Opinion | 21 Mar Desde hace ya varios años la problemática de la educación ocupa buena parte de la agenda nacional, a partir de un claro deterioro de los parámetros educativos y su consecuente repercusión en el presente y en el futuro del país desde diversos ángulos, lo que da la pauta de que las reformas que se necesitan también deben abordar vertientes diversas.
Sobre todo, la educación no puede ni debe disociarse del contexto general del tramado socioeconómico. Tiene que considerarse con criterio amplio, porque además no es responsabilidad de un gobierno ni de dos, sino que debe evaluarse y trabajarse con perspectivas a largo plazo. Particularmente, a partir de una concepción que deje de lado los intereses corporativos que hasta ahora han primado. Por ejemplo desde los gremios de la enseñanza se pone énfasis únicamente en llegar a determinado porcentaje del PBI, sin contrastar los recursos con los resultados, y anatemizando a los que piden por lo menos una evaluación mínima de como se está trabajando.
Es impensable además que un solo actor, un partido, un gobierno, una persona, traiga la solución mágica para la gama de problemas del sistema educativo, que se nutre de estudiantes que provienen muchas veces de contextos difíciles, encima en el marco de nuevos valores familiares y sociales.
Por lo tanto, no hay soluciones mágicas ni protagonistas mesiánicos, aunque sí grupos que se oponen sistemáticamente a los cambios y pretenden que lo que se haga pase especialmente por contemplar sus “derechos” y orientación. Es decir, salarios, beneficios y mejores condiciones de trabajo en el caso de los sindicatos docentes que, con la Ley de Educación aprobada en el primer período de Tabaré Vázquez, tienen una creciente cuota de poder en la conducción; y no hacen ni dejan hacer.
En este escenario no corresponde que los gremios del sector sean quienes conduzcan las reformas en el sistema educativo, aunque sí pueden y deben tener voz para plantear propuestas y alternativas. Pero la mirada general y las decisiones deben provenir desde afuera de los grupos de interés, a través del sistema político, que representa el interés general, y con participación de actores que --sin directa injerencia pero con conocimiento del tema-- formulen sus aportes.
En este contexto es a todas luces esperanzador que se haya lanzado días atrás el grupo de Trabajo Eduy 21, encarando una iniciativa ciudadana en la que participan diversos actores del mundo político y educativo, historiadores, literatos y otros profesionales.
En este evento se lanzó la elaboración del "Libro Blanco: hoja de ruta para un cambio educativo profundo y sustentable 2020-2030", y significó el comienzo de las reuniones entre actores de la sociedad civil para elaborar el documento. Precisamente Eduy 21 es una iniciativa ciudadana que se lanzó en 2016, bajo el impulso del exsubsecretario de Educación, Fernando Filgueira, el exdirector nacional de Educación, Juan Pedro Mir, y el experto en educación, Renato Opertti.
Renato Opertti fue el encargado de dar una serie de pautas para la generación de esta guía. Llamó a la creación de un sistema inclusivo y sustentable, y con este fin señaló ejes como marco curricular común, autonomía para los centros educativos, liderazgo político, nuevo estatuto docente y la creación de un presupuesto quinquenal.
Opertti habló de la necesidad de generar un sistema en el que quede claro "para qué y en qué" es que hay que educar. Y aclaró que aunque "Eduy 21 no tiene color político", sí "tiene finalidad política".
Fernando Filgueira, en tanto, enfatizó que Uruguay es una excepción en cuanto al correlato entre el nivel del PBI y los niveles de egreso. Chile, por ejemplo, es el que mejor está económicamente en América Latina y también es el que tiene los estudiantes con mayor porcentaje de egreso en la región. Uruguay, por su Producto Bruto Interno (PBI), debería tener un 70% de egreso, pero está muy lejos de eso. "O Uruguay ajusta sus niveles de egreso a su PBI, o va a terminar ajustando su PBI a sus niveles de egreso".
Por su lado, la experta en educación Adriana Aristimuño sostuvo que la mitad de los jóvenes de 18 años está fuera del sistema educativo formal, y advirtió que esto implica "un derecho vulnerado". Aristimuño también se mostró optimista de que se puede cambiar la realidad educativa "con el trabajo de todos". Antes, el educacionista Juan Pedro Mir habló sobre "La escuela que aspiramos fortalecer: ciudadanía, inclusión y aprendizajes". Y en este contexto llamó a recuperar "el sentido de lo común".
Debe tenerse presente que tanto Filgueira como Amir fueron relevados del equipo del presidente Tabaré Vázquez con el que iba a “cambiar el ADN” de la educación, porque los grupos corporativos decidieron oponerse a todo lo que pudiera hacerse para cambiar la educación, por si les afectaba de algún modo.
Tras apreciaciones valederas sobre nudos gordianos y objetivos, llega el momento de aterrizar los aportes y trazar una hoja de ruta, que en primera instancia incluye aspectos como un proyecto de ley para cambiar la ley de Educación (sobre todo conducción del sistema educativo), una propuesta para modificar el estatuto docente y otra para establecer un modelo innovador para el funcionamiento de los centros educativos y un nuevo marco para las inspecciones docentes. Todo ello sumado a un anteproyecto presupuestal, que es en lo que trabajarán en los próximos meses los técnicos que integran Eduy 21.
Todas estas propuestas integrarán el denominado "libro blanco", es decir, del documento que a fin de año --tal como anunciaron desde que se lanzó la iniciativa-- presentarán a todos los partidos políticos para que en el próximo período de gobierno se lo tenga en cuenta a la hora de pensar los cambios en la enseñanza, a partir del trabajo en seis áreas.
Los ítems incorporados incluyen cómo fortalecer el liderazgo político de la política educativa, repensar la relación del Codicen y el Ministerio de Educación y Cultura, fortalecer la intervención del Parlamento en las propuestas fundamentales de la educación, conformar consejos educativos que tengan mucha capacidad técnica profesional de ejercer la política y repensar a su vez la relación entre el Codicen y los consejos desconcentrados. Así, dar a los centros educativos autonomía, libertad y la responsabilidad de la rendición de cuentas para que tengan mayor capacidad de incidir en la educación, administrar los recursos y definir la propuesta educativa.
Así se presenta el marco de trabajo, que requerirá mucha disposición y esfuerzo, altura de miras, diálogo e intercambio de ideas para hacer realidad el cambio de ADN, para sumar en la sustentabilidad que tenga como leit motiv a los estudiantes, a la formación para el trabajo, la actualización, la inclusión y el desarrollo, en lugar del énfasis en la ideología vacía de contenido.