Nacionales | 10 May (EL PAÍS-SUBRAYADO)
El presidente de OSE, Milton Machado, calificó de “disparatada” la sentencia emitida por la Justicia que impide al ente cortar el servicio de agua potable por tratarse de una necesidad básica para la vida, informó Subrayado. “La sentencia nos parece un disparate, porque tenemos que recordarle a toda la población que el organismo se financia de lo que se recauda por tarifa a todos los usuarios en todo el país”, indicó el presidente de OSE.
Si bien Machado acepta que el artículo 47 de la Constitución reconoce como un derecho humano fundamental el acceso al agua potable y al saneamiento, indicó que “nada habla de la gratuidad del servicio”, expresó. “Es muy distinto que el acceso sea un derecho humano y OSE trabaja para poner en marcha y cumplir con ese mandato, a que a una persona que no paga la factura no se le pueda cortar el servicio”, y agregó que “eso compromete a OSE en toda su gestión, dependemos de lo que se cobra por esa tarifa”.
La sentencia se dictó luego de que una mujer presentara una demanda a la Justicia por el elevado monto que le había llegado en una factura y que no correspondía con su consumo habitual. La jueza de Paz, Susana Cardoso de Nicola, sentenció al ente a pagarle a la demandante más de $ 100.000 por lucro cesante, gastos y daño moral.
El fallo de Cardoso Nicola indicó que “de reiterarse en el futuro una situación similar a la ahora planteada, se dispondrá que la administración se abstenga de interrumpir el suministro de agua potable, debiendo recurrir a otras vías para satisfacer cualquier crédito que tuviera contra la parte actora”. Si bien la sentencia es aplicable al caso puntual y no se puede generalizar a todos los usuarios en la misma situación, sienta jurisprudencia y abre una puerta a futuras demandas. De generalizarse, significaría además un cambio radical en la concepción de los servicios de agua potable y de saneamiento tal como se conciben a la fecha, y tendría lugar una interpretación al amparo de la norma constitucional (Artículo 47) de que tales servicios deberían ser igualmente prestados a todos aquellos que incurran en impago, cualquiera sea su causal, lo que podría llegar a suponer un subsidio por parte del gobierno para mantener las prestaciones.

BAJA ADHESIÓN A VACUNACIÓN DEGRUPOS DE RIESGO
(EFE)
Se incentivará la vacunación antigripal luego de que sólo un 10% del grupo de riesgo que conforman niños pequeños y embarazadas haya acudido a aplicarse una dosis en los 20 primeros días de campaña, informó la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustemberg. La jerarca instó a mujeres embarazadas y niños de entre 6 meses y 5 años a no esperar al invierno para realizarse la administración de la dosis.
“La campaña marcha a un ritmo intermedio. Queremos hacer un llamado a los grupos de riesgo. Empezó el frío en un otoño bastante cálido como el que veníamos teniendo”, dijo Lustemberg. Señaló que desde su cartera están “trabajando con las sociedades científicas, con el colectivo médico y con la ciudadanía para que se entienda la importancia de que estos grupos etarios estén comprometidos con la estrategia de vacunación”.
“En 2009 tuvimos una epidemia de gripe importante. El grupo que más se afectó, con fallecimientos, fueron las embarazadas, ya que esa etapa favorece una depresión inmunológica”, dijo. El Gobierno compró en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un total de 600.000 vacunas de las que hasta el momento han sido aplicadas 216.000 y son suministradas en 500 puestos a lo largo de todo el país.
En Uruguay fallecen 2.300 personas anualmente por causas respiratorias, parte de estas se vinculan a enfermedades producidas por el virus de la gripe.

INFORMES POR PRESUNTA COMPRA "ILEGAL" DE BALAS
(EFE)
El senador del Partido Nacional Javier García pidió informes a los ministerios de Interior, Defensa y Economía para saber por qué el primero de ellos importó 750.000 balas de “punta hueca” que, según él, están prohibidas por ley nacional y por convenios internacionales. “El Ministerio del Interior ingresó al país en mayo del año pasado 750.000 proyectiles que son de un tipo que está prohibido, los que llaman "expansivos", los que tienen punta hueca”, explicó García. El senador aseguró que estos proyectiles están prohibidos por ley nacional y también convenciones de derecho internacional, como las Convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
“Pidieron autorización al Ministerio de Defensa y éste la denegó justamente por ser ilegales pero igual ingresaron al país”, expresó García. “Seis meses después una resolución presidencial blanqueó esta situación diciendo que de forma excepcional se autorizaba la importación de lo que en verdad ya seis meses antes había ingresado al país”, continuó.
“En suma, el Ministerio del Interior ingresó sin autorización, de contrabando, ilegalmente o mejor dicho luego de haber sido expresamente denegada su ingreso en aplicación de leyes vigentes, 750.000 proyectiles, para seis meses después mediante una insólita resolución presidencial blanquear lo hecho”, describe el pedido de informes.

BANCADA RESPALDÓ TOPEAR ARANCELESDE TARJETAS
(MONTEVIDEO PORTAL-TELEMUNDO)
La bancada del Frente Amplio respaldó el proyecto de ley del senador Leonardo De León que establece un tope para los aranceles que los emisores de tarjetas de crédito y débito pueden cobrar a los comercios. En su artículo 8°, el proyecto establece que el arancel no podrá superar el 1,5% más IVA para las compras con tarjetas de crédito y de 0,5% más IVA para las compras hechas con débito. El texto incluso habilita al Poder Ejecutivo a “reducir los máximos propuestos”. Según informó Telemundo, el proyecto fue respaldado por todos los sectores del FA excepto Asamblea Uruguay que, al igual que el Ministerio de Economía, defiende la conveniencia de no regular los aranceles por ley sino buscar acuerdos con los emisores de medios de pago electrónicos.
De León, integrante de la Lista 711, explicó a Montevideo Portal que el proyecto de ley apunta a estimular el “fortalecimiento de la inclusión financiera” al buscar “minimizar los impactos negativos que pueden darse”. En ese sentido, mencionó la preocupación por la diferencia que existe entre las tasas que los emisores cobran a las grandes superficies, que en general consiguen mejores aranceles, y los pequeños comercios, que se ven obligados a aceptar tasas mayores. El texto también obliga a los emisores a pagar a los comercios durante las 24 horas posteriores a la compra.
Según el senador, el costo de los aranceles “se termina trasladando al precio que pagan los consumidores”, dado que los comercios no pueden establecer precios diferenciados para el pago en efectivo o con crédito. De León consideró que su proyecto de ley no contradice la intención del MEF sino que la “complementa” porque “busca dar certezas a los comerciantes de que la inclusión financiera no le va a generar diferencia con respecto a las condiciones que tienen los grandes supermercados”. El senador indicó que, tras el respaldo de la mayoría de la bancada, el proyecto de ley ya ingresó formalmente al Parlamento.