Opinion | 19 Mar Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario para el sistema carcelario, dijo en esos días que --con cifras a enero pasado--, el número de presos en el país se situó “entre los 11.300”, lo que es un récord. La anterior cifra divulgada por el gobierno era de 10.690 presos. Esto significa que cada mil habitantes, más de tres (3,2 es el porcentual) están presos.
Esto nos coloca en el primer mundo de los presos. Porque “estamos en el paquete de los primeros 30 países con más presos en el mundo”, según dijo Petit. Incluso la cifra podría ser algo mayor, si se toma como válida la indicada por el fiscal de Corte Jorge Díaz, que en su cuenta de Facebook dijo que hay en el país 11.597 personas privadas de libertad.
Díaz fue más allá y denunció que casi un 80% de la población penitenciaria “no tiene sentencia de condena ejecutoriada” y que ese índice “es inconsistente con un Estado de derecho”. Abundó en cifras al indicar que el 46,2% de los adultos privados de libertad es primario. “Los servidores públicos debemos asumir las responsabilidades y hacernos cargo de esta situación”, publicó el fiscal. El año pasado fueron procesadas en Uruguay 14.326 personas. Del total, 12.279 por delitos y 2.047 por faltas, citando datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior. En el 2015 el total de procesados fue de 14.520 (12.178 por delitos y 2342 por faltas). Del total de procesamientos, 5.703 fueron en Montevideo, 1.593 en Canelones y 7.030 en el resto del país. Además, el 91,5% son hombres, mientras que el restante 8,5% corresponde a mujeres.
Ciertamente, es una cifra muy importante para un país tan pequeño, y trae profunda preocupación en la medida que desnuda el problema grave del crecimiento de actos delictivos, desde que casi la mitad de los presos son primarios.
A la vez, la otra mitad no obtuvo la tan mentada rehabilitación carcelaria porque volvió a delinquir. Esto es, no se aprovecha el tiempo en que estos miles de personas están privados de libertad para tomar acciones que permitan que al menos un porcentaje abandone el camino del delito.
Este problema es claramente multicausal y empieza en la falta de atención de salud que padece el 40% de los presos del país. Peor todavía, aunque las adicciones son un boleto fácil a la cárcel más cercana, “prácticamente no existen programas contra las adicciones”, dijo Petit. “Y una gran parte de la población carcelaria llegó al delito luego de un deterioro provocado por drogas, incentivado por ellas o luego de haberlas traficado”, agregó. No será ciertamente la primera vez que nos preguntemos qué hacer ante esta realidad, cómo establecer políticas que realmente impulsen una transformación del sistema carcelario, para que deje de combatirse el fuego con gasolina.
Pero hay que seguir en ese camino porque aun no se han encontrado opciones válidas. Uno de los instrumentos que se utiliza en otros países --y tímidamente en Uruguay-- es hacer que los presos puedan acceder a algunos emprendimientos productivos, al trabajo remunerado. El propio gobierno así lo ha pensado en la medida que en 2012, el ministerio del Interior, ya liderado por Eduardo Bonomi presentó un proyecto de ley con un sistema de trabajo obligatorio para los presos en las cárceles. De acuerdo con ese proyecto que nunca fue sancionado, los presos podían negarse a trabajar, pero deberían pasar más tiempo “en una celda de reflexión”, recibirían mayor número de visitas de psicólogos y asistentes sociales. En contrapartida, para los que sí trabajaran se preveían beneficios en más horas de visitas y de deportes, y mejores condiciones de reclusión. La idea tenía ventajas, en la medida que procuraba evitar el hacinamiento y el paso de los días sin obligación alguna, pues eso es campo fértil para profundizar en lo que podría denominarse carrera delictiva. Por otra parte, el tener empleo dentro de la cárcel promueve que al salir de prisión, se pueda continuar en esas tareas. Porque salir sin presente ni futuro, como ocurre hoy, muchas veces termina en la repetición de hechos delictivos. Y así no solamente no se podrá reducir la cantidad de internos sino que probablemente el número continúe en ascenso.
Actualmente, debe recordarse, a través del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, un grupo de internos accede a tareas remuneradas. Eso pasa, de hecho, en Paysandú, gracias a acuerdos --por ejemplo-- con la intendencia. Por ejemplo el desguace de las motos incautadas es realizado por presos.
Ese es ciertamente el camino. Como lo expresara Karl Marx “el trabajo dignifica al hombre”, en la que resumía su filosofía sobre la relación del hombre con su propia naturaleza.
A través del Estado, aquellos privados de libertad pueden acceder al trabajo, sea en áreas estatales o privadas. Incluso pueden ampliarse y mejorarse los talleres que hay en las cárceles o las huertas. Del número de presos que hoy tienen alguna actividad laboral --unos mil según estadísticas oficiales-- debe procurarse que la mayoría pueda incorporarse al mundo del trabajo y del esfuerzo, dejando de lado ese ocio improductivo, que es campo fértil para la cultura del delito.
Actualmente, el Ministerio del Interior da pasos en otro sentido, pero en el mismo camino, esto es buscar que los excarcelados puedan acceder al trabajo. Esto se lograría con la formación de una fundación impulsada por la propia Secretaría de Estado, mediante la cual venderá variados servicios. En principio una peluquería canina y un lavadero de autos. En este último emprendimiento, el primer cliente será el propio ministerio. También los expresos podrán capacitarse en mecánica, para atender en primer lugar los autos de la Policía.
Es una muy buena idea y es de esperar que en pocos meses empiece a dar resultados, que sin dudas serán buenos. Pues bien, quizás también se podría establecer una fundación para el trabajo de aquellas personas privadas de la libertad. Algo hay que hacer para que quienes delinquieron no vean otra posibilidad que continuar en el delito. La sociedad debe protegerse y una forma es integrando --aunque sea paulatinamente-- a ese conglomerado que en una parte de su vida queda al borde de la sociedad, en un stand by de su vida, en prisión.