Locales | 19 Mar CARTA ABIERTA AL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Sr. ministro. El pasado 15 de marzo, los funcionarios judiciales de todo el país nos movilizamos para manifestar y dar a conocer nuestra opinión sobre el extenso y tedioso conflicto que llevamos adelante, primero con la Suprema Corte de Justicia y luego con el Poder Ejecutivo. Luego de la marcha, usted fue entrevistado por medios de comunicación capitalinos y nuevamente no fue certero en sus declaraciones intentando colocar al Poder Ejecutivo que representa del lado de las víctimas y enfrentar a los funcionarios judiciales con el resto del pueblo uruguayo.
No es la primera vez que esto sucede y golpea muy fuerte a la clase trabajadora, la cual quiere defender sus derechos.
La historia es muy larga, y comienza ya hace algo más de seis años cuando el gobierno encabezado por el entonces presidente José Mujica quiere que sus legisladores no pierdan sueldo cuando pasan a ser ministros de gobierno.  Con tal objetivo (el cual obviamente no beneficia en nada a la clase trabajadora y menos aún a los que recibimos salarios más bajos) incluye un artículo en el Presupuesto Quinquenal.  Feliz porque ningún legislador que pasara a ser ministro iba a perder su abultado sueldo, la bancada del Frente Amplio aprueba este artículo, sin darse cuenta que por resoluciones anteriores, al aumentarle el sueldo a los ministros de Estado, se lo aumentaba a los ministros de la Suprema Corte de Justicia,  de la Corte Electoral y Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Fue un 26% parejo de aumento para todos. En el Poder Judicial, todos los funcionarios estamos encadenados salarialmente, teniendo una escala que representa un porcentaje de los sueldos de los principales jerarcas; por lo tanto, el aumento a los funcionarios judiciales, sin pedirlo nosotros, debería haber sido de un 26%.
Desde ese momento, han pasado más de 6 años, en los cuales los diferentes gremios de funcionarios judiciales y especialmente el que estoy afiliado, la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) hemos intentado negociar, acercar posiciones, acordar, etcétera, pero tanto el gobierno de Mujica como el actual de Tabaré Vázquez no sólo se han negado a dialogar, sino que también han aprobado leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales con el fin de no pagar lo que ustedes mismos aprobaron. O sea, buscaron el atajo por medio de caminos errados, como errada fue también la actitud original que llevó a esta situación.
En resumen, no fuimos los empleados judiciales los que ocasionamos el problema, ni tampoco los que propusimos salidas inconstitucionales, todo fue acción de quienes gobiernan y a los que usted representa. Como nunca accedieron a cumplir con lo que habían aprobado, tuvimos que optar por el camino del juicio. Derecho que tenemos todos los habitantes de este país y que por ser nosotros funcionarios judiciales no estamos impedidos de ejercerlo.
El juicio fue ganado en primera, segunda y tercer instancia y hoy por hoy existe una sentencia judicial que debe ser respetada y cumplida, la cual determina lo que nos deben pagar y lo que nos deben ajustar los sueldos. Como era esperable, ante esta situación, nuevamente optaron por aprobar un artículo en el Presupuesto Quinquenal del Dr. Vázquez donde, en resumen, ustedes determinan cuándo pagan los juicios perdidos por el Estado. O sea, mediante un artículo presupuestal el Estado se auto establece la forma y el mecanismos de pagar las deudas generadas por un juicio.  Esta medida, si bien está en trámite de ser declarada inconstitucional, desde lejos lo es, ya que nadie puede autodeterminarse unilateralmente, la forma de pagar sus deudas. 
¿Qué pasaría si Juan o María mañana fueran embargados por el BPS, la DGI o su propio Ministerio de Trabajo por tener una deuda?  ¿Podrían ellos decir cuándo y cómo pagan la deuda? Obviamente que no. Serían ejecutados y a otro tema. Claro está que la actitud de este gobierno, Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas es por demás autoritaria e inconstitucional. La larga historia llega a este punto, donde ustedes deben pagar, pero no lo quieren hacer, asumiendo una actitud autoritaria, propia y semejante a las que se tomaban en los años de la dictadura donde los gobernantes les importaban muy poco las leyes y seguían caminos semejantes a los que toman ustedes actualmente, donde la Constitución y el estado de derecho pasa a un segundo plano al no ser respetada una Sentencia Judicial (inédito).
En sus declaraciones, usted menciona que hubo muchas instancias de negociación, lo que es totalmente falso. Una mesa de negociación es donde las partes conversan, intercambian propuestas y buscan acercarse. Eso nunca existió. Cuando los gremios judiciales fuimos citados fue para escuchar propuestas unilaterales y con la consigna de “es esto o nada”. Muy lejos esto de ser una negociación.
También en sus declaraciones menciona que la deuda es muy grande y que…. “la va a pagar el pueblo uruguayo”. Coincido con usted en lo primero, pero con la salvedad de que si la deuda es muy grande no es por nuestra culpa ni por nuestra falta de voluntad, sino porque el error original  fue cometido por ustedes y de ustedes fue la permanente actitud de negarse a la negociación y el acercamiento de las posiciones, lo que nosotros si hicimos en estos largos seis años.
Lo otro… “la deuda la va a pagar el pueblo uruguayo”. Es un tremendo, brutal y cobarde argumento que solo busca enfrentar a los trabajadores judiciales con el pueblo uruguayo del cual somos parte. No lo escuché a usted ni a nadie del anterior y el actual gobierno, decir que la deuda de la gestión de Ancap, de Pluna, o la plata perdida en el Fondes, los Casinos de Montevideo, etc. etc. etc. la iba a pagar el pueblo.  Silenciosamente, la plata apareció o desapareció sin escuchar ningún mea culpa.
Ahora no quiera sacar la pata del lazo y ponerse de víctima porque los únicos responsables de este conflicto y de la deuda son ustedes, y nadie más que ustedes. No sea indigno del cargo que tiene y no pretenda confundir. No se lo vamos a permitir. Asuman frente al pueblo uruguayo sus errores y cumplan las sentencias judiciales como se debe hacer en un Estado de derecho.Un funcionario judicial