Nacionales | 28 Mar Ancap cerró el 2016 con un balance positivo de U$S 15 millones y cortó con una racha negativa de cinco años en los que acumuló pérdidas por U$S 800 millones. Este lunes, la directiva de la empresa presentó los números del año pasado.
La mejora de los números de Ancap, que el año pasado había cerrado con un déficit de U$S 198 millones, contó con varios aliados. El primero y más determinante fue la decisión del ente de no trasladar a las tarifas el descenso del precio del crudo y un dólar por debajo de la paramétrica. La presidenta de Ancap, Marta Jara, volvió a reconocer este lunes que los menores costos se volcaron a "robustecer la situación financiera de la empresa".
Otro punto destacado por el directorio fue el manejo de la deuda del ente, que bajó de U$S 1.417 a U$S 653 millones. En ello --explicó el gerente financiero, Gustavo Mayola-- incidió la capitalización que dio el Ministerio de Economía y Finanzas por U$S 623,5 millones a principios de 2016 por un préstamo que tenía con el ente en unidades indexadas que redujo la carga de intereses. Según Mayola, los costos de intereses se redujeron un 50%, ubicándose en U$S 21 millones.
El margen bruto de Ancap fue de U$S 398 millones. A eso hay que descontarle U$S 108 millones de una multa de la DGI. El margen Ebitda (que representa el resultado antes de descontar intereses impuestos y amortizaciones) fue positivo en $ 919 millones, superando al de 2015. Los ingresos netos, sin embargo, cayeron en términos corrientes.
La publicidad, uno de los puntos más discutidos de la anterior gestión --al punto que forma parte de la denuncia penal que presentaron los partidos de la oposición-- bajó un 51,5% en 2016.
Algunas divisiones de Ancap, sin embargo, no lograron revertir sus números rojos. Portland, por ejemplo, perdió U$S 26 millones en 2016. Se trata de uno de los sectores de la empresa más ineficientes, y Jara advirtió que se debe realizar una fuerte reducción de costos para obtener resultados positivos en dos años. Allí, el directorio encuentra la férrea oposición del sindicato, que se ha manifestado en contra de los recortes de personal en la industria cementera.
El gerente general de Ancap, Ignacio Horvath, aseguró que se mantendrán abiertas las tres plantas de Portland, aunque dijo que "habrá reestructuración de costos".
ALUR es otra pata del ente que se mantuvo en rojo. El año pasado la subsidiaria tuvo un déficit de U$S 9 millones, según indicó el vicepresidente de Ancap, Juan Carlos Herrera. Esto fue a pesar de que ALUR logró cancelar deuda por U$S 23,5 millones y que bajó sus costos un 22% en términos reales. El negocio de cal también resultó deficitario, en U$S 3,9 millones.

JERARCAS DEL CAMBIO NELSON ANTE LA JUSTICIA
Tres altos mandos del Cambio Nelson declararon ayer en calidad de indagados ante el juez de la causa Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli en Maldonado.
El objetivo ha sido conocer el grado de responsabilidad en la operativa porque los tres indagados tenían participación directa en la empresa y podían dar detalles de la operativa diaria, la creación de cuentas informales y si el cambio fue usado para lavar dinero, dijeron a El País fuentes judiciales.
La justicia maneja más de 20 denuncias por emisión de cheques sin fondo firmados por Sanabria y por desaparición de dinero que era depositado en el cambio de forma ilegal, ya que no están autorizados a captar fondos.
El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, dijo el pasado miércoles en la comisión de Hacienda de Diputados que los estados contables del cambio "tenían claros apartamientos de los pronunciamientos del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay y de las normas de información financiera del BCU". Además, estos documentos "impedían visualizar operaciones no autorizadas".
El pasado viernes el juez de Maldonado dispuso el cierre de fronteras para cinco personas vinculadas al Cambio Nelson, la empresa propiedad del exdirigente colorado Francisco Sanabria, quien permanece prófugo a causa de las denuncias de emisión de cheques sin fondo y desaparición de dinero que era depositado allí.

