DESDE QUE SE INAUGURÓ LA PLANTA DE ETANOL

Locales | 07 Abr El directorio de Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR), encargó a una empresa realizar una auditoría completa de todos los movimientos de fondos de la planta desde su apertura, a la par que se anunció también que se fortalecerán los controles en toda la empresa.
Según publicó ayer la página Ecos Uruguay, ALUR se dispone a contratar una auditoría independiente para conocer cómo se gestionaron las compras y los pagos en la planta de etanol de Paysandú desde el momento de su apertura, por medio de una auditoría de gestión, que determinará las situaciones anómalas que pueden haber existido en el proceso.
La decisión fue tomada al culminar las actuaciones luego del "error" de haber pagado 100.000 dólares en lugar de 100.000 pesos por un trabajo encargado en forma externa, que finalizó con la destitución de tres funcionarios. Así lo expresó el vicepresidente de Ancap, Juan Carlos Herrera, ante la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes cuando fueron llamados por el diputado Nicolás Olivera el pasado miércoles.

TODO MOVIMIENTO DE PLATA
La auditoría incluye una revisión completa de pagos, compras, contrataciones, liquidación de sueldos y demás procesos asociados al movimiento de fondos de la planta sanducera. Otra resolución, ya en marcha, se dispuso para el control de procesos, matriz de riesgo y el fortalecimiento del control interno de todas las dependencias de la empresa. Implica la presencia física de contadores del Departamento de Finanzas con base en Montevideo.
También se le encargó al Departamento de Tecnología de la Información del ente la evaluación del sistema informático que utiliza la empresa, para conocer si es el adecuado o se requiere la instalación de uno nuevo y "más confiable".
Una de las conclusiones de estos análisis será determinar qué funciones cumplen y de qué forma ingresaron 147 empleados, un 20% de la plantilla total de la empresa. Según los datos aportados, ALUR da trabajo a 395 funcionarios estables, 320 zafrales y 36 contratos a término.

DENUNCIA Y DISCUSIÓN
Una denuncia ante las autoridades de ALUR del diputado nacionalista Nicolás Olivera generó una fuerte polémica entre los legisladores. Olivera planteó en sala que una persona, que trabajó en tareas de coordinación durante la construcción de la planta de biodiesel de Paysandú, construyó parte de su casa con materiales de la empresa. Esa persona, según el legislador, era además el titular de una de las empresas contratadas para la realización de las obras y "recomendaba" sus servicios a otras tercerizadas que participaron en el proceso. Olivera elevó pruebas documentales y fotográficas a las autoridades de ALUR.
La situación generó la reacción de los diputados oficialistas. Carlos Varela (Asamblea Uruguay) dijo que Olivera tiene la obligación, como funcionario público, de efectuar la denuncia penal correspondiente, asegurando que el propio Parlamento debería hacer suyo el planteo.
"Esta comisión debería avalar al diputado Olivera para que haga la denuncia en los ámbitos que correspondan", dijo. "Quiero respaldarlo en ese sentido".
Para Olivera, el planteo de su colega estuvo fuera de lugar. "Somos perfectamente conocedores de lo que tenemos que hacer", señaló.
"Uno viene a consultar, a preguntar. Si ALUR me dice que hicieron la investigación y qué encontraron o no, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar".