ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Locales | 22 Abr El diputado nacionalista sanducero Nicolás Olivera reafirmó que no puede ponerse en tela de juicio que el Ministerio del Interior tiene la función de ser garante del resultado de la seguridad en los espectáculos públicos, al referir a la aprobación en las últimas horas en la Cámara de Representantes del proyecto de ley sobre el derecho de admisión.
El legislador aliancista por Paysandú indicó que “la principal preocupación de muchos es evitar y erradicar la violencia en el deporte, asegurando espectáculos públicos pacíficos para que las familias puedan retornar a esos eventos de concurrencia masiva”. Señaló que la iniciativa parte de la premisa de establecer quién es el primer y último responsable de la seguridad en este tipo de eventos.
Acerca del proyecto, consideró que regula tres temas muy importantes. Por un lado, el derecho de admisión, que es aquella potestad que se confiere a los organizadores del evento para que, configurados ciertos extremos permitan, o no, el ingreso de determinadas personas. Agregó que “se busca un mecanismo que garantice la no discriminación de las personas al momento de acceder a un lugar”.
El segundo gran aspecto de la norma es el de regular el derecho de permanencia, sobre lo que se introducen ajustes y esto se define como derecho de exclusión, y por último, el proyecto busca zanjar la discusión en torno a quién es el responsable de la seguridad en los eventos o espectáculos públicos.
Olivera puntualizó que “el Ministerio del Interior, la Policía, tiene una función de garante del resultado de la seguridad en espectáculos públicos. Con este proyecto de ley, la implementación de las medidas, la puesta de recursos humanos y materiales y, obviamente, los desembolsos económicos consecuentes, deben hacerlos los organizadores”.
Sostuvo que “el propio Ministerio del Interior terminará siendo el garante de la seguridad. No nos olvidemos de que en esa función prevento-represiva del delito en determinados espectáculos públicos, sobre todo de concurrencia masiva, hay cuestiones de seguridad que trascienden a las del propio el evento, por ejemplo, en los encuentros deportivos, que es el tema que más nos convoca”.
El representante sanducero puso como ejemplo los casos de venta de droga, o las conductas reñidas con la ley que en muchas oportunidades se dan en los partidos que se disputan en escenarios deportivos, y subrayó que “la función de la Policía es, precisamente, prevenir y reprimir el delito, esté donde esté, y cuando se da en un espectáculo público, también debe hacerlo”.
Acotó que el Ministerio del Interior tendrá una obligación de resultado, porque deberá garantizar la seguridad del evento. A su juicio será el primer responsable en tanto le dirá al organizador qué es lo que tiene que hacer, y también será el último responsable, debiendo intervenir si las directivas que impartió no dieron resultados.
Al respecto Olivera propuso un sustitutivo, mediante el cual se busca delimitar aún más las responsabilidades tanto del Ministerio del Interior como de los organizadores. “No podemos permitir que el Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo o el Estado, representado por esa cartera, autolimiten su responsabilidad ante algún vacío o duda que se pueda generar”.
Del mismo modo planteó una pequeña modificación en materia edilicia, a fin de dejar claro que los recintos, estadios u otros ámbitos públicos o privados deben cumplir con las medidas de seguridad que se establezca por la reglamentación.
A su vez Olivera manifestó que se está ante una situación que no sabe si se arreglará solo con leyes porque, de hecho, ya existen y no se han cumplido. Y evaluó que “hay que trabajar para la gente, que cuando concurre a un espectáculo público quiere tranquilidad de que no le pasará nada”, tranquilidad que “la debe dar el Estado”, como se establece en la Constitución y las leyes.