Nacionales | 31 Mar El propietario del Cambio Nelson, Francisco Sanabria, llegará a Uruguay hoy a las 8.45, en un vuelo de la aerolínea América Airlines que viene directo desde Miami, según informó el diario El Observador y confirmaron a Telenoche fuentes del caso.
Está previsto que efectivos de Interpool y Crimen Organizado lo detengan en el Aeropuerto de Carrasco y lo trasladen a Maldonado para quedar a disposición de la Justicia. Allegados a Sanabria indicaron que el exdiputado define a qué abogado contratará para su defensa, aunque se supo que uno de los consultados es el penalista Jorge Barrera.
El juez penal Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli tomaron declaración ayer a la hermana de Francisco, Paula Sanabria, y al exdirector del Banco Central del Uruguay (BCU) y contador del cambio, Humberto Capot.
Días atrás, dos contadoras que trabajan en el cambio y otro funcionario concurrieron al juzgado en calidad de indagados para comprobar, como indicara el magistrado, si los funcionarios tenían participación en las maniobras operativas de la empresa.
El exdiputado suplente del Partido Colorado viajó a Estados Unidos el pasado 23 de febrero. Horas antes, un cartel colgado en la puerta del cambio Nelson indicaba que reabriría luego de carnaval.
A más de un mes del episodio y luego de que el BCU suspendiera las actividades del comercio, la Justicia trabaja para determinar las operaciones ilícitas vinculadas con el cambio.

DEFINEN LÍMITES PARA QUE BANCOS REPORTEN A DGI
El Poder Ejecutivo publicó el decreto reglamentario de la Ley de Transparencia Fiscal y ratificó los montos límite para que instituciones financieras reporten a la Dirección General Impositiva (DGI) el saldo, promedio anual y rendimientos de los depósitos bancarios: 400.000 Unidades Indexadas (UI) —equivalentes a $1.400.000 o U$S 47.766— para personas físicas y jurídicas residentes; U$S 1.000.000 para personas físicas no residentes y U$S 50.000 para entidades jurídicas radicadas en el exterior.
La reglamentación complementa el cuerpo normativo votado a final de 2016 en el Parlamento, que estableció una nueva flexibilización del secreto bancario, aparte de obligar a identificar a los beneficiarios finales de sociedades uruguayas y aumentar los impuestos a las sociedades radicadas en paraísos fiscales, entre otras disposiciones.
La información sobre los depósitos bancarios deberá ser proporcionada por las instituciones financieras (bancos, fideicomisos, fondos de inversión, entre otras) desde este año y será utilizada por el fisco para cumplir --desde 2018-- con el intercambio automático de información tributaria —promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), al que ya adhirió cerca de un centenar de países— en el caso de los no residentes y para controles fiscales en lo que refiere a residentes.
El monto límite al que refiere la normativa corresponde al saldo o valor en cuenta al 31 de diciembre de cada año, aunque para las personas jurídicas no residentes se aclara que la obligación de reporte "subsistirá aun cuando el saldo o valor no alcance en años posteriores los U$S 50.000". Asimismo, si un mismo titular tiene más de una cuenta, sus saldos o rendimientos se sumarán.
En el texto se adelanta que los montos límite sufrirán cambios a partir de 2019 para las personas jurídicas: serán 160.000 UI —unos $560.000 o U$S 19.100— para las residentes y U$S 20.000 para las no residentes. Hace unas semanas, el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, había adelantado a El País que desde 2018 se deberá reportar todos los depósitos de personas físicas extranjeras sin importar el monto, mientras que el valor límite para las personas físicas residentes sería evaluado luego del primer año de aplicación de la ley.

CONTADOR SUMARIADO Y RESTITUIDO A ANCAP DENUNCIÓ AL DIRECTORIO
El contador de Ancap Jorge Pérez, quien fue sumariado en 2013 y reincorporado al ente luego de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) anulara esa sanción por considerarla una "desviación de poder", presentó una denuncia penal contra el actual directorio del organismo por su decisión de no investigar a los gerentes que lo sumariaron en forma irregular.
Ancap sumarió y sancionó a Pérez luego de que este denunciase que la aprobación de los pagos a proveedores de la división portland se realizaba "a ciegas" y "sin ver las facturas". Luego, el TCA anuló ese sumario por considerar que fue un intento por "acallarlo".
Con esa sentencia, el directorio de Ancap decidió restituir al funcionario e investigar los hechos que en aquel momento denunció Pérez (las facturas aprobadas a ciegas), pero descartó indagar a los jerarcas que avalaron y descartaron investigar esas irregularidades. Por la resolución Nº 913, del 27 de octubre de 2016, el directorio de Ancap resolvió por unanimidad que "no surgen elementos que ameriten la realización de una nueva investigación administrativa respecto del actuar de los servicios del ente".
Sin embargo, a juicio del denunciante, no se trataba de una nueva investigación, porque nunca se indagó lo denunciado.
La denuncia presentada por Pérez ante el juzgado de Crimen Organizado fue agregada al expediente de las denuncias de la oposición por irregularidades en Ancap durante el período en el que el ente fue presidido por el vicepresidente Raúl Sendic. El senador nacionalista Álvaro Delgado sumó a esa denuncia la sentencia del TCA una vez que se conoció, por lo que ya forma parte del expediente.
Según la denuncia a la que accedió El Observador, Pérez argumentó que el directorio pudo haber incurrido en delitos como abuso de funciones, falso testimonio, omisión contumacial de los deberes inherentes al cargo, entre otros.
Pérez mencionó que "detalló con absoluta precisión dichos hechos y aportó los elementos probatorios, el actual directorio del ente resolvió no investigar ninguno de los hechos mencionados por el TCA, los que habían ameritado la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado por el aquí compareciente".