Opinion | 27 Mar El Sistema Nacional de Certificación Laboral se implantó en junio de 2010 y le otorgó a los prestadores y seguros integrales de salud la posibilidad de efectuar las certificaciones médicas sobre incapacidad temporal de sus afiliados, ante expresa solicitud. Sin embargo, se ha transformado en un dolor de cabeza para un sistema que se usó –en líneas generales-- de manera abusiva en los últimos años y que ha tratado de buscar una vuelta para modificar los altos índices de certificaciones existentes en diversos ámbitos, con el consiguiente perjuicio económico para el organismo.
Ya desde el año pasado el BPS se había comprometido a controlar la veracidad de las certificaciones médicas, con un refuerzo de las inspecciones a domicilio, ante la necesidad de un cambio cultural que fluye por la “viveza criolla” de solicitar certificaciones para faltar por cualquier motivo, o exagerar las reacciones a una patología simple.
El presidente del directorio del organismo, Heber Galli, anunció un reforzamiento del personal afectado a la gerencia de certificaciones y peritajes con la inclusión de al menos una decena de médicos certificadores en Montevideo y otros 70 en el Interior. Galli considera que este sistema funciona --si se aplica a cabalidad--, en tanto tomó como ejemplo el control que ejerce sobre los funcionarios del ente previsional.
Paralelamente, el organismo realizaba una tarea coordinada entre los prestadores públicos y privados, el Sindicato Médico (SMU) y el BPS, a fin de investigar las certificaciones médicas y un control de los profesionales con mayores certificaciones, a través de un cambio en el software. El involucramiento del SMU se basa en el acto médico, regulado por la ley del código de ética médica, para constatar las razones que llevan a los técnicos a extender innecesariamente las certificaciones.
En este caso, la justicia investigó las irregularidades cometidas por un profesional que extendía licencias médicas por $300, tras una investigación efectuada por el diario El País. De esta manera, el BPS hizo un seguimiento hasta descubrir una gran cantidad de certificaciones con su firma que “perjudicaron a la institución”, según fuentes del banco.
Algunas cifras de las erogaciones que realiza el BPS por concepto de certificaciones: en 2014 el banco pagó U$S 149 millones y en 2013 abonó U$S 123,5, es decir que, en el plazo de un año el incremento se ubicó por encima del 20%. En 2016, el BPS pagó U$S 200 millones para cubrir el subsidio por enfermedad, por tanto, los costos aumentaron por encima del 30% anual, y necesita contener el déficit que el año pasado alcanzó U$S 440 millones. Las pérdidas por certificaciones falsas se estiman en U$S 5 millones mensuales y, por lo tanto, generan un desequilibrio en las finanzas que ameritó la transformación de un problema institucional, en uno de índole político. La bancada del Frente Amplio anunció que realizaría un seguimiento exhaustivo del dinero que se evapora con los certificados “truchos”, e incluso se reunió con el sindicato, que expresó ante los legisladores su convencimiento de que una regulación de este problema, aliviaría en gran medida la situación financiera del BPS.
Sin embargo, la directora en representación de los empresarios, Elvira Domínguez, alertó hace tres años que esa cifra mensual se incrementaría con el paso de los meses. Y así sucedió.
Es que la cifra comenzó a dispararse en 2010, justo cuando el organismo quitó el doble control administrativo que ejercía el BPS, porque ahora alcanza con la presentación de una certificación del profesional del prestador de salud al que pertenece el empleado para acceder al subsidio. Y, obviamente, está en la mira del ministro de Economía, Danilo Astori, quien reconoció la presente inseguridad económica del ente provocada –en gran medida-- por las certificaciones excesivas. En los últimos días se supo que el SMU, el BPS y la Facultad de Medicina acordaron una tabla, donde figura el tiempo esperado de recuperación, según los casos de enfermedad. Gustavo Grecco, dirigente del sindicato, ejemplificó que una gripe no puede certificarse más allá de cinco días, de lo contrario “es para pensar que algo raro hay”.
La educación es uno de los sectores con mayores afectaciones por el ausentismo laboral, en tanto promedia el 43% del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Consejo de Educación Secundaria y UTU. Las patologías más comunes son dolores de columna, musculares o de articulaciones, que reciben una certificación promedio de 10 días, y las enfermedades psiquiátricas, por 21 días.
Asimismo, el ausentismo preocupa cada vez más en el sector industrial, al tiempo que desde la Cámara de Industria precisaron que existen empresas con el 7 u 8% de su personal certificado, con afectaciones a la producción y el tema en la agenda permanente de los gerentes encargados de recursos humanos. En todo caso, hay certificados que no responden a la realidad del solicitante, pero profundizan las problemáticas hacia las internas de los puestos laborales porque las tareas se llevan adelante con menor cantidad de personal. Esto, a su vez, provoca un sobrepeso de responsabilidad y estrés en aquellos que permanecen en sus lugares, por tanto, se transforma en un círculo vicioso que resta calidad y no optimiza los resultados.
La mala gestión y la desidia que permitió la continuación del vertido de recursos sin controles se basa en la privatización y traslado de una responsabilidad institucional y pública, a prestadores de salud. Una decisión tan sensible como la determinación de días libres que serán abonados con recursos de todos, quedó en manos de terceros. Las nuevas estrategias de trabajo en serio demoraron siete años en resolverse y eso, en un país que proclama la austeridad de las cuentas públicas, es demasiado tiempo.
La uruguayez en su máxima expresión es un asunto de plata --de mucha plata-- que sale del erario público, y paga caprichos institucionales que resuelven personas que siempre están de paso, pero que provocan perjuicios que trascienden a las administraciones.