Nacionales | 23 Mar El comisario mayor Crisoldo Caraballo presentó su renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Rehabilitación el pasado 20 de marzo, y será subrogado por Gonzalo Larrosa. En la nota presentada al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el exdirector Caraballo reconoce los esfuerzos de las autoridades ministeriales en la creación de vacantes y de nuevas plazas, pero señala que, según él, no hay tiempo para la implementación de esos esfuerzos.
Bonomi aceptó la renuncia y le ofreció la dirección del INR al comisario mayor, licenciado en Educación, Gonzalo Larrosa, quien estaba al frente de la Unidad Nº4 Santiago Vázquez (Comcar). Larrosa aceptó el cargo tras reunirse con el ministro Bonomi y lamentó la renuncia de Caraballo. Además, dijo que se seguirá trabajando con el mismo equipo y en la misma línea.
“Estamos sobrediagnosticados: todo el mundo sabe la situación de las cárceles. Las situaciones son complejas, pero eso plantea el desafío de seguir poniéndole cabeza para ver cómo podemos mejorar la situación y asesorar al mando político para que tome las mejores decisiones. Hay mucha fuerza del equipo, muchas ganas. Vamos a seguir en la misma línea de esfuerzo. Ni un paso atrás, hay que seguir para adelante”.
Según trascendió, el motivo del alejamiento de Caraballo fueron las diferencias sobre el funcionamiento del instituto que mantiene con la cartera, particularmente en lo que tiene que ver con la asignación de recursos. Caraballo asumió el cargo en marzo del año 2016, luego de que Luis Mendoza, entonces titular del INR, se trasladara a la Jefatura de Policía de Paysandú.
El año pasado murieron más de 30 reclusos y más de 70 sufrieron heridas en las cárceles uruguayas, que en enero de este año alcanzaron el máximo histórico de personas privadas de libertad, totalizando 11.300. El comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, señaló que actualmente el país se encuentra en el entorno de 320 presos cada 100.000 habitantes.

OTRO PROCESAMIENTO POR ESTAFA AL FONASA
Llegan a 13 los procesados por la estafa al Fondo Nacional de la Salud (Fonasa), luego que la jueza Julia Staricco informara que dictó la prisión de una mujer por su complicidad en la maniobra. Se trata de la novia de uno de los hombres que anteriormente fueron procesados por este caso. El pasado domingo había sido encarcelado otro estafador, de iniciales J.I., vinculado a una de las empresas que captaban afiliados. Había sido acusado por el cabecilla de la estafa, un joven de 23 años que había sido procesado en primer lugar.
Entre las personas enviadas a la cárcel por la maniobra se encuentran trabajadores de empresas de promotores y de mutualistas, mientras continúan las averiguaciones sobre el real alcance de la maniobra y la posibilidad de que haya más implicados.
La maniobra consistía en anotar como trabajadores en falsas empresas a personas que vivían en asentamientos a cambio de pagarles $ 500. Los estafadores luego inscribían a estas personas a través de promotores en distintas mutualistas, con lo que recibían $ 3.500.
Uno de los procesados tenía en su poder una lista de 31.000 cédulas de identidad de falsos trabajadores. Desde las mutualistas, en tanto, sostienen que solo se pudo comprobar el reclutamiento de 600 personas para las falsas empresas.
El Banco de Previsión Social (BPS) ya sabía desde hacía seis meses de la estafa, pero no presentó la denuncia ante la Justicia hasta que el caso se hizo público a principio de mes.
El presidente Tabaré Vázquez dijo el pasado lunes en San Luis, previo a la reunión abierta del Consejo de Ministros, que la situación sobre la estafa al Fonasa se magnificó en los medios de comunicación. "De los 31 mil asociados que iba a haber en esta megaestafa, fueron 600, y de los 5 millones de dólares que iba a perder el Estado, quedaron en 30 mil dólares. No hay que magnificarlo", señaló.

SIGUEN DETENIDOS TRAS INCIDENTES
La jueza penal María Noel Odriozola resolvió que las dos personas detenidas tras los incidentes en el desalojo al Centro Social Autónomo La Solidaria permanezcan en esa condición hasta el jueves, según informó Montevideo Portal. A su vez, pidió el registro fílmico y fotográfico de lo ocurrido el martes, y citó a integrantes del operativo de desalojo del que participaron.
Algunos manifestantes que habían participado en la concentración en Cordón contra el desalojo de La Solidaria, ubicada en Daniel Fernández Crespo y Cerro Largo, donde hubo bombas molotov y disturbios, estuvieron en la mañana de ayer frente al juzgado de Bartolomé Mitre.
En redes sociales convocaron a la concentración, "en apoyo a las personas detenidas tras la manifestación de ayer".
El martes al mediodía, un grupo de decenas de anarquistas atacó la sede central del Partido Comunista, un local en construcción de la nueva sede de Abitab y una asociación de retirados policiales en la calle Venezuela. La propietaria de la finca había pedido el desalojo de la vieja casa donde se reunían los integrantes de "La Solidaria" ocupada desde 2012 y la jueza Nelly Rodríguez accedió. La solicitud original de desalojo había sido hecha en 2015.
Los manifestantes se concentraron sobre las 13.30 media cuadra al norte de la casa y quemaron cubiertas y dieron vuelta contenedores. La Guardia Republicana entonces obligó a los militantes a desplazarse hacia el norte en dirección al Palacio Legislativo. La sede es señalada desde hace varios años como un lugar de reunión de Plenaria Memoria y Justicia, organización liderada por Irma Leites.