Nacionales | 17 Mar La Justicia del Crimen Organizado procesó con prisión a dos personas que creaban sociedades falsas para obtener facturas que luego eran vendidas a empresas que las utilizaban para evadir impuestos, en tanto hay otros tres procesados sin prisión por el mismo caso. La maniobra, que fue descubierta por la Dirección General Impositiva (DGI), permitió que casi 300 empresas de mediano y gran porte defraudaran al Estado por un monto de $78 millones, indica El País.
Según consigna el matutino, por este caso ya se han realizado inspecciones en 86 empresas que utilizaban las sociedades falsas o su documentación para defraudar al fisco. A partir de esas actuaciones, se presentaron seis denuncias penales y fueron procesadas sin prisión tres personas, que se suman a las dos procesadas con prisión.
En total se crearon 800 sociedades ficticias, que eran utilizadas de tres formas: por un lado, empresas que tenían actividad real, pero que no facturaban, prestaban servicios o vendían bienes a través de estas compañías truchas, para luego descartarlas y comenzar a operar con una nueva. De esta forma, quien figuraba como evasor era esta sociedad de "papel", que como no tenía una dirección real y sus supuestos directores eran personas de bajos recursos que operaban como testaferros, la DGI no tenía a quién reclamarle.
Al crearse las sociedades anónimas falsas, estas adquirían permiso para imprimir facturas que después vendían a empresas que querían evadir. De esta forma, las compañías que no tributaban adquirían facturas para poder presentarlas a los clientes que se las reclamaban. Pero nadie pagaba impuestos porque la empresa fraudulenta eventualmente cerraba. En tanto, el verdadero evasor se mostraba a sus clientes como alguien aparentemente en regla.
Asimismo, estas facturas eran utilizadas para inventar compras que nunca existieron, con lo que lograban deducir más IVA e IRAE. El director de Rentas, Joaquín Serra, dijo que ya fueron auditadas unas 86 empresas que participaban en estas maniobras, a partir de las que decidieron denunciar penalmente a seis. Por estas denuncias, la Justicia ya procesó sin prisión al dueño de una avícola que había fingido compras para deducir impuestos.
Además, la DGI investiga a otras 200 empresas que podrían estar implicadas en la maniobra, agregó Serra. Si bien hasta ahora se estima que el perjuicio generado de esta estafa ronda los $78 millones, el director dijo a El Observador que se trata "apenas de la punta del iceberg" y que en la medida en que avancen las investigaciones se podrá superar ampliamente esa cifra.

JUAN CASTILLO TRAJO A PROMOTOR PRIVADO AL PIT CNT
El hoy director nacional de Trabajo, Juan Castillo, admitió ante la Justicia que fue él quien acercó al promotor privado, que ahora se pide procesar, a la central sindical. Marcelo Abdala dijo que nadie lo conocía en el Pit Cnt.
El fiscal Carlos Reyes, quien pidió el procesamiento con prisión para un intermediario del plan de vivienda sindical, asegura en el pedido de procesamiento que un empresario vinculado con el negocio destinó dinero para financiar la campaña del entonces coordinador del Pit Cnt, Juan Castillo, a la presidencia del Frente Amplio.
“Otro contrato fue con BSA, que le adelantó dinero a MD para la campaña de C (Castillo) en el Frente Amplio y la entrega de 2 vehículos. (…) El arreglo era 40% Pit Cnt, 40% C y 20% D”, redacta Reyes.
En el texto, el fiscal hace alusión a la declaración de Castillo ante la Justicia. En esa instancia, el hoy director nacional de Trabajo admite que fue él quien acercó al promotor privado, que ahora se pide procesar, a la central sindical.
“Dijo que lo conoció por su militancia en la izquierda y que a pedido de este, él lo vinculó con compañeros que trabajaban en esa área dentro de la central sindical”, explica Reyes.
Sin embargo, en conferencia de prensa la cúpula sindical indicó el miércoles que ningún dirigente conoce al hombre de iniciales M.D., contra quien rige la solicitud de procesamiento por este caso. El secretariado ejecutivo indicó que esta persona no es dirigente, como se lo presentó en un comienzo, sino un empresario.
Castillo relató ante la Justicia que, para instrumentar un convenio, la empresa que ganaba el acuerdo debía presentar condiciones técnicas de la vivienda frente al Ministerio de Vivienda y que se previó la actuación de un gestor.
El pedido de procesamiento que hace Reyes por el delito de apropiación indebida hacia el hombre de iniciales M.D. se enmarca en la investigación de cuatro denuncias penales presentadas por inversionistas. Los presuntamente estafados dicen haber entregado un total de 400 mil dólares a cambio de construir miles de casas para el plan que impulsaba la central de trabajadores y estaba a cargo de los dirigentes comunistas Marcelo Abdala y Eduardo Burgos. Los intermediarios privados denunciados presentaban a los inversionistas poderes otorgados por Burgos en nombre del Pit Cnt.
Según los denunciantes, para entrar al negocio, les pedían un 10% de la ganancia. Los terrenos para comenzar a construir nunca aparecieron. Uno de los denunciados, fallecido el año pasado, dijo a la Justicia que había un reparto de la ganancia y que Burgos era su socio en el negocio.

EXRECLUSO DE GUANTÁNAMO NO PUDO VIAJAR
El exrecluso de Guantánamo radicado en Uruguay desde 2014, Jihad Diyab, compró el pasado martes un pasaje con destino a Rusia, informó el programa Así nos va, de radio Carve.
El viaje incluía una escala en San Pablo y coincidía con el regreso de su hija --que estuvo de visita en el país-- a Turquía. Sin embargo, al llegar el miércoles al Aeropuerto Internacional de Carrasco acompañando por Irma Leites, no le fue permitido viajar, debido que carecía de visa para poder ingresar a Moscú.
Esta fue la tercera vez que Diyab intentó irse del país, nuevamente sin éxito. En julio de 2016, el sirio de origen libanés cruzó la frontera con Brasil y desde allí se fue a Venezuela, desde donde fue deportado en agosto. Luego, en diciembre, viajó a Sudáfrica, pero también fue deportado.
La exvicecanciller y militante por los derechos humanos Belela Herrera dijo a Ecos que la "máxima ambición" de Diyab es “irse de Uruguay y reunirse con su familia. Todos los días está pendiente de recibir una llamada que le permita hacerlo”, agregó.
Según Herrera, que mantiene contacto con el exrecluso de Guantánamo casi a diario, la cancillería se comunicó con todos los países árabes para recibir a Diyab, pero en su mayoría rechazaron la petición. Quienes no rechazaron acoger a Diyab directamente no respondieron. Diyab, de 46 años, será abuelo en dos meses y sigue pensando en reencontrarse con su esposa e hijos, que residen como refugiados en Turquía, tras escapar de la guerra que se desató en Siria en 2011.