Opinion | 11 Abr Una de las aristas más visibles de la globalización es que el comercio mundial se ha potenciado, a partir de la amplitud de mercados, y en este contexto, es importante atender a la generación de oportunidades que respondan al perfil de cada país o región, teniendo en cuenta las ventajas comparativas naturales o adquiridas, tamaño de la economía y apertura de mercados para crecer.
En nuestro país y la región, las ventajas comparativas naturales refieren a producciones primarias tradicionales de gran volumen, como la agricultura y la pecuaria, a las que se ha agregado últimamente la forestación con la entrada en producción de los montes implantados, en tanto en los países desarrollados, una ventaja adquirida y potenciada refiere a la tecnología que entre otros aspectos les permite comprarnos a bajo precio productos primarios y reexportarnos productos terminados a mucho mayor valor, por lo que nos están vendiendo valor agregado producido en cadenas industriales basadas en el conocimiento y tradición manufacturera.
Un principio de esta globalización ha sido sin lugar a dudas que se hayan desmantelado esquemas proteccionistas de otras décadas, como ocurriera en nuestro país, donde en base al cierre de importaciones mediante severos aranceles, y crisis en países del mundo desarrollado a partir de conflictos bélicos, nos permitieron vender cómodamente materias primas y hasta productos semiterminados sin tener la necesidad de generar esquemas competitivos. También sobre esta base artificial se pudo sustituir productos de importación por los elaboradores dentro de fronteras.
De esta forma durante muchos años se crearon emprendimientos que no eran viables en nuestra realidad actual y fueron fuentes de empleo que no eran sustentables, en base a producciones no competitivas ni posibilidad de reconvertirse a efectos de atender mercados y ello ha derivado en que perdiéramos industrias como las textiles, una a una. Tuvimos además la “fabricación” de neumáticos --de pésima calidad, por cierto-- sustentada en fuertes aranceles, importación de materia prima y hasta prohibición de importaciones de cubiertas, sin olvidar emprendimientos agroindustriales que no pudieron subsistir. Este factor no solo refiere a problemas de actualización tecnológica, inversión y mercados, sino además a los costos internos del país que se traducen inevitablemente en la imposibilidad de competir no ya en productos terminados, sino que se hace cada vez más difícil hacerlo desde el principio de la cadena y mucho más aún a medida que se avanza en el agregado de valor, es decir trabajo y tecnología dentro de fronteras.
Nadie que tenga siquiera algún mínimo conocimiento de la situación en nuestro país puede ignorar este escenario, que se arrastra desde hace ya varios años, y que en alguna medida quedó más o menos disimulado o subyacente con el “boom” de los commodities de la década anterior, que permitió exportar grandes volúmenes de granos, sobre todo soja, además de buenos períodos de la carne y la explotación forestal.
Ello generó muy buenos ingresos de recursos --que no fueron aprovechados para mejorar la infraestructura, entre otras prioridades-- hasta que una vez dejada atrás la cresta de la ola, han reaparecido en toda su entidad y aún agravado los problemas para dar valor agregado y consecuente generación de empleo de calidad.
Naturalmente, tampoco ha sido inadvertida esta situación por las respectivas administraciones de gobierno e incluso la izquierda en el poder ha esbozado una respuesta a través de la creación del Sistema Nacional de Competitividad para promover el desarrollo productivo y nuevas actividades, pero a varios meses de su creación los industriales sostienen que el organismo oficial no dio hasta el momento resultado alguno.
En diciembre del año pasado el Parlamento sancionó la ley que creó el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad, uno de cuyos objetivos --según explicaba el proyecto de ley-- fue impulsar un proceso de transformación productiva orientado a la expansión de actividades innovadoras con mayores niveles de valores agregado y contenido tecnológico nacionales.
Según indica El Observador, otro aspecto es el de promover actividades con potencial de generar capacidades y de incorporarse en cadenas de valor. Asimismo con el sistema se busca la generación de condiciones para la mejora de la competitividad sistémica y para ello se creó un gabinete compuesto por los ministros de Relaciones Exteriores, de Economía, de Educación, de Industria, de Trabajo, de Ganadería, de Turismo, y de Vivienda, además del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.
El organismo también tiene una Secretaría de Transformación Productiva y además participan varias dependencias estatales. Entre ellas, está la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Agencia Nacional de Desarrollo, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.
Incluso, hace ya más de un lustro, el primer gobierno de Tabaré Vázquez había planteado mecanismos para atender a sectores en problemas y en 2009 conformó el Gabinete Productivo, con la intención de elaborar medidas paliativas para industrias afectadas como la del cuero, la textil y la automotriz, entre otras. Posteriormente, durante la administración de José Mujica, se instalaron los gabinetes productivo y social para trabajar en objetivos similares.
Pero para los operadores del sector, los anuncios no se han correspondido con acciones y, en este sentido, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo, reflexionó que: “hasta ahora no vimos ningún resultado. El director de la OPP nos dijo que luego de Semana Santa nos iba a notificar cómo va a trabajar el sistema. Que iba a haber propuestas interesantes. La industria no puede seguir esperando; precisamos respuestas urgentes del gobierno”.
“No se necesita solo el plan nacional de competitividad. Se precisa, por ejemplo, una baja de las tarifas y que eso sea rápidamente, no dentro de seis meses”, añadió el presidente de los industriales, al hacer referencia a que dicha Cámara maneja una serie de medidas que apuntan a paliar la pérdida de competitividad que actualmente sufren las empresas.
Algunas de las propuestas de los industriales es que se aplique una rebaja de los aportes patronales y una reducción del costo fijo de la energía eléctrica. "El aparato productivo uruguayo no puede más; cada vez son más las empresas con problemas, estamos hablando de medidas urgentes", observó Corallo.
Mientras los costos de producir aumentan a paso lento, pero seguro, en un país que ya de por sí es caro, la medidas que se han adoptado no rozan ni por asomo el meollo del asunto; el Estado --que lejos de ser la solución, es parte fundamental del problema-- inventa, día a día, una forma más de exprimir al aparato productivo para alimentar un sistema insostenible.