Nacionales | 25 Mar La aprobación del decreto que otorga potestades al Ministerio del Interior para intervenir en protestas que incluyan el corte de calles, caminos o carreteras, genera fuerte polémica dentro de la fuerza de gobierno, e incluso con los sindicatos, que califican como un “decreto de la dictadura” a esta medida.
Ministros del gobierno salieron a defender la decisión. Por ejemplo, la titular del Ministerio de Desarrollo Social, Marina Arismendi, consideró que este decreto "no es contra el movimiento sindical ni los trabajadores".
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a su vez, defendió en declaraciones a radio Carve la medida asegurando que "muy pocas veces ha habido uso de la fuerza" por la Policía en las manifestaciones y aclaró que "el tema está planteado desde el primer gobierno. No es nuevo”.

COFE ACUSA AL PODER EJECUTIVO
Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado sostienen que el gobierno ha "promulgado varios decretos" que imponen "condiciones a los trabajadores organizados que no deberían estar en el espíritu de un gobierno progresista". COFE emitió un comunicado en el que expresa su "más profundo rechazo a la intervención realizada por el Ministerio del Interior" contra trabajadores del Sindicato Único de Transportistas de Carga y Ramas Afines (Sutcra). Los funcionarios señalan que los manifestantes que bloqueaban el paso de los camiones en la planta de La Tablada estaban "amparados en el artículo 57 de la Constitución".

CIERRE DE FRONTERAS PARA VINCULADOS A CAMBIO NELSON
El juez penal de Maldonado dispuso el cierre de fronteras para cinco personas vinculadas al Cambio Nelson, propiedad del exdirigente colorado Francisco Sanabria, quien permanece prófugo a causa de las denuncias de emisión de cheques sin fondo y desaparición de dinero que era depositado en sus locales.
El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, dijo en la Comisión de Hacienda de Diputados que los estados contables del cambio "tenían claros apartamientos de los pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y de las normas de información financiera del BCU". Además, estos documentos "impedían visualizar operaciones no autorizadas".
También será citado a declarar Humberto Capote, excontador y exasesor de Cambio Nelson, empresa que como expresidente del BCU autorizó a operar en 1998. Según informó el semanario Brecha, las personas investigadas por el juez y que no podrán salir del país son tres contadores del cambio, su gerente general, Nelson Calvette, y un amigo de Sanabria que, como informara El País, recibió del empresario un sobre que contenía alrededor de U$S 250.000.
Rodrigo Morosoli, fiscal del caso, solicitó a su vez que se levante el secreto bancario a las sociedades que estaban a nombre de Sanabria, su esposa, Carolina Serna, y su suegro, el colombiano Jorge Serna, exgerente del hotel Conrad, además de Calvette y el allegado al exsecretario general del Partido colorado en Maldonado.

EMBARGOS POR 20 MILLONES DE DÓLARES
El juez Souto dispuso el embargo de propiedades que estaban a nombre de Sanabria, cuyo valor es de U$S 20 millones. Según indica El Observador citando a fuentes del caso, de esta forma se pueden reducir las posibilidades de que los acreedores de las empresas de la familia Sanabria puedan cobrar. Además del Cambio Nelson, los Sanabria son propietarios de un tambo y la compañía de alquiler de autos y eventos José Garrido Turismo y Transporte.

CUATRO MIL PERSONAS EN VOLUNTARIADO
El primer encuentro entre las personas de Montevideo que se inscribieron en el Programa de Voluntariado convocado por el Ministerio de Desarrollo Social y los representantes del Estado tuvo lugar este viernes en las instalaciones de la Intendencia de Montevideo. Otras reuniones serán en el Interior en abril. De esta forma, los 30 organismos estatales habrán presentado sus planes a los 4.000 inscriptos.
El director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Matías Rodríguez, explicó que este es el segundo año de lanzamiento de la propuesta, que consiste en que el Estado abra sus puertas y las políticas públicas a la participación de la gente. El año pasado se inscribieron 2.800 personas y este año son 4.000. "Con ello confirmamos una característica del pueblo uruguayo, que es la solidaridad", expresó.
Rodríguez afirmó que es el Estado el responsable de avanzar en derechos, garantizar el bienestar y desarrollar prestaciones y servicios, acciones que tienen que estar combinadas con la apertura a la participación de la población. Agregó que es una participación que demanda, exige y pide rendición de cuentas, pero que también forma parte de las respuestas. Se inscribieron personas desde los 16 años.
“El voluntariado es una expresión de participación ciudadana, solidaria y transformadora”, apuntó el director. Destacó que la consigna del programa es "Participar para transformar", instancia que permite participar en el avance en derechos, en temas de adolescencia y juventud, medioambiente o primera infancia, actividades que se pueden cumplir en 30 organismos públicos.

URUGUAY SUSCRIBE EXIGENCIA A VENEZUELA
Uruguay y otros 13 países americanos exigieron a Maduro en una declaración conjunta un calendario electoral y la liberación de los "presos políticos". El documento, que se desconoce si será sometido a votación en la Organización de los Estados Americanos, indica que antes de la suspensión, que es "el último recurso", deben "agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable".
No obstante, no ponen la fecha de un mes ni hablan de anticipar las elecciones generales previstas para 2018, sino que piden que se "establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas".
Todo esto sí lo pone en palabras el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien el viernes pidió la unidad de los países americanos para dar un ultimátum al presidente venezolano de que si no convoca a elecciones generales en un mes, se le suspenderá de la organización. Los 14 países de la declaración prometen evaluar "con detenimiento" el informe de Almagro, en el que pedía aplicar la Carta Democrática para suspender a Venezuela si no convoca elecciones en 30 días, y lo analizarán "con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la organización". Además de Uruguay, el documento lo firman Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Estados Unidos.
Estos países son del llamado "grupo de los 15", como se les conoce ya en los pasillos de la OEA, cuyo liderazgo se atribuye a México y al que también pertenece Belice, pero que no se suma en esta ocasión por neutralidad al ostentar la presidencia de turno del Consejo Permanente, según explicaron fuentes diplomáticas.
Estos países quieren convocar una sesión del Consejo Permanente sobre Venezuela la semana que viene, pero todavía no dieron este paso de manera oficial, y tampoco decidieron aún si someterán o no su declaración conjunta a votación en ese foro, según las mismas fuentes.