Opinion | 15 Mar La Cámara de Senadores aprobará este miércoles la extensión de la ley de cuota femenina que ampliará el régimen actual cada tres cargos y dejará de lado la obligación de que una mujer suplante a otra ante una renuncia. Es decir que regirá de manera definitiva el sistema establecido por única vez en las elecciones pasadas y que resultara aprobado por unanimidad en la comisión de Constitución y Legislación de la cámara alta.
Su aprobación es segura ante el consenso de los partidos y se aplicará en las elecciones internas, nacionales, legislativas, departamentales y municipales.
El artículo cuestionado va contra lo dispuesto por la Constitución, que requiere la ocupación de las vacantes de acuerdo a “los suplentes designados al tiempo de las elecciones, del modo que expresará la ley, y sin hacerse nueva elección”. Estas cuestiones se explican en los casos de mujeres electas para un cargo y una vez que dimitieron, asumió un hombre a pesar del respaldo político para que ocurriera lo contrario.
Esta ley ingresa en el ámbito de las iniciativas legales que disponen una “discriminación positiva”, a pesar del camino que resta para lograr el 50 y 50, en Diputados, Senadores o resolver en caso de ausencia del presidente de la República. Sin embargo, se requiere una reforma de la Constitución y aún no es el tiempo político para una propuesta de estas características.
Un país que dispone de un alto desarrollo humano, junto a la estabilidad socio-económica y más de tres décadas de democracia, cuenta con una subrepresentación parlamentaria e incluso en cargos de decisión (públicos, privados y sindicales) que no ha obtenido respuestas ante un sistema político que gobierna con mayorías parlamentarias desde hace 12 años. Y esta realidad ubica al país en los ranking más bajos de representación femenina (100 o menos), a pesar de los logros obtenidos.
El último Reporte Global de la Brecha de Género 2016 del Foro Económico Global, posiciona a Uruguay en el lugar 91 de 144 naciones más desiguales y apenas está mejor instalado que Paraguay y Guatemala. En la peor clasificación de “igualdad salarial para un mismo trabajo”, el país ocupa el lugar 112 de 144.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) señala que las mujeres ganan 10% menos que los hombres, a pesar que cuentan con un mejor nivel educativo y, mientras el 30% de la población femenina tiene estudios universitarios, el 18% de los varones alcanza ese nivel. La explicación para que esto ocurra proviene del propio Mides, donde estiman que los hombres tienen una mayor experiencia laboral, en tanto se desvinculan antes del sistema educativo y al momento de elegir un cargo de jerarquía, en general las mujeres no están disponibles para un viaje o no pueden extender sus horarios de trabajo. Paralelamente, persiste la visión “masculinizada” de algunas profesiones vinculadas con áreas tecnológicas e innovación que resultan mejor remuneradas, en tanto la mujer se desempeña en las áreas de la salud, docencia y cuidados.
Y, lejos de acercarse, la brecha se ensancha a medida que aumentan los años de formación. El Mides calcula que un hombre con 16 años de educación percibe $100 por hora, y las mujeres cobran $76 ante las dificultades para acceder a alto cargos, donde se desempeña el 5,3% de la población femenina.
El desempleo atraviesa a esta franja --9,02% contra 6,5% para los hombres-- y se visibiliza con el nivel de empleo, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas que apunta al 49,4% de mujeres con trabajo y al 68,7% de hombres.
Las disparidades se extienden a la metodología usada por los empleadores, quienes aún preguntan por la maternidad o cuidado de los niños, ante un cambio cultural que resta comprender realidades de familias diversas y mujeres que aún no denuncian dichas acciones. Asimismo, las responsabilidades familiares no compartidas predisponen a que las mujeres opten por trabajar menos horas y, por ende, reciban 30% menos de salario. A todo esto se suman el 15% de mujeres de no tienen ningún ingreso o ayudas sociales, por lo que dependen de un entorno familiar cercano. Ante una realidad que convoca a la reflexión, el Mides no presenta un cálculo optimista y consigna que la desigualdad no será eliminada hasta el 2044. Es decir, al menos dos generaciones continuarán a la espera de esos cambios culturales.
Incluso las transformaciones sociales deberán atravesar a las mujeres que toman decisiones, donde las discriminaciones dentro del propio género se profundizan en comparación con la que se ejercen entre varones.
O al momento del desempleo: en ese contexto existen mayores probabilidades que un hombre encuentre una salida laboral con rapidez, antes que una mujer. En todo caso, optará por quedarse en el hogar y ejercer alguna tarea de cuidado que no aparecerá en las estadísticas de empleo.
Estas situaciones de inequidad y desigualdad se reflejan en las marchas que convocan diferentes colectivos feministas, sociales y sindicales. Es precisamente en los sindicatos, donde las mujeres participan y trabajan activamente, pero la figura femenina no ostenta los cargos directivos con facilidad y esto se comprueba en las entrevistas que efectúan los medios de comunicación. Es --casi siempre-- visible la presencia de los hombres en las secretarías generales o coordinadoras de las centrales sindicales departamentales.
El Pit Cnt ha manifestado su preocupación por mejorar la representación femenina. Sin embargo, los 15 integrantes del secretariado ejecutivo son hombres que resuelven la política sindical en Uruguay. Es, paradójicamente, el ejecutivo que aprobó el paro parcial el 8 de marzo desde las 16 horas por el Día de la Mujer, y ha comenzado a hablar de la necesidad de una paridad salarial entre hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo.
En realidad, las mujeres corresponden al 45% de la población económicamente activa y representan al 50% del total de afiliados a la central sindical. No obstante, son asuntos que quedan afuera de la mirada sistemática sobre la violencia, cuando en realidad esta brecha genera una revisión al respecto.
Por lo tanto, las cuotas no se respetan ni en la vida diaria y el panorama de indicadores sociales no aportará un horizonte optimista, en tanto no se cambien las visiones culturales desde la institucionalidad, que demoran mucho más en rever sus conceptos que los ciudadanos a pie.