Nacionales | 03 Abr (EL PAÍS)
Tras los procesamientos en la noche del sábado, el Ministerio del Interior dispuso este domingo un nuevo lugar de reclusión de los tres procesados por el juez penal Marcelo Souto, de Maldonado, por el caso de Cambio Nelson. En una primera instancia el magistrado había solicitado a Interior la reclusión de los procesados fuera del departamento de Maldonado, en Cárcel Central y bajo medidas de seguridad para preservar su vida.
Los procesados fueron enviados a Montevideo una vez que se elaboró el prontuario correspondiente en la Policía Científica de Maldonado.
Desde allí fueron trasladados en móviles de la Policía a Cárcel Central ubicada en San José y Yí en la capital. Sin embargo, a primera hora de la mañana y cuando los reclusos apenas trataban de instalarse, llegó la orden de enviarlos a otros puntos del territorio nacional.
El exdirigente colorado y cambista, Francisco Sanabria Barrios, fue trasladado a la cárcel de Campanero, ubicada en el departamento de Lavalleja. El gerente de la firma, Nelson Calvette, fue a parar a la cárcel de “Piedras de los Indios” en el departamento de Colonia, mientras que la contadora Soledad Ubilla fue alojada en la cárcel de mujeres, según trascendió.
Esto provocó sorpresa e indignación en algunos de los abogados que viajaron desde Maldonado para entrevistar a sus clientes y preocuparse por el tipo de alojamiento. Desde estos lugares los tres serán trasladados a la sede del juzgado del crimen organizado de primer turno a cargo de la doctora Beatriz Larrieu, así como a Maldonado, donde serán enjuiciados por los ilícitos por los cuales fueron procesados.
El juez Marcelo Souto procesó con prisión a Sanabria, Calvette, y Ubilla, y sin prisión a la contadora externa de la empresa, Beatriz Silva.
En tanto, dispuso remitir a Crimen Organizado las actuaciones llevadas a cabo debido a la existencia de indicios de que se produjeron delitos que exceden su jurisdicción. Operadores judiciales dijeron que se presume el lavado de activos.
El fiscal Rodrigo Morosoli también solicitó prisión para el contador Humberto Capote por la presunta comisión de “un delito continuado de apropiación indebida en calidad de coautor”. Pero el juez Souto lo dejó en libertad “emplazado y con cierre de fronteras”, según explicó a El País el propio magistrado, quien agregó que antes de tomar una decisión pidió “una serie de pericias”.
Morosoli solicitó el procesamiento y prisión de Sanabria por la presunta comisión de “reiterados delitos de libramiento de cheques sin provisión de fondos en calidad de autor, en régimen de reiteración real con un delito continuado de apropiación indebida en calidad de autor y con un delito continuado de falsificación ideológica por un particular, en calidad de coautor”. A Calvette, por la presunta comisión de “un delito continuado de apropiación indebida, en calidad de coautor”, y a la contadora Ubilla, por la presunta comisión de “un delito continuado de apropiación indebida, en calidad de coautora, en régimen de reiteración real con un delito continuado de falsificación ideológica por un particular, en calidad de coautora”.
Por su parte, a la contadora Silva pidió procesarla sin prisión por la presunta comisión de “un delito continuado de falsificación ideológica por un particular”.
Según consta en el expediente, el fiscal pidió los procesamientos con prisión en virtud que es “altamente probable que los indagados puedan sustraerse” al proceso que se lleva a cabo contra ellos y teniendo en cuenta que Sanabria y Ubilla “abandonaron intempestivamente la jurisdicción nacional”; restando prueba testimonial por diligenciar (a fin de obtener la plena prueba) que pudiera verse alterada por la libertad ambulatoria de los indagados”.
De acuerdo con el dictamen fiscal, “en esta investigación surge acreditado que, además de la operativa natural de una casa de cambio, esta (Cambio Nelson) recibía fondos de clientes, los que eran mantenidos en la institución para ser posteriormente aplicados en el pago de gastos de los depositantes, funcionando como una suerte de ‘cuenta corriente’, en contravención con la reglamentación vigente para las casas de cambio”.
Para el fiscal Morosoli, “en casos de clientes que dejaban depósitos por elevados montos, Cambio Nelson pagaba un determinado interés, superior al brindado en plaza por las entidades de intermediación financiera”; agregó el fiscal.
