentales en cada territorio”.
La idea, que ya fue presentada al Congreso de Intendentes, es que móviles identificados con el Sucive recorran el país con ese propósito, dijo el intendente de San José, José Luis Falero. Se realizará entonces una fiscalización regional, en forma compartida, con recursos humanos de las intendencias. La sanción por no estar al día corresponde al 25% del valor de la patente.

GREMIO DE SECUNDARIA AMENAZA CON MEDIDAS
Luego de una asamblea de delegados, la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) resolvió dar un plazo de 48 horas a Secundaria para que responda a los reclamos de profesores. En caso de no tener una respuesta, los profesores amenazan con tomar distintas medidas sindicales que variarán según cada núcleo sindical.
Así lo expresó el dirigente de Fenapes Luis Martínez a El Observador. Luego de un análisis realizado este sábado en una asamblea, la Federación decidió dar plazo hasta el miércoles para tener respuestas de Secundaria.
En un comunicado, Fenapes asegura que arribar a una solución para los problemas más críticos no puede demorar más de dos días y afirma que en caso de que los planteos no sean atendidos, se dará respaldo “a las filiales de todo el país en las medidas de lucha que decidan adoptar en defensa de las condiciones de estudio y trabajo”.
Según dijo el dirigente de Fenapes Emiliano Mandacen, durante una reunión mantenida el pasado viernes, las autoridades de Secundaria admitieron que existen dificultades con las inscripciones de alumnos que ingresan en primer año de bachillerato.

INVESTIGAN A GERENTES DE MUTUALISTAS POR FONASA
A través de investigaciones situadas en el ámbito judicial y policial, se procura determinar si mandos medios de las mutualistas Círculo Católico y Casmu están involucrados en pagos a empresas promotoras para afiliar trabajadores durante la apertura del corralito mutual.
Seis gerentes de las mutualistas Asociación Española, Gremca, Círculo Católico, Cudam, SMI y Casmu declararon el viernes ante la jueza penal Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero. Esta sede ya procesó a 11 personas, ente ellas a un supervisor del Círculo Católico, por afiliar a falsos trabajadores.
Al finalizar las indagatorias, fue remitido a la cárcel un cuidacoches que era el testaferro de una empresa de promociones, cuyas iniciales son J. O. Este sujeto cobraba $ 100 por cada afiliación, según el auto de procesamiento de la jueza Staricco publicado en la página web del Poder Judicial.
Esta investigación se inició con una estafa realizada por un joven de 23 años a un banco. En un cajero automático, realizó un giro para su novia y luego ingresó el sobre con menos dinero del declarado. El banco acreditó el dinero declarado y su novia lo cobró poco después. Horas más tarde, el banco damnificado detectó la maniobra e hizo la denuncia.
La investigación, realizada por el Departamento de Información Táctica, detectó que, además de estafar al banco, ese joven afiliaba a mutualistas a personas que vivían en asentamientos pagándoles $ 500 a $ 700 y luego cobraba $ 3.500 por cada afiliación.
El acusado concurría al Banco de Previsión Social (BPS) y registraba a los falsos trabajadores en empresas que nunca pagaban aportes y que, a los tres meses, eran cerradas. Entre 2011 y este año, el joven utilizó unas 80 empresas en maniobras fraudulentas. En su casa, la Policía encontró 31.000 cédulas de identidad. Ese joven es uno de los 11 procesados por la Justicia Penal.
Además de los titulares de las falsas empresas, estuvieron involucrados en las estafas al Fonasa promotores de empresas tercerizadas que trabajaban para las mutualistas --que cobraban comisiones por cada usuario nuevo que recibían-- y empleados de las propias instituciones de salud.
La otra investigación sobre afiliaciones truchas es dirigida por la jueza especializada en crimen organizado María Helena Mainard. Comenzó con una denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública a mediados de febrero. Esta denuncia señalaba que el dinero utilizado para pagar las empresas promotoras que realizaban afiliaciones podría provenir de las arcas de las mutualistas y que, por ende, mandos medios o gerenciales de esas instituciones estarían en conocimiento de la maniobra o serían partícipes.
El detonante de la denuncia fue una filmación recibida por jerarcas del MSP que mostraba a promotores afiliando a trabajadores mediante pagos, incurriendo en un delito de intermediación lucrativa.

ASESORÍAS EXTERNAS PARA ANCAP
De acuerdo con un comunicado dado a conocer por Ancap, el organismo apela al asesoramiento externo para mejorar su eficiencia y, por lo tanto, sus resultados. El ente fue capitalizado (mediante la condonación de una deuda que tenía con el Ministerio de Economía) en U$S 622 millones en enero de 2016. En 2015, el ente perdió U$S 198 millones y en 2014, U$S 323 millones.
Sin embargo, la empresa viene mejorando “en varios niveles”, dijo a El País una fuente del gobierno. Esos niveles son un manejo más proactivo de su deuda, como forma de desprenderse de parte de unidades no estratégicas como CABA (la productora de bebidas alcohólicas) y afianzar su gobierno corporativo y con asesores externos, entre otros.
En ese contexto, el ente informó en un comunicado que el jueves firmó un convenio marco con la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) “que habilita el trabajo conjunto entre ambos organismos”.
“Las principales líneas de acción refieren a la colaboración en la gestión de infraestructura en los distintos negocios de la empresa (planificación, diseño, ejecución y gestión de proyectos) y la estructuración de alternativas de financiamiento para proyectos que resulten estratégicos o de interés especial para Ancap”, señaló el comunicado.
“Es la primera vez que se realiza este convenio, buscando agilizar los procesos de Ancap así como también beneficiarse de la experiencia del CND en la materia”, agrega el comunicado.
El presidente de la CND, Jorge Perazzo, dijo a El País que, en la parte de infraestructura, se realizará “toda la instrumentación de un proyecto”, ya que el organismo tiene experiencia y puede encargarse de “toda la parte de arquitectura, llamados, pliegos, etcétera”. Se comenzará con reparaciones en el edificio central de Ancap, en la avenida Libertador, pero luego también habrá proyectos más grandes, añadió.