Opinion | 29 Mar El cierre imprevisto de Cambio Nelson encendió la mecha y la desaparición de su propietario, Francisco Sanabria, que financió la campaña política del Partido Colorado, abrió un abanico de largas discusiones basadas en el tipo de comisión investigadora que se instalaría en el Parlamento. La polémica se extendió por varios días, y mientras el oficialismo abogaba por una investigación desde 1984 hasta la actualidad --con fines legislativos-- los colorados se enfocaban en cinco empresas específicamente.
El Frente Amplio pretendió conocer el origen de la financiación de la campaña electoral de Vamos Uruguay, que llevó a la diputación a Germán Cardoso en Maldonado, y el coloradismo apuntó su artillería a las empresas que financiaron al MPP, al vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y al Frente Amplio a través de Fripur, Cutcsa, La 10 y Aire Fresco.
La jornada de ayer osciló entre la incertidumbre sobre la postura de varios legisladores, que no adelantaron su opinión y la posibilidad de un empate entre las dos mociones. Finalmente, este partido que se jugó en la cámara de representantes, resultó a favor de la oposición porque el diputado Gonzalo Mujica dio la mayoría necesaria.
Este asunto no es nuevo en nuestro país y los últimos datos de la organización Global Integrity ubicó a Uruguay con el tercer peor puntaje, en comparación con los países de la región. Obtuvo 46 puntos en promedio, tras un análisis del financiamiento de los partidos políticos, por debajo de Argentina –que resultó el mejor puntuado-- Brasil y Chile. Solo se ubica por encima de Paraguay (33 puntos) y Venezuela, con 29.
La organización cuestionó a la Corte Electoral que no cuenta con “la capacidad suficiente” para regular las donaciones, y aunque tiene habilidad para dirigir estas investigaciones, no lo hace ante la falta de presupuesto.
Pero, en todo caso, la transparencia del origen de los recursos que reciben los partidos políticos para efectuar sus campañas, está íntimamente relacionada a la calidad de la democracia y se posiciona como un asunto de equidad en la competencia electoral.
Cuando la primera ley, en 1928, determinó los recursos que recibiría cada sector desde las arcas del Estado, no se regularon los fondos privados, que permanecieron en las manos de los referentes sectoriales y bajo su responsabilidad. Incluso no existen las herramientas institucionales que definan cuánto se recaudó y gastó en cada partido político, por concepto de propaganda electoral y campañas en general.
En 2007, el entonces presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento, un proyecto de ley que preveía el control del financiamiento a cargo del Tribunal de Cuentas, sin embargo, el trámite parlamentario trasladó a la Corte Electoral, que no tiene infraestructura ni presupuesto.
Mientras los uruguayos nos preguntamos de dónde sale tanto dinero para campañas extensas y agotadoras, solo nos animamos a calcular que en las elecciones internas de 2014, el Partido Nacional habría gastado U$S 3.700.000, el Partido Colorado U$S 1.500.000, el Frente Amplio U$S 515.000 y el Partido Independiente U$S 100.000. Si se desglosa el gasto, observamos que el nacionalismo gastó por encima del Frente Amplio ante una campaña reñida, y sus candidatos pautaron por más tiempo en televisión. En todo caso, es una realidad que se repetiría.
Según las rendiciones de cuentas presentadas ante la Corte Electoral, entre el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado se gastaron U$S 9 millones en la última campaña electoral. En este caso, el principal donante de la campaña del Frente Amplio fue el Frigorífico San Jacinto; CPA Ferrere, Alian S.A y Baluma S.A aportaron a Lacalle Pou, y el productor Alberto Gramon lo hizo para Pedro Bordaberry.
A fines del año pasado, en la interna frenteamplista surgió la propuesta del expresidente José Mujica de prohibir que las empresas privadas financien a los partidos políticos y planteó que se realice a través de una rebaja salarial de los cargos de confianza política. Incluso se había conformado a nivel parlamentario una comisión que analizaría y legislaría una normativa sobre el financiamiento de los partidos, que no avanzó.
Ocurre que las fuentes privadas de financiamiento condicionan a los partidos y es un tiro por elevación para un sistema que ya se encuentra agobiado y resulta contradictorio. La ley no fija un tope al gasto por campaña, por lo tanto, se gasta muy por encima de los recursos que reparte el Estado.
La legislación vigente establece un máximo de 300.000 UI, o U$S 36.000 para cada donación privada, al tiempo que las concesionarias de servicios públicos no pueden aportar más de 10.000 UI, o U$S 1.200. Es decir que, si una comisión parlamentaria derivó a la Corte Electoral el control de los gastos --a sabiendas de que no cuenta con los medios necesarios-- no resultará difícil el razonamiento basado en el desgano por ese control.
Hasta ayer, que surgió por otras causas y cuestionamientos políticos que resultarán rentables y nos mantendrán más o menos entretenidos, mientras los temas acuciantes del país y su población, van por otro lado.
Paralelamente, la justicia sigue su labor y ha solicitado el embargo por 20 millones de dólares sobre las propiedades del exdiputado Francisco Sanabria.
El exdirigente colorado, prófugo de la justicia, ha sido localizado por Interpol en Estados Unidos y es incierto el plazo para su retorno a Uruguay, mientras se prepara un pedido de extradición.
Solo ha quedado claro la dificultad existente para decidirse a investigar y que, a partir de allí, se aprieten demasiados callos. Nada que sorprenda.