ALUR PAGÓ TRES VECES MÁS POR PLANTA DE ETANOL EN PAYSANDÚ
La empresa ALUR pagó a Abengoa Teyma 150 millones de dólares para una planta que produce 70 millones de litros de etanol, el mismo precio que cobró por la venta cuatro plantas en Europa que producen once veces más, según informó Radio Carve.
Además, la planta de Paysandú tiene un costo de producción de más del doble de las otras plantas. Cuando las plantas europeas se hicieron costaron las cuatro 640 millones de dólares con una producción total de 800 millones, lo que da 0,80 dólares por litro, en tanto el costo por litro en Paysandú es de 2,14 dólares.
La empresa vendió por 150 millones de dólares sus plantas de etanol y biocombustible a un fondo de capital de riesgo, se indicó. Las cifras coinciden con las declaraciones de Sendic antes de que se concretara el proyecto, cuando habló de un costo de 50 millones de dólares, que daba un costo de producción de 0,71, dentro del promedio de la empresa. Otro aspecto es que las plantas europeas tienen una producción del doble de litros por empleado, obteniendo unos 3,6 millones de litros con 70 empleados, mientras que en Uruguay 48 empleados producen 1,4 millones.

SOSPECHA EN COMPRA DE INMUEBLE
El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, se refirió a la polémica compra por la comuna de un inmueble a U$S 1.490.000, cuando dos días antes la empresa que se la vendió la había pagado U$S 750.000. En declaraciones a los medios, recogidas por radio Uruguay, Martínez dijo que lo mejor en este momento es "no hacer mucho discurso ni dar manija, sino investigar".
El intendente sostuvo que los datos que tienen actualmente muestran que en la compra todo fue "en regla", pero reconoció que hay que "profundizar e investigar" porque la población merece transparencia. Ruperto Long, ministro del Tribunal de Cuentas, fue entrevistado en la emisora y también habló sobre el tema: describió la situación como algo "llamativo".
“Cuando uno tiene una sola oferta, tiene que estudiar con mucho detalle si esa oferta refleja el valor del mercado”, opinó. Y luego agregó que "en esta compra que hace la intendencia hay algo muy llamativo. Se compra un inmueble por el doble de su valor".
Long dijo que "la compra no se ajustó a los principios de buena administración" y que "la intendencia tiene que haber visto que el terreno se compró al doble”.
La resolución del Tribunal de Cuentas, fechada el pasado miércoles 22, sostiene que el proceso licitatorio se adecuó a lo dispuesto por el artículo 33 y siguientes del Texto Ordenado Ley de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).
"Sin perjuicio de ello, el Pliego de Condiciones es en extremo detallista en cuanto a los requisitos que debe reunir como mínimo el inmueble a adquirir, incluyendo no solo ubicación y superficie sino además las especiales construcciones que deben existir en el mismo, al punto, por ejemplo, que se indica la cantidad de metros cuadrados que deben contar los servicios higiénicos y vestuarios", expresa el dictamen del Tribunal de Cuentas al que tuvo acceso El País.
La resolución expresa que "no constan" en el expediente informes técnicos previos que fundamenten la elección en el pliego de determinada zona de Montevideo para la ubicación del inmueble, así como las especiales características de las construcciones y metrajes que se requieren como mínimo. Tras reconocer que se presentó una única oferta que cumple con los requisitos mínimos del pliego de la Intendencia de Montevideo, el TCR dijo que se pronunció el Equipo Técnico Catastro y Avalúo y la Dirección Superior de la IM "sin fijar" un valor de tasación del inmueble.
El Equipo Técnico, dice el Tribunal, se limita a expresar que el precio ofertado es conveniente a los intereses departamentales y en ambos casos con la salvedad de que para realizar una tasación detallada es necesario contar con los planos a escala legible. "No consta (en el expediente) que se hubiera concurrido al inmueble para estimar su valor", agrega el Tribunal de Cuentas.
Advierte que el inmueble vendido a la Intendencia de Montevideo fue comprado por los únicos oferentes el 14 de diciembre de 2016, dos días antes de la fecha de apertura de ofertas, por U$S 750.000. La empresa que se presentó al llamado cotizó el inmueble en U$S 1.490.000. El Tribunal de Cuentas expresa que, en ninguno de los informes previos a la adjudicación, se tuvo en cuenta que la empresa había comprado el bien 48 horas antes de la apertura de las ofertas. Recuerda que la ley 9.515 establece que compete al intendente adquirir terrenos y edificios para oficinas o mandar construir edificios nuevos con acuerdo, en ambos casos, de la Junta Departamental. "No consta que se haya cumplido ese paso", dice la resolución.