Opinion | 31 Mar A tambor batiente, la presidenta de Ancap, Marta Jara --junto a la ministra de Industria, Carolina Cosse, y otros representantes de la empresa y el Poder Ejecutivo-- anunció que el organismo cerró 2016 con un balance positivo de U$S 15 millones y así cortó con una gestión negativa de cinco años en los que acumuló pérdidas por U$S 800 millones.
Esta evaluación debe evaluarse en un contexto de cuestionamientos porque el manejo desaprensivo de los recursos del organismo derivó en pérdidas del orden de los mil millones de dólares, que debieron enjugarse parcialmente mediante una recapitalización.
Los anuncios pretendieron, colmar expectativas de la población en cuanto a la incorporación de correctivos porque, a pesar de cobrar los combustibles más caros de la región, en régimen monopólico, igualmente se han registrado cuantiosas pérdidas en perjuicio de los sectores productivos, de los consumidores y de la población en general.
Para la mejora de los números de Ancap, que el año pasado había cerrado con un déficit de U$S 198 millones, debe tenerse presente que, en primer lugar, hubo decisión política de las autoridades del ente de no trasladar a las tarifas el descenso del precio del crudo y un dólar por debajo de la paramétrica; la presidenta de Ancap reconoció que los menores costos se volcaron a "robustecer la situación financiera de la empresa".
Otro punto destacado por el directorio fue el manejo de la deuda del ente, que bajó de U$S 1.417 a U$S 653 millones. En ello –según explicó el gerente financiero, Gustavo Mayola-- incidió la capitalización que decidió el Ministerio de Economía y Finanzas, por U$S 623,5 millones, a principios 2016, por un préstamo que tenía con el ente en unidades indexadas que redujo la carga de intereses. Según Mayola, los costos de intereses se redujeron un 50%, ubicándose en U$S 21 millones.
El margen bruto de Ancap fue de U$S 398 millones. A eso hay que descontarle U$S 108 millones de una multa de la DGI. El margen Ebitda (que representa el resultado antes de descontar intereses impuestos y amortizaciones) fue positivo en $919 millones, que superó al de 2015. Los ingresos netos, sin embargo, cayeron en términos corrientes.
Asimismo la publicidad, uno de los puntos más discutidos de la anterior gestión –que incluso forma parte de la denuncia penal que presentaron los partidos de la oposición-- bajó un 51,5% en 2016.
A estos elementos debe agregarse que otras divisiones de Ancap --que no funcionan en régimen de monopolio-- no lograron revertir sus números rojos.
El cemento, por ejemplo, perdió U$S 26 millones en 2016. Se trata de uno de los sectores de la empresa más ineficientes y Jara advirtió que se debe realizar una fuerte reducción de costos para obtener resultados positivos en dos años, pero en esta área, el directorio encuentra la férrea oposición del sindicato, que se ha manifestado en contra de eventuales recortes de personal en la industria cementera. El gerente general de Ancap, Ignacio Horvath, aseguró que se mantendrán abiertas las tres plantas de portland, aunque dijo que "habrá reestructuración de costos".
ALUR también tuvo números en rojo en su gestión. El año pasado la subsidiaria tuvo un déficit de U$S 9 millones, según indicó el vicepresidente de Ancap, Juan Carlos Herrera, pese a que logró cancelar deuda por U$S 23,5 millones y que bajó sus costos un 22% en términos reales. El negocio de cal también resultó deficitario, en U$S 3,9 millones.
Es decir, la “mejora” en los números de Ancap tiene un solo origen: el usuario ha sido sometido a pagar sobrecostos en los combustibles, que es la única variable que el organismo puede manejar a su antojo por el régimen monopólico, para paliar el déficit del ente.
El logro de haber reducido el déficit se traduce en que a los uruguayos se nos ha sacado más plata de nuestros bolsillos, de forma complusiva, para enjugar números en rojo.
Ergo, si en el cemento Ancap no tuviera competencia y pudiera aplicarnos el peso del monopolio --como en los combustibles--, la bolsa de cemento se vendería al doble y se estaría aún más lejos de tratar de corregir las ineficiencias en el sector, porque, total, se podría seguir tirando así como está, aunque la construcción se encareciera.
Pero ahí están los privados, como testimonio de que se puede hacer las cosas mejor, lo que no pasa en el Estado, donde, incluso con números en rojo, la empresa no corre peligro porque tiene las arcas públicas como salvavidas. Tampoco corren peligro los puestos de trabajo en el organismo, muy bien pagos, por cierto.
Es momento de que el ente estatal ataque sus ineficiencias estructurales para hacer algo por los que pagamos sus sobrecostos todos los días.
Los uruguayos hemos sido obligados a pagar de más para sacar a la empresa del pozo en la que la metieron sus jerarcas por mala gestión –el directorio actual no es el responsable-- y acaso, como un acto de responsabilidad y sinceridad, podrían comprometerse a no volver a transitar ese camino esta vez; por el país y por su gente.