Nacionales | 26 Mar El presidente de Antel, Andrés Tolosa, anunció que en 2017 avanzarán signficativamente las obras para la instalación de fibra óptica en todo el país, con un presupuesto de inversión de 20 millones de dólares para este año. En algunas localidades como Juan Lacaze comenzarán las obras en breve, pero se espera completar algunas capitales departamentales y comenzarán en otras localidades del interior.
Observó el jerarca que ya hay un 70% del país cubierto, y se estima que, dependiendo del nivel de inversión que se pueda ejecutar, en un horizonte de tres años se completarían los principales puntos del país y en cinco años estaría el 100% cubierto.
Consideró que la fibra óptica es un proyecto a largo plazo, de más de 20 años de vida útil y que la inversión total puede rondar los 800 millones de dólares, entre lo que ya se ejecutó y lo que resta, que implica un 30% del territorio, con la salvedad de que lo que resta es en las localidades con menor densidad de población y con costos de instalación mayores. Se estima que en un plazo de 10 años se pueda dar el retorno de esa inversión.

INTERIOR Y FA SE REÚNEN POR DECRETO ANTIPIQUETE
El próximo miércoles la bancada del Frente Amplio (FA) se reunirá con el director general del Ministerio del Interior, Charles Carrera, y --según dijo el diputado del FA Jorge Pozzi a Telenoche Online--, están convocados "los coordinadores de diputados y quienes quieran participar" en la instancia para escuchar las explicaciones que el ministerio tiene sobre este decreto que generó el rechazo en el oficialismo y el Pit Cnt.
La normativa, aprobada durante el Consejo de Ministros del pasado lunes en San Luis, establece que la Policía podrá intervenir sin autorización previa del juez para “preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehícu-los u objetos de cualquier naturaleza”. Los legisladores de izquierda y el Pit Cnt entienden que este decreto atenta contra el derecho a huelga.

INAU DEBE PAGAR POR MALTRATO A INTERNOS
El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) fue condenado a pagar 250 mil pesos en un caso y ocho mil dólares en otro, a dos madres de internos del INISA que eran maltratados por los funcionarios.
El juez de lo contencioso administrativo de 3º Turno, Pablo Eguren, condenó al INAU a indemnizar a dos madres y al hijo de una de ellas, que reclamaron por los maltratos físicos y psicológicos que padecieron sus hijos en dependencias del INISA.
Según surge de las actuaciones, la madre de uno de los menores que se encontraba internado en Colonia Berro en 2014 denunció que su hijo era golpeado por funcionarios del centro e incluso la familia era intimidada por dichos empleados.
Según el juez solo le permitían ver al menor por media hora y en varias de estas visitas, la madre del joven constató que este se encontraba sucio, golpeado y prácticamente no hablaba, por lo cual realizó la denuncia.
Por otra parte, en el caso del otro joven, que también se encontraba cumpliendo medidas en el centro de ingreso y derivación en el año 2013, su madre constató en la segunda visita que los internos comían alimentos en mal estado. Asimismo, familiares del adolescente fueron víctimas de comentarios denigrantes de los funcionarios.
Posteriormente, tuvo lugar un motín en el que el joven fue obligado a intervenir por estar en la pieza donde se produjo el disturbio.
Según surge de los expedientes, varios funcionarios fueron procesados sin prisión por reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y uno de ellos con prisión por el mismo delito.
En ambos casos, el magistrado acogió parcialmente la demanda. En sus fallos, el Dr. Eguren condena al INAU al pago del rubro daño moral en favor de la madre del primero de los adolescentes mencionados por la suma de $ 250.000, y en el caso del segundo joven debe pagar 5.000 mil dólares a la madre y 3.000 al interno.

TCR OBSERVÓ CONTRATOS DIRECTOS DEL MIDES
El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó la contratación directa de 70 instituciones por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que fueron hechas a efectos de brindar servicios de cuidados. Pese a esto, la cartera decidió reiterar el gasto.
En junio del año pasado el TCR señaló que la ministra Marina Arismendi había autorizado el gasto de hasta $ 50.851.165 a efectos de contratar instituciones que brindan servicios de cuidados y educación infantil "a niños y niñas menores de tres años de familias beneficiarias de los programas prioritarios y otros programas sociales del Mides en zonas donde no se encuentran cupos disponibles en centros públicos".
La resolución del organismo advierte que el Ministerio realizó "70 contrataciones directas con distintas personas jurídicas de derecho privado" que "deberían tramitarse a través del procedimiento de Licitación Pública". También señala que las contrataciones no se adecuan con las causales de compra directa por excepción.
Pese a lo dictaminado por el órgano de control, el Mides decidió reiterar el gasto, según se advierte en otra resolución del 28 de setiembre pasado. El Tribunal señala allí que se mantiene la observación y que se dará cuenta a la Asamblea General.
El tema salió a luz esta semana cuando el diputado nacionalista Martín Lema presentó un pedido de informes al Mides exigiendo que se le expliquen "las razones por las cuales se utiliza el procedimiento de contratación directa, cuando el que corresponde es el de Licitación Pública".

GOBIERNO NEGÓ VISA A DIPLOMÁTICO DE COREA DEL NORTE
El gobierno frustró la iniciativa del Frente Amplio de que un representante diplomático de la República Democrática de Corea (RDC) llegara a Uruguay para reunirse con la izquierda y mantener contactos con el Ejecutivo. La Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio había invitado al país al embajador de Corea del Norte en Perú, Kim Hak Chol, ante la insistencia de un uruguayo radicado en ese país, dijo una fuente política a El Observador.
El gobierno se enteró de lo que estaba sucediendo la semana pasada cuando el diplomático norcoreano hizo una solicitud de visa para ingresar al país. Pero el Ejecutivo decidió trancar la llegada del representante de Corea del Norte.
El canciller Rodolfo Nin Novoa dio la orden de que se le negara la visa, precisó la fuente consultada.