Nacionales | 04 May (EL PAÍS – EL OBSERVADOR)
El presidente Tabaré Vázquez se reunió con representantes de la empresa finlandesa UPM en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, donde avanzaron en la instalación de la segunda planta de celulosa de la firma extranjera y la tercera de este tipo en el país.
Desde la víspera continúan las negociaciones por el contrato final, al tiempo que de los 17 puntos presentados, hubo acuerdo en 16. El Poder Ejecutivo solo se negó a la exoneración del impuesto al Patrimonio, ya que se lo impiden normas legales.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República y la multinacional, reconocieron en dos comunicados la existencia de un acuerdo en los principales temas de la agenda de negociación para el desarrollo de la infraestructura y los beneficios derivados del proyecto. El comunicado informa que la primera fase culminará con la firma de un acuerdo de Inversión, en el que ya se ha empezado a trabajar, y permitirá entrar en una segunda fase de avances en materia de la construcción y adaptación de la infraestructura necesaria.
Por su parte, el vicepresidente senior de la Plataforma de Desarrollo de Negocios de UPM en Uruguay, Jaakko Sarantola, dijo que se lograron “importantes avances”. “Algunos aspectos aún necesitan ser resueltos mientras se comienza a trabajar en la redacción del acuerdo que especificará las responsabilidades de cada parte”, dijo Sarantola.
DENUNCIA POR “NEGOCIOS CON VENEZUELA”
(MONTEVIDEO PORTAL)
Los diputados nacionalistas Jaime Trobo y Rodrigo Goñi, junto con el independiente Gonzalo Mujica, presentarán este jueves ante la Justicia una denuncia penal sobre presuntas irregularidades en negocios entre Uruguay y Venezuela a través de empresas como Aire Fresco. Los legisladores señalaron en un comunicado “la intervención injustificada de intermediarios privados, asignados en forma arbitraria para realizar negocios en varias áreas como venta de alimentos, negocios de logística y acopio de granos, etcétera”.
La denuncia de los legisladores asegura que “no existen antecedentes de procedimientos transparentes y ajustados a derecho en el ámbito de la Presidencia de la República y del Ministerio de Relaciones Exteriores que justifiquen que estas empresas hayan sido elegidas”. Los diputados sostienen que algunas de las empresas, como el caso de Aire Fresco, tienen “indiscutidas vinculaciones políticas de sus directivos con sectores del gobierno”.
Asimismo, consideran que se dio la “asignación arbitraria de fondos públicos a través del Fondes a empresas sin viabilidad que a la fecha no han devuelto los créditos concedidos”.
JUEZA MOTA PROPUESTA PARA DIRIGIR INDDHH
(EL PAÍS)
Un grupo de organizaciones sociales propusieron a la jueza Mariana Mota para que ocupe un cargo en la dirección de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) a partir de julio, cuando finalice el mandato del actual Consejo Directivo, informó La Diaria.
A partir de una convocatoria del colectivo de expresos políticos Crysol, varias organizaciones se reunieron para proponer un candidato en las nuevas autoridades. La idea de postular a Mota fue propuesta por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Comisión de Fusilados de Soca, la Comisión Memoria de la Costa y el Pit-Cnt, y tuvo consenso en las reuniones de las que también participaron Fucvam, Serpaj, el Observatorio Luz Ibarburu, Mujer Ahora, la Asociación Amigas y Amigos del MUME, Amnistía Internacional y Crysol.
El traslado de Mota, jueza a cargo de decenas de causas sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura --entre otros el caso por el que se condenó a Juan María Bordaberry-- y responsable del procesamiento de varios militares, generó en febrero de 2013 un duro enfrentamiento entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo, al tiempo que activistas sociales provocaron una asonada el día que debía jurar su nueva sede.
A partir de este hecho, la Corte comenzó a exhibir un vallado permanente y se reforzó la seguridad personal de los ministros. En febrero de ese año unas 150 personas arribaron a la sede de la Corte para protestar por la medida, entre ellos dirigentes sindicales. Se produjeron varios incidentes y resultaron procesados por el delito de asonada el extupamaro Jorge Zabalza, el secretario general del sindicato de municipales de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela, los activistas Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, la docente Patricia Borda y su hermana, la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites.