Locales | 29 Mar El Ministerio de Industria, Energía y Minería y el directorio de Ancap resolvieron dejar en suspenso los despidos programados para el 31 de marzo que involucraban a unos 220 trabajadores. Los afectados se desempeñaban en cooperativas sociales, además de 42 funcionarios de la planta de Paysandú y 20 de Lavalleja, en un proceso que se extendería en abril y mayo con la desafectación de otros puestos laborales.
El secretario de Interior del sindicato de la construcción (Sunca), Richard Ferreira, dijo a EL TELEGRAFO que “la situación de los tercerizados viene desde directorios anteriores que sacaban a los trabajadores de áreas de producción y los destinaban a servicios”. En los últimos meses, “a raíz de las reestructuras se adoptó la decisión de desafectar a 220 operarios, lo que motivó a una serie de acciones del Sunca en su defensa”, en tanto “reclamamos desde hace tiempo, ámbitos de negociación para buscar alternativas que no sean la pérdida de puestos de trabajo”.
El viernes, una delegación sindical se reunió con la comisión de Legislación del Trabajo de la cámara de diputados, que realizó gestiones ante el directorio del ente petrolero y la secretaría de Estado. “El ministerio de Industria determinó dejar en suspenso las medidas y convocar a un ámbito de negociación que se desarrollará hoy en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra), en una tripartita que integran el Sunca y Federación Ancap, por un lado, el directorio de Ancap y el ministerio de Trabajo”.

INVERSIONES COMPLICADAS
La ministra de Industria, Carolina Cosse, se reunió en Paysandú Innova con delegados del Pit Cnt, Federación Ancap y Sunca, y allí “nos reiteró que está bastante complicada la situación de la cementera, pero se intentará mantener las tres abiertas, de acuerdo con su planteo ante el directorio” del ente petrolero, dijo el presidente de Fancap, Horacio Depratti.
“Los planes indicaban que lo ideal era cerrar la planta de Paysandú y esa decisión no se había adoptado por las consecuencias sociales en el departamento. Se comprometió a que el hilo no se corte por el lado más fino, con la suspensión de los despidos y la búsqueda de una solución alternativa”, agregó el dirigente. Las reivindicaciones de Fancap basadas en las inversiones en las cementeras “no son factibles porque Ancap no cuenta con recursos para su concreción y tenemos diferencias sobre la rentabilidad”.
Depratti explicó que “las empresas privadas se plantean inversiones en sus cementeras para ampliar su capacidad y Ancap dice que no hay mercado para la colocación de su producción”. Sin embargo, Cosse reconoció que “las dificultades radican en el ministerio de Economía que no destina recursos para ningún tipo de inversiones en el cemento. Incluso está complicado para las inversiones mínimas y se realizan grandes esfuerzos para lograr 30 millones de dólares. Por eso, ni que hablar si nos referimos a grandes inversiones como la instalación del tercer horno en Paysandú que costaría 140 millones de dólares”.
El dirigente señaló que la Federación concurre con las expectativas de “plantear alternativas y una es que se quiten a las empresas tercerizadas del medio, porque se llevan gran parte de los recursos, y se busque la conformación de cooperativas”.