Opinion | 24 Mar Hace pocos días se divulgaron datos acerca del resultado económico financiero de UTE durante 2016, los que, entre otros aspectos, indican que el ente logró en el período una ganancia significativa, a partir sobre todo de una gestión de las inversiones logradas en el área de la energía eólica. Es un aspecto positivo, más allá de la incidencia del elemento climático en el funcionamiento puntual del organismo, que indica que dentro de la relatividad del término, cuando se trata de organismos del Estado, ha habido una gestión ponderada.
Es así que tras un año considerado exitoso, la empresa eléctrica estatal publicó sus resultados financieros de 2016 en los que se reflejan una ganancia de 404 millones de dólares, su mejor resultado desde 2010.
La relatividad se deriva de que es una empresa estatal, que puede fijar las tarifas a su antojo, como Ancap u OSE, de acuerdo con su conveniencia, sin a la vez poder desentenderse del esquema general del país, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Poder Ejecutivo, para ser más precisos, porque estamos ante piezas de un todo y hay una interacción cuyo elemento de cohesión es o debería ser precisamente el Poder Ejecutivo, más allá de una mentada autonomía formal de las empresas (que en los hechos no es tal).
Corresponde tener presente que el buen desempeño operativo del anterior período convirtió a UTE en una de las fuentes principales de financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir las principales necesidades del gasto público y achicar el déficit fiscal. De las “ganancias”, del período, la entidad envió a Rentas Generales, un total de 225 millones de dólares, poco más de la mitad de las ganancias. Aunque originalmente se iban a enviar unos U$S 70 millones, se agregó a la transferencia U$S 150 millones extra por su buen desempeño operativo, pero sobre todo porque se necesita dinero en las arcas estatales.
Según surge del informe, una de las razones principales de los números positivos fue la reducción en los costos de abastecimiento eléctrico, pero esta “mejor gestión” no implicó que se rebajaran o por lo menos mantuvieran las tarifas del servicio, que son de gran incidencia en la economía hogareña –el UTE Premia, de fin de año, hace descender el índice inflacionario en la estadística del INE-- , en las empresas y, sobre todo, en los sectores productivos.
No tarda en hacerse lugar para las “razones” que, llegado el momento, se esgrimen desde el gobierno para justificar que se incrementen las tarifas, que ponen al ciudadano común siempre en las verdes, porque cuando hay maduras, como en la gestión de UTE del año pasado, nos quedamos como el gato: mirando la fiambrera.
“Hay ganancias, podemos rebajar tarifas, pero el gobierno tiene agujeros para llenar y, por lo tanto, hay que aumentarlas”, es la concepción que más o menos, aunque con otras palabras, ha primado en el gobierno y así se lo ha impuesto al directorio de UTE, en realidad, tales palabras tienen como destino a los uruguayos, que deben sacar más plata de sus bolsillos para hacer frente a sobrecostos en las tarifas de electricidad para cubrir el déficit fiscal.
Lamentablemente, ello no solo ha ocurrido con UTE, también con las demás empresas públicas y, sobre todo, con Ancap, que se ha favorecido en cuanto a sus costos con un dólar depreciado y un precio del petróleo que ha estado la mayor parte del año por debajo de los precios de referencia con que opera. Y sin embargo, en los últimos años llegó a un déficit del orden de los 1.000 millones de dólares, ha debido recapitalizarse por unos 600 millones con dinero de Rentas Generales y se ha “recapitalizado” por cuenta propia durante 2016 al no rebajar los combustibles. Así logró ingresos extra que habrían permitido obtener un saldo favorable de 15 millones, pero a costa de cientos de millones de dólares extra que debimos pagar --y lo seguimos haciendo-- por mayores precios de los combustibles.
Sin dudas, las empresas estatales son piezas centrales que el gobierno utiliza en esta coyuntura para tratar de cumplir con el objetivo de reducir el déficit fiscal a 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI), cuando hoy este índice se encuentra en 3,7%.
Tras la fiesta de gastos, cuando se menciona reducción de costos, supuestos ahorros, mejora de la gestión, cada uno opina según le va en la feria. Así, para Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, “es un muy buen resultado” el de 2016, que se suma a los otros tres años anteriores que también fueron bastante lucrativos para la entidad. En esos cuatro años acumuló ganancias por U$S 1.073 millones, en contraposición a Ancap, que tuvo pérdidas de U$S 691 millones en el mismo lapso de tiempo. El costo de producción de energía por UTE en 2016, gracias a la entrada en funcionamiento de diversos parques eólicos –en su mayoría privados–, se redujo a U$S 337 millones, aunque se tenía presupuestados U$S 600 millones.
Es decir, en ambas empresas públicas --que son las que manejan más dinero-- tenemos situaciones diferentes, pero tienen el común denominador que el usuario siempre resulta perjudicado, con una excusa o con otra. En el caso de Ancap, para hacer caja por el monstruoso déficit que arrastra; en el de UTE, para ayudar a tapar este y otros agujeros en el marco del déficit fiscal que se acerca al 4% del PBI. Y conste que no hacemos mayor hincapié en el déficit de AFE, que no es nada despreciable, ni tampoco en la gestión de OSE y Antel.
El ciudadano paga sobrecostos en las tarifas y en el gobierno solo se habla de recaudar más, sin afectar el gasto público. Hasta ahora ha faltado voluntad política y, más que ello, la responsabilidad de decir las cosas por su nombre y enfrentar a las corporaciones y grupos de presión, empezando por las agremaiciones de funcionarios públicos, que quieren seguir como si nada pasara y que Juan Pueblo siga pagando, adormecido por los eslóganes repetidos hasta el cansancio.