Opinion | 07 Abr Los indicadores de inflación conocidos para marzo fueron recibidos con beneplácito en el gobierno, sobre todo en el equipo económico, porque por primera vez en siete años se situó dentro del rango meta establecido por el Banco Central (entre 3% y 7%), que hasta ahora era desbordado sistemáticamente por la realidad, al punto que los operadores ya no lo tienen en cuenta como insumo.
En marzo, la mayoría de los rubros tuvieron subas inferiores en comparación con igual mes de 2016. Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el rubro de mayor incidencia, con una suba de 1,06%, mientras que el incremento de panes y cereales fue de 0,89% y de la carne 0,35%. En tanto la inflación correspondiente al mes fue de 0,68 por ciento.
En concreto, la inflación llegó a 6,71% en los últimos 12 meses a marzo. La última vez que había estado alineada al objetivo oficial había sido en diciembre de 2010, cuando había sido de 6,93%.
La moderación inflacionaria y las perspectivas de subas menos pronunciadas del tipo de cambio han llevado a que en promedio los analistas económicos moderaran sus proyecciones de inflación para 2017 y el año venidero, con un freno en la carrera de precios de bienes y servicios. Esto debe ser evaluado positivamente respecto a los signos alarmantes que se manifestaban hasta no hace mucho tiempo, que llevaron incluso a que el Poder Ejecutivo apelara al acuerdo de precios con las grandes cadenas y que manejara el factor UTE Premia de fin de año como una fortaleza para no llegar a los dos dígitos.
Pero la buena noticia de una menor inflación --que en los hechos es un impuesto encubierto que siempre afecta a los sectores de menores recursos-- no puede hacer perder de vista aspectos de la vida diaria, más allá de las estadísticas. Por un lado tiene que ver con que en los hogares de menores ingresos este guarismo es mucho mayor, y se percibe --y sufre-- en lo que rinde el dinero en una salida cualquiera a un supermercado o pequeño comercio, ya que los productos de uso diario tienen un escalón de suba siempre mayor que lo que dicen las estadísticas.
Pero los indicadores que desde hace tiempo tienen a la economía uruguaya bajo luz amarilla no se han disipado, y la buena noticia de la inflación no alcanza para modificar esta evaluación. Baste recordar que pocos meses antes de que se quebrara la tablita en 1982, por ejemplo, se había llegado a una inflación de prácticamente cero. Por supuesto, eso no quiere decir que estemos al borde de una situación similar, sino que sirve como referencia para demostrar que solo con contener el incremento de los precios no es suficiente. Por un lado, y con razón, una vez confirmado el dato de crecimiento de la actividad en 2016, el gobierno resaltó el desacople respecto a la región y su buen manejo del timón, a la vez de hacer hincapié en el crecimiento de las exportaciones en el primer trimestre del año.
A esta altura, si las luces verdes son el crecimiento sostenido de la actividad económica y el manejo de la inflación, las alertas pasan por el empleo, la competitividad y el déficit fiscal. Precisamente este último es por lo menos dudoso --siendo benignos en la evaluación-- que se pueda llegar a la meta del gobierno, que pretende bajarlo a 2,5% del PBI en 2019.
Una posibilidad de atacar el déficit es por el lado de las empresas públicas y el aumento de las tarifas, algo que choca directamente con la competitividad, sobre todo porque el déficit fiscal que se debería atacar ha sido producto de un exceso de gasto del Estado, que ha crecido por encima de los ingresos y se ha destinado a tapar agujeros, sin volcarse por ejemplo a infraestructura.
Parte de este déficit se explica por los costos de instrumentos como el Mides, el Fonasa y el Fondes, y que al decir del exministro de Economía colorado Luis Mosca, en reciente foro, fomentan el desapego a los valores de trabajo. "Se toma como dato de la realidad que el vivo vive del bobo y el bobo es el que trabaja. Una sociedad sobre esas bases no funciona", puntualizó.
Una visión distinta es la del vicepresidente Raúl Sendic, quien reflexionó que el aumento del déficit fiscal responde a una mayor inversión en políticas sociales que benefician a la sociedad, por lo que no se están "dilapidando recursos". Al respecto, seguramente en esa línea se encuentra el gobierno de Venezuela, que aún cuando el petróleo --principal fuente de ingresos del país caribeño-- se encontraba por encima de los 100 dólares el barril, mantenía un déficit fiscal monstruoso, del orden del 18%, porque se estaba “invirtiendo” en políticas sociales “para el pueblo”. Y los resultados de esa “inversión” están hoy a la vista.
En yanto en Uruguay un déficit fiscal que alcanzó el equivalente a 4% del Producto Bruto Interno (PIB) al cierre de 2016 --unos U$S 2.159 millones--, significa el mayor rojo de las cuentas públicas para un año terminado desde 1989. Este vuelco a políticas sociales, que según Sendic se ha devorado estos recursos, no tiene el efecto deseado de la sustentabilidad, ya que no evita realmente que los sectores beneficiarios caigan nuevamente al suspenderse la asistencia estatal.
A su vez, según informó el Ministerio de Economía la semana pasada, el aumento se explica por un mayor gasto público --en particular, los últimos coletazos del cierre de Pluna, el aumento de las transferencias al Fonasa y a los gobiernos departamentales-- junto a un peor desempeño de las empresas públicas.
Si bien los datos de exportaciones en el primer trimestre de 2017 cayeron como una buena señal para los empresarios del sector, con colocaciones externas por U$S 1.874 millones en los primeros tres meses del año, --lo que implica un aumento de 3,4% frente al mismo período en 2016, según informó el Instituto Uruguay XXI-- los exportadores cuestionan los altos costos de producción en Uruguay.
El presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), Alejandro Bzurovski, insistió en un punto en el que han puesto el foco los reclamos de las cámaras empresariales en los últimos tiempos, y que básicamente es el problema de competitividad que padecen los productos uruguayos. "Uno ve los costos de producir en Uruguay y realmente asustan", afirmó Bzurovski. Según el presidente de la UEU, se trata de un problema transversal en todo el sector, en el que "hay mucha empresa trabajando al límite". Este es precisamente uno de los síntomas de las vulnerabilidades en el esquema de nuestra economía: Uruguay es caro, los costos condicionan la rentabilidad y viabilidad de las empresas; y como ellas son el motor de la economía y las creadoras de fuentes de trabajo genuino, la mejora inflacionaria debe evaluarse como un insumo con signos positivos. Sería uno de los “platitos “chinos” a que se refería el presidente del Banco Central, Mario Bergara, que se mantiene girando.