Por otra parte, el fiscal Morosoli dijo que en las investigaciones realizadas “se han relevado además indicios suficientes que ameritan iniciar una investigación judicial por hechos presuntamente delictivos, cuyo juzgamiento corresponde de manera exclusiva a la Sede Letrada de Primera Instancia en Materia Penal con especialización en Crimen Organizado”. De esta forma, el caso quedaría a cargo de la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro.
Sanabria fue enfrentado con Capote, a quien identificó como el responsable de la contabilidad del cambio. Sanabria sostuvo que nunca pudo entender cómo interpretar un balance y que nunca participó en su elaboración. Capote, por su parte, negó ser el responsable de la contabilidad del cambio y sostuvo que elaboró cada balance con la información aportada por el propio Sanabria.
También fueron enfrentados Sanabria y Calvette. Aquel acusó a su exempleado de ser el que manejaba el cambio. Esto fue negado por Calvette quien, además, reconoció la existencia de algunas operaciones más allá de la compra y venta de moneda extranjera.
La contadora Ubilla, funcionaria del cambio y quien compartía el acceso al Tesoro de la firma junto con Sanabria, fue el tercer careo del sábado. Ubilla aseguró que toda su actuación fue a partir de las órdenes dictadas por Sanabria.
El momento de mayor tensión de la extensa jornada judicial se registró cuando llegó el turno del careo entre Sanabria Barrios y la contadora Beatriz Silva, indica El País. Silva es la titular del estudio contable que realizaba los trámites ante organismos tributarios.
En su declaración del viernes, Sanabria Barrios negó ser el responsable de haber declarado menos horas y días de trabajo de los empleados del cambio. Esto, dijo, fue responsabilidad de la contadora Silva.
Ello fue negado por la contadora, quien dijo que sus liquidaciones de sueldos y aportes eran comunicados por el propio Sanabria. Y que desde su estudio se enviaban por correo electrónico los recibos de sueldo de los empleados.
De todas formas, no hubo careo. La contadora Beatriz Silva, quien se descompuso en la noche del viernes, pidió no ser careada con Sanabria Barrios, a quien calificó de “mafioso” y “con mucho poder”.

AUMENTÓ PODER DE COMPRA
DE TRABAJADORES
(INE)
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indicó que el índice medio de salarios aumentó 4,34 % en los primeros dos meses del año. En igual período, el índice medio de salarios nominales se incrementó en 5,12 % y el índice medio de salarios real aumentó 1,19 %.
Según detalla un comunicado de prensa del INE, el índice medio de salarios (IMS) con base julio 2008 = 100, que elabora este instituto, aumentó 0,29 % en febrero de 2017, y su número índice se fijó en 270,03. La variación anual acumulada fue de 4,34 % y en los últimos doce meses, de 9,62 %.
Por otra parte, el índice medio de salarios nominales (IMSN) con base julio 2008 = 100 aumentó 0,32 % en febrero de 2017, y su número índice se fijó en 273,56. La variación anual acumulada fue de 5,12 % y en los últimos doce meses, de 10,78 %.
Asimismo, el documento señala que el índice medio de salarios real aumentó 1,19 % en el acumulado del año, 2,35 % en los últimos doce meses, y descendió en 0,01 % en febrero.

DETECTAN 500 AFILIACIONES TRUCHAS AL BPS
(EL PAÍS)
El directorio del Banco de Previsión Social presentó una nueva denuncia penal contra tres empresas falsas que realizaron 500 afiliaciones truchas de indigentes cuyo monto supera $ 2.000.000. La investigación determinó que gerentes de la entidad previsional y de dos mutualistas declararan ante la jueza penal Julia Staricco y la fiscal Mónica Ferrero por irregularidades en las anotaciones de personas.
Por la causa fueron procesadas con prisión cuatro personas, entre ellas un supervisor, un cuidacoches que oficiaba de testaferro y dos promotores. De acuerdo con el expediente judicial, los supuestos beneficiarios eran empleadas domésticas y peones con sueldos que rondaban los $ 32.000.
El gerente general del BPS declaró que se detectaron irregularidades en afiliaciones a partir de setiembre de 2016. En esa línea, las actuaciones realizadas constataron que empresas falsas de servicio doméstico habían realizado afiliaciones mutuales irregulares.
Tomando la cápita de $ 4.000 al Fondo Nacional de Salud por usuario, la estafa total llega a la suma de $ 2.000.